Estado de Chile responde a recurso de Walmart y los acusa de "escasa empatía nacional"

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) entregó sus informes solicitados por la Justicia, luego que la empresa Walmart acusara al Fisco de Chile de incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública. "La omisión arbitraria e ilegal cometida infringe gravemente el derecho de propiedad", dijo la empresa dueña de los supermercados Lider en seis recursos iniciados a mediados de noviembre, luego de que varios de sus locales fueran saqueados y otros quemados.

En las acciones judiciales, la empresa solicitó la protección por parte de Carabineros de 76 supermercados: 6 en Chillán, 16 en Temuco, 29 en Concepción, 8 en Valdivia, 16 en Puerto Montt y uno en Arica.

"En el actual contexto de acontecimientos, es una muestra de escasa empatía nacional del holding Walmart solicitar, por la vía judicial, cierta preferencia en la protección policial de sus locales comerciales", dijo el CDE en dos informes presentados en las Cortes de Apelaciones de Valdivia y Puerto Montt. Aún está pendiente la entrega de los documentos en Arica, Concepción, Chillán y Temuco.

El CDE dijo que Walmart solicita "un trato excepcional" con respecto a las miles de empresas y personas que se han visto perjudicadas económicamente por los actuales sucesos. "Sólo la ausencia de un análisis del contexto global en que nos encontramos actualmente inmersos, puede permitirle a la recurrente argumentar que los tremendos esfuerzos que ya realiza el Estado de Chile y las fuerzas policiales para proteger sus locales comerciales no es suficiente, y que la falta de esa mayor protección que ella espera le genera una infracción al ejercicio de su actividad económica", dijo el consejo.

Insistió en que "es improcedente" que Walmart solicite, en el actual contexto, una protección preferente a sus centros comerciales. "La decisión sobre distribución y destinación de servicios policiales contiene una medida de fuerte componente técnico y alto carácter contingente", dijo el CDE.

Añadió que –"en un periodo completamente excepcional en lo referido a necesidades policiales como el actual", dijo-, la decisión sobre distribución y destinación del contingente policial contiene una medida de fuerte componente técnico y de alto carácter contingente, que exige compatibilizar múltiples variables, endógenas y exógenas a la autoridad administrativa, que obliga a la adopción de decisiones en coordinación con distintas autoridades nacionales, regionales y provinciales, y valorando múltiples necesidades y recursos disponibles.

Junto a esto, el CDE planteó el posible objetivo que podría tener la principal cadena de supermercados del mundo y de Chile con los recursos de protección presentados. "Es ineficaz una acción cuyo único objeto es declarar las mismas competencias y deberes que las autoridades administrativas poseen ya de la legislación vigente. Peticiones de este tipo pueden encubrir la pretensión de buscar el acogimiento simple de la acción interpuesta, para utilizar luego una sentencia estimatoria como base para un posterior juicio declarativo", sostuvo el consejo en sus informes entregados a la justicia.

Abogados de la plaza explican que un juicio declarativo podría ser una demanda de Walmart en contra del Estado de Chile, en la que solicite una indemnización por los locales dañados.

Ante esto, en una declaración la empresa señaló que "la presentación de recursos de protección por parte de Walmart Chile obedeció a situaciones puntuales en las que habíamos detectado riesgos para la seguridad de colaboradores y clientes en algunos locales y en ningún caso la compañía pretendió pedir un trato preferencial ni responsabilizar al Estado por los daños ocurridos en nuestros supermercados".

Orden público

Los informes del CDE parten con una descripción de la situación por la que atraviesa el país. "Al legítimo debate democrático y social sobre mejoras en las condiciones económicas de la población, y sobre modificaciones al estado de derecho actualmente imperante, se han adosado un conjunto de actos delictuales y de violencia pocas veces visto en nuestro país", dijo. 

Agregó que producto de estos actos–"repudiados por todos los poderes del Estado, las autoridades democráticamente elegidas y los partidos políticos con representación popular", dijo–, se han destrozado, quemado o saqueado un sinnúmero de infraestructuras públicas y propiedades privadas.

Debido a estos incidentes, el CDE explicó que el Presidente de la República ha debido ordenar, mediante diversos decretos, estado de excepción constitucional con el objeto de restringir derechos constitucionales para controlar eficientemente el orden público.

Por otro lado, dijo que las fuerzas policiales han sido desplegadas, y continúan siéndolo, en diversas zonas del país afectadas por los referidos hechos delictuales. A pesar de todo ello, explicó que, al 27 de noviembre de 2019, se han generado 2.399 eventos graves de desordenes públicos, habían sido vandalizadas o quemadas en 103 oportunidades las estaciones de metro de la ciudad de Santiago, han sido dañados 971 vehículos policiales y 42 buses han sido incendiados.

Del mismo modo, han sido lesionados 2.499 funcionarios de Carabineros PDI o FFAA y 1216 civiles, precisó.

"Como puede observarse, la situación de la custodia del orden público sigue siendo una cuestión altamente crítica en el país. Día a día debe decidirse la ubicación y el número de dotación de las fuerzas policiales tomando en consideración la planificación de las protestas, la intensidad de las acciones vandálicas, la dotación existente en la respectiva zona afectada, los antecedentes obtenidos por la inteligencia policial, el tipo de lugar donde se desarrollan los acontecimientos, entre muchos otros factores", dijo el CDE.