Telecom/Tecnología

Grupo GTD pide compensaciones al gobierno por descongelamiento de banda 3,5 GHz

Dentro de los antecedentes aportados en la consulta impulsada por Movistar ante TDLC, empresa acusa a Subtel que el plazo para el despliegue de la red es "estrechísimo".

Por: Magdalena Espinosa | Publicado: Miércoles 20 de febrero de 2019 a las 15:11 hrs.
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En el marco del proceso de consulta impulsada por Movistar ante Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) contra la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que descongeló la banda 3,5 GHz en función del futuro despliegue 5G, el Grupo GTD señaló que las medidas de restitución son insuficientes para las compañías que contaban con concesiones en la banda 3.4 – 3.8 GHZ.

Por ello, y en referencia a la situación de su filial Telefónica del Sur (Telsur) solicitó a la autoridad que establezca una "justa compensación económica" de los costos implicados por lo que denomina como "modificación no prevista en las condiciones fijadas en el otorgamiento" de esas frecuencias.

El Grupo GTD cuestionó la planificación del gobierno para licitar la red 5G en 2019 por cuanto se trata de un plazo "estrechísimo para que sea asignada una nueva ubicación en el espectro". Esto porque, a su juicio, se necesitaría más tiempo para identificar en el mercado los equipos que estén diseñados para operar en la nueva banda de frecuencias y así las empresas sean capaces de entregar la calidad y continuidad de servicios que requieran los usuarios para su instalación.

Sobre esta base, la empresa sostuvo que resulta pertinente que "se establezca una justa compensación económica por los costos de inversión –CAPEX – y de operación –OPEX – en que deban incurrir los operadores por esta modificación no prevista en las condiciones fijadas en el otorgamiento de las concesiones a los actuales concesionarios de la banda 3,5 GHz".

En relación al proceso impulsado por la autoridad en junio de 2018, la firma sostiene que si bien las empresas de telecomunicaciones y la Subtel aceptaron de mutuo acuerdo operar con un menor ancho de banda para no interrumpir los servicios de los usuarios, calificó esta restitución de derechos como "precaria, puesto que la condiciona hasta la fecha de licitar la banda, para alojar en ella servicios móviles de la próxima generación 5G" y cuya licitación está programada para este año.

GTD argumentó que las modificaciones en los derechos de uso de la frecuencia en las empresas concesionarias "implican una afectación patrimonial que podría sentar un precedente de incerteza jurídica". Por eso, la firma detalló como medida de compensación base la asignación de "nuevas frecuencias en las bandas que sean compatibles con los servicios que se reemplazarán con el objeto de poder continuar otorgando a los usuarios rurales de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, los servicios de telecomunicaciones de los que son actualmente suscriptores de Telsur".

La empresa añadió que una acción este sentido aseguraría que las personas que tienen acceso a la red 3,5 GHz continuará con un servicio sin que se les traspase mayores costos vía tarifa de habilitación y operación de la nueva solución técnica. "Los costos derivados de este procedimiento podrían ser cubiertos por los ingresos que se obtengan de las licitaciones de las bandas de frecuencias que se destinen a nuevas tecnologías", añadió.

Las motivaciones de la consulta impulsada por Movistar

El proceso no contencioso en que participa el Grupo GTD fue promovido por Movistar para cuestionar las medidas adoptadas por Subtel en el descongelamiento de la banda 3,5 GHz en octubre de 2018.

Tres meses antes, la autoridad había congelado la frecuencia con el objeto de estudiarla para una redistribución del espectro de cara al 5G, pero en el camino Subtel devolvió parte de la banda. Esto motivó a Movistar para ir ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para consultar si el descongelamiento beneficia a ciertos actores de la industria, quienes tendrían una ventaja para el desarrollo de servicios compatibles con la futura red.

Frente a esto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se pronunció descartando riesgos asociados a una ventaja relevante por parte de otros operadores y califica de insuficientes los argumentos de Movistar para la existencia de medidas adicionales. Y añadió que los objetivos iniciales de la adjudicación de la banda 3,5 GHz se cumplen, porque efectivamente introducen competencia en servicios fijos inalámbricos ya existentes, donde tradicionalmente Movistar había sido dominante.

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