En medio del paro de camioneros por el alza de los combustibles, un grupo transversal de senadores logró un primer avance legislativo para un proyecto que busca regular las tarifas por kilómetro y fortalecer las condiciones de contratación y pago de los transportistas de carga de menor tamaño.
La iniciativa, que modifica el Código de Comercio, fue aprobada en general y por unanimidad este miércoles por la Comisión de Transportes del Senado, luego de que un grupo de dirigentes de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta) se reuniera con los parlamentarios autores de la moción, encabezados por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).
Los representantes del gremio llegaron hasta la sede del Congreso, invitados por Núñez, para conocer los avances de la propuesta, cuya tramitación comenzó durante la jornada.
Según explicó la senadora, la expectativa es que el proyecto sea incorporado en el primer lugar de la tabla de la próxima sesión ordinaria del Senado, prevista inicialmente para el martes 17 de noviembre.
A su juicio, la iniciativa “es parte de la solución” al conflicto que enfrenta el transporte de carga y advirtió que “esta situación no aguanta más días”. En esa línea, planteó que el problema debe quedar resuelto antes de la gira del Presidente José Antonio Kast a China y Japón.
Por su parte, Gerardo Álvarez, presidente (s) de Fedequinta, valoró la “muy buena recepción” de los senadores, quienes se comprometieron a traspasar al Ejecutivo el petitorio que sus representados están formulando, que en esencial apunta a estabilizar el precio del diésel por 120 días, “de manera que tengamos tranquilidad y podamos llegar a acuerdo con nuestros generadores de carga y no tener que estar yendo a golpear la puerta cada 21 días, cuando se produzcan las alzas”.
Otra de las demandas del sector apunta a establecer por ley un mecanismo que permita traspasar el costo del combustible a los generadores de carga, reflejándolo en la facturación del servicio de transporte.
Álvarez sostuvo que el proyecto impulsado por los senadores contribuiría a avanzar en esa dirección. Y aclaró que la moción parlamentaria no surgió como respuesta inmediata al actual conflicto por los combustibles, sino que corresponde a una iniciativa que los representantes del sector venían trabajando desde hace tiempo con los legisladores.
Contenidos de la moción
Los autores de la iniciativa son los senadores Paulina Núñez (RN), Camila Flores Oporto (RN), Loreto Carvajal (PPD), Gastón Saavedra (PS) y Enrique van Rysselberghe (UDI).
La propuesta de los legisladores aborda seis elementos, entre los que se cuenta el mencionado por el dirigente de los camioneros. El primero de ellos se refiere a la tarifa por kilómetro y condiciones, exigiendo acordar, antes del viaje, una tarifa por kilómetro y el recorrido remunerado, cuyo valor será determinado por las partes; además. los kilómetros adicionales solicitados y efectivamente recorridos deberán pagarse y los peajes y otras prestaciones se cobrarán separadamente, salvo inclusión expresa en el precio.
En segundo lugar, se propone una compensación por esperas, cuando la inmovilización supere dos horas en un mismo punto, por causas imputables al contratante o a la organización del recinto que este designe, cifra que asciende a 0,5 UF por cada hora adicional, con cálculo proporcional y un máximo de 10 UF por cada 24 horas. La espera podrá acreditarse mediante registros de acceso, comunicaciones o GPS.
El tercer aspecto que se aborda es el pago de facturas, fijando un máximo de 30 días corridos, desde su recepción, sin posibilidad de pactar plazos superiores y los trámites internos no podrán suspender ni reiniciar ese plazo; y, una controversia específica tampoco permitirá retener otras sumas vencidas y no discutidas.
Respecto a intermediarios y cobro, la propuesta señala que quien contrate directamente al transportista deberá pagarle sin condicionarlo a recibir primero el pago de su cliente; además, contempla una acción directa contra quien encargó el servicio al intermediario, limitada al saldo pendiente y sujeta a los requisitos del proyecto.
En quinto lugar, se refiere a la protección contractual, limitando descuentos por multas o daños y prohíbe rebajas unilaterales de tarifas, cobros no acordados y represalias contractuales por reclamar de buena fe; y, protege el rechazo fundado de instrucciones contrarias a las normas de seguridad.
Por último, aborda el tema de la documentación y reajustes, permitiendo acreditar las condiciones mediante órdenes de compra, órdenes de servicio aceptadas o comunicaciones electrónicas; y, establece que el reajuste dependerá del acuerdo entre las partes, que podrán pactar una fórmula o mantener un precio fijo.
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