Candidatas a constituyente en cinco claves (Cap. XI): María José Becerra, Patricia Labra y Marisol Bañares

La semana que comienza es la última de cara a las elecciones del 15 y 16 de mayo, por lo que todos los candidatos y, en particular, los que aspiran a integrar la histórica Convención Constitucional están quemando los últimos cartuchos de sus campañas.

Para esta serie elegimos a tres mujeres y su mirada y propuestas en materia de reforma tributaria, medioambiente, seguridad social, derechos laborales y reforma tributaria, ellas son: María José Becerra, Patricia Labra y Marisol Bañares.

Las tres candidatas esperan, como es lógico, llagar a la convención para estampar en la nueva Constitución la visión que expresan en estos ámbitos; para lo cual tienen mucha competencia y aunque están conscientes de ello, se están esforzando por sacar adelante sus respectivas candidaturas hasta el último minuto, ya que el viernes 13 de este mes se cierra el periodo de campaña.

María José Becerra (PS), economista: Lista del Apruebo, distrito 14 (Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante)

1.-Derecho de propiedad: La Constitución de 1980 antepone el derecho de propiedad privado individual por sobre el colectivo y el bien común. Esto ha resultado en una concentración de la riqueza basada en chorreo económico que operó a la inversa; es decir, un juego de suma cero, de acumulación por desposesión. Es por ello que el derecho de propiedad es un tema central. La nueva Constitución debe reconocer la existencia de múltiples formas de propiedad, tales como propiedad estatal nacional, regional y municipal; propiedad cooperativa y de trabajadores y otras formas de gestión comunitaria de la propiedad. Debe quedar claramente consagrada y relevada su función social, como lo define la Constitución de 1925 así como el declarado propósito de hacer la propiedad asequible a todos.

2.-Medioambiente: Es determinante resolver el tema sobre cómo se organiza la producción, cómo se resuelve el tema de la propiedad y cómo se distribuye la riqueza que se genera, conjugado con la necesidad de protección a la naturaleza y la preservación ecosistémica. El agua y los bienes comunes deben ser declarados como derecho humano. Esto es establecer una gestión de cuencas donde la variable principal sea el bienestar de las comunidades por sobre la producción económica; es decir, abastecimiento humano, agricultura familiar campesina, luego la industria monoexportadora de recursos naturales.

3.-Seguridad social: Debe consagrarse en la nueva Constitución un Estado democrático y social de derecho estableciendo de manera explícita, un sistema de seguridad social de carácter público, solidario, de acceso universal obligatorio, no discriminatorio y que contemple equidad vertical, horizontal e intergeneracional. La provisión de derechos sociales podrá ser pública, privada, cooperativa o mixta; sin embargo, debe existir la prohibición constitucional al lucro en dicha provisión. Esto significa terminar con el sistema de AFP y crear un sistema mixto: sistema público y otro cooperativo o privado donde los trabajadores participen en su gobernanza y en el goce de la distribución anual de utilidades del sistema.

4.-Derechos laborales: La nueva Constitución debe consagrar el "valor del trabajo decente", como plantea la OIT, que promueve los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección y el diálogo social. La consagración del trabajo decente implica erradicar el enfoque neoliberal que mercantiliza y desvaloriza el trabajo, al tratarlo solamente como un costo o factor de producción, sin entender que existe una función social de éste. Fundamental es constitucionalizar el derecho a huelga y transitar hacia la negociación colectiva ramal.

5.-Reforma tributaria: Las instituciones económicas son el corazón de la Constitución económica y en ella se define el modelo de crecimiento, acumulación y desarrollo económico de Chile. Los principios tributarios deben establecer constitucionalmente su progresividad; es decir, la necesidad de contribuir en equidad al financiamiento. A su vez, constitucionalmente discutiremos el grado de descentralización fiscal como mecanismo de mitigación de la desigualdad territorial.

Marisol Bañares (P. Rep.), administradora de empresas: Pacto Vamos por Chile, distrito 25 (Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay, Puerto Vara, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa y San Pablo)

1.-Derecho de propiedad: La Constitución debe garantizar a las personas el respeto y la protección del derecho de propiedad, que no es otra cosa que asegurarle a las personas que el fruto de su trabajo, esfuerzo y dedicación será respetado por la sociedad y por el Estado. Seguramente, hay quienes creen en la propiedad colectiva, donde nadie es dueño de nada y todos son propietarios de bienes supuestamente comunes. Pero el resultado de ese pensamiento, que algunos han querido llevar a la acción, es el aniquilamiento del trabajo y de la sana competencia e incentivos que deben existir en la sociedad. Como nadie es dueño de nada, las propiedades se deprecian, pierden valor e interés, afectándonos a todos.

2.-Medioambiente: El futuro de nuestra sociedad depende del cuidado del lugar en que vivimos y habitamos. Quienes defendemos el desarrollo económico y social, no lo creemos como algo ilimitado o descontrolado, sino que valoramos que ese progreso sea sostenible en el tiempo, respetando la naturaleza y la armonía que tiene que existir en nuestra sociedad. Hemos avanzado mucho en la reducción del daño al medioambiente y en prácticas más respetuosas de nuestro entorno, con la adecuada supervigilancia del Estado, pero también con un compromiso de las empresas y entes productivos. No creemos en imposiciones gravosas ni burocráticas, creemos en el sentido común, en la responsabilidad y en rol fundamental que cumple el Estado en la fiscalización. Finalmente, creemos que es indispensable seguir invirtiendo y potenciando las energías renovables, porque Chile tiene recursos enormes que nos permitirían conciliar adecuadamente los desafíos del crecimiento con el cuidado del planeta.

