Contraloría detectó sobreprecio de hasta un 44% en la adquisición de canastas del plan Alimentos para Chile

Un exceso en los pagos que se hicieron por las canastas que entregó el Gobierno en el marco del Plan Alimentos para Chile -una de las formas a las que se recurrió el año pasado para mitigar los efectos de la pandemia en la población- detectó una evaluación que hizo la Contraloría General de la República a lo largo del país.

El informe, al que tuvo acceso DF, revela que las mayores diferencias al comparar el gasto promedio en canastas familiares versus precios alternativos se dieron en Tarapacá (44,3%), Maule (38,2%) y Antofagasta (35,7%). La brecha promedio, a su vez, fue de 15,6%.

El estudio contrastó valores observados entre el 18 de mayo y el 30 de junio del año pasado, período en que se inició el plan anunciado en cadena nacional por el presidente de la República, Sebastián Piñera, para hacer llagar a la población afectada por la pandemia unas 2,5 millones de canastas de alimentos y productos de higiene. La entrega se inició en la Región Metropolitana y luego se extendió a todo el país.

El proceso, polémico desde su debut, se tradujo en que mientras algunos alcaldes lamentaban la falta de cajas para repartir en sus comunas, otros incluso guardaron la mercadería que les fue facilitada.

En este contexto, también surgieron acusaciones de aprovechamiento político que señaló la oposición luego de un instructivo del Ejecutivo que debió ser corregido y que, en principio, ordenaba a las autoridades locales valorar al Gobierno y al Presidente en sus redes sociales al momento de entregar las cajas a la ciudadanía.

Lo anterior generó que el contralor general, Jorge Bermúdez, decretara vía oficio firmado por el jefe de la División de Auditoría del organismo, Eduardo Díaz, que se iniciara una fiscalización en todo el país y que “en dicho contexto, el personal de las contralorías regionales efectuaran visitas a los centros de acopio y distribución de las cajas de provisiones adquiridas por esa repartición pública, a fin de verificar la aplicación de controles mínimos en el proceso, validaciones de contenido y su posterior despacho a gobernaciones provinciales o municipios”.

Desde la entidad fiscalizadora, además, se enviaron oficios a las intendencias y a la Dirección de Compras y Contratación Pública con sugerencias para mejorar los procesos de compras.

Detalle por regiones

El análisis de Contraloría arroja que en Tarapacá se gastó un promedio de $ 51.524 por canasta, en circunstancias que el monto podría haber sido de $ 28.693 como menor valor promedio. En Maule, se invirtieron $ 36.820 por caja frente a una alternativa promedio de $ 22.753. En Antofagasta, el contraste fue de de $ 41.643 versus $ 26.783, respectivamente.

La Metropolitana aparece en el 10° lugar del listado comparativo, con un 13,6% de sobreprecio. El valor pagado por canasta fue de $ 34.689 promedio contra $ 29.982.

A nivel nacional, el precio promedio pagado por caja fue de $ 29.854, mientras que -según Contraloría- se podrían haber desembolsado $ 25.010. Este valor promedio de cajas adquiridas no incluye a la región de Aysén, ya que no se contó con precio alternativo para esa zona.

Al analizar el gasto regional en canastas al 30 de junio, el mayor precio promedio por canasta fue el de Aysén, que pagó $ 947 millones en total, pero proveyó alimentos e insumos por dos semanas. Es decir, pagó el doble que el resto del país.

El total del gasto sumó $ 92.836, millones, lo que equivale a US$ 124 millones considerando un tipo de cambio de $ 750.

Para esta evaluación las fuentes de datos fueron principalmente las órdenes de compra del Portal ChileCompra, más las órdenes directas en Antofagasta y Coquimbo. A eso se agregó la comparación de los montos pagados con valores de referencia en el mercado. Para eso se definieron el tipo de producto, cantidad, unidad de medida y precio; y precios alternativos, comparándolos con los de supermercado. Además, se asociaron los precios de compra con cuatro estimaciones alternativas.

Por último, las contralorías regionales en cada una de sus zonas cotizaron en lugares “reconocidamente económicos” y se comparó con los valores reales de adquisición.