3.-Seguridad social: Queremos que la salud pública sea igual o mejor que la privada en materia de calidad y que los pacientes, de Fonasa o una Isapre, sean atendidos con la misma dignidad. Para ello, planteamos una revolución de salud que ponga el foco en el paciente, en sus familias, en la prevención y el acompañamiento en salud, más que en la reacción tardía e ineficaz del sistema. Creemos en un modelo público que funciona para las personas. También valoramos el aporte que ha hecho el sistema de capitalización individual en la generación de importantes ahorros para muchos chilenos, pero creemos que es necesario modificarlo y corregirlo en materia de competencia, responsabilidad en el riesgo y funcionamiento operativo, para seguir mejorando las pensiones de millones de chilenos. Además, es fundamental que el Estado siga avanzando en la pensión básica.

4.-Derechos laborales: Protección para las mujeres y hombres por igual para el cuidado de los hijos (mismos derechos). Proteger a los empleados de subcontratación. Aquellos que quedan a la deriva cuando las empresas se declaran en quiebra.

5.-Reforma tributaria: Creemos en una premisa básica: Hay que gastar menos, para recaudar menos y por ende, bajar nuestra carga impositiva. El Estado tiene que ser fuerte, pero mínimo, asegurando la relación más directa posible entre los beneficios y apoyos, y las personas. Hay que eliminar la burocracia y eliminar a los operadores políticos de la planilla estatal. Bajar en cuatro puntos el IVA, para ayudar a los más vulnerables y bajar en 10 puntos el impuesto corporativo, para dinamizar en serio nuestra economía y volver a crecer de manera contundente.

Patricia Labra (RN), abogada: Pacto Vamos por Chile, distrito 18 (Cauquenes, Chanco, Colbún Linares, Longaví, Parral, Pelluhue, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas)

1.-Derecho de propiedad: Es un derecho de vital importancia que presta autonomía y seguridad al desarrollo de los países y los seres humanos, inherente a la libertad. Debe ser protegido, respetado y perfeccionado en la nueva Constitución, asegurando la plenitud de uso, goce y disposición de todos los bienes y servicios; así como también debe contemplarse la garantía de indemnización directa, en forma previa y al contado en caso de expropiación. Lo anterior, sin perjuicio de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, que comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

2.-Medioambiente: Consagrar un estatuto constitucional medioambiental, que contemple el derecho a la calidad de vida fundada en la promoción y fiscalización necesaria que permita vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El agua y los recursos naturales promovidos como bienes nacionales de uso público, estableciendo el uso preferente para el consumo humano, obras de saneamiento y economía de subsistencia; la efectiva regulación en la utilización de los suelos, asegurando su uso para la producción agrícola en aras de alimentar a la nación y el diseño de un sistema de ciudades y regiones integradas. Todo ello, poniendo como eje central el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la responsabilidad del Estado con las generaciones futuras respecto de la conservación de la biodiversidad, la naturaleza y el bienestar animal.

3.-Seguridad social: Considerando del rol del Estado de asegurar el mejor acceso posible a las prestaciones sociales, debe mejorarse y complementarse el catálogo de derechos fundamentales: incorporando el derecho a la vivienda, perfeccionando el derecho a la salud en aspectos tales como el acceso oportuno a las prestaciones; estableciendo el derecho a pensiones que permitan el bienestar y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, entre otros; a fin de que hagan las veces de metas para que las leyes y las políticas públicas que se diseñen permitan el cumplimiento efectivo de dichas prestaciones, y de esta manera los sistemas públicos aumenten la calidad de los servicios así como también se posibilite el diseño de un sistema de pensiones más eficaz y justo; considerando igualmente la capacidad económica del país, para efectos de que las garantías constitucionales no se conviertan en declaraciones impracticables. Es importante señalar que la libertad de elección en la prestación de los servicios sociales debe ser contemplada, ya que ella empodera a los ciudadanos e influye eficazmente en el mejoramiento de los mismos, y apoya la asociación público-privada en sus diversas modalidades, permitiendo la liberación de recursos estatales para destinarlos a fines sociales prioritarios.

4.-Derechos laborales: Se debe fortalecer el rol del Estado en el sentido de mejorar las oportunidades de acceso al trabajo de todos los ciudadanos, fomentando las condiciones para ello. El emprendimiento es una fuente importante en la creación de trabajo, el Estado debe apoyarlo y facilitar su ejecución. También deben asegurarse y fortalecerse las distintas formas de organización empresarial, ya que contribuyen al bien común, y de igual forma, la empresa debe insertarse adecuadamente en su entorno, a través de una efectiva responsabilidad social, y con un cumplimiento estricto de la normativa laboral. Énfasis en las PYME, cooperativas y cualquier otra forma de asociatividad que contribuyan a la generación de empleo, constituyendo fuente de movilidad social y apertura de mayores espacios de autonomía y progreso para las personas.

5.-Reforma tributaria: En primer término, debe considerarse que las reformas tributarias deben ir de la mano con la modernización del Estado, estableciendo los principios de eficacia, eficiencia y servicialidad activa y pasiva en la gestión pública, y consagrando una descentralización real, con un incremento de las atribuciones de los gobiernos regionales y locales, y asegurando el debido financiamiento de sus programas y planes. En esta materia, apoyo el consagrar el principio de descentralización tributaria, conforme al cual un porcentaje de los impuestos que las empresas generan por las actividades que desarrollan en las regiones deben permanecer en éstas, siempre que la utilización de dichos recursos sea compatible con los fines que el Estado se propone, ligado a una mayor autonomía de las regiones en materia de recaudación y manejo de recursos, asociándolo también a la figura del gobernador regional.