Análisis de la CMF al Fogape plantea sugerencias de mejora

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó ayer un estudio que analiza la puesta en marcha de los créditos Covid-19 del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) para enfrentrar las consecuencias económicas del coronavirus en 2020.

Una de las aristas que investigó el regulador fueron las condiciones de este crédito. Al menos el 70% de los préstamos cursados se establecieron con plazos en torno al máximo autorizado que fue de 48 meses.

No obstante, la realidad para las micro y pequeñas empresas fue distinta. A solo un 20% se le otorgó el crédito con el plazo máximo establecido.

Otra dificultad que enfrentaron las PYME fue la existencia de deudas reprogramables obligatorias. Esta condición aumentó el rechazo de las solicitudes de crédito por parte de la banca, pero tras las modificaciones al reglamento en julio de 2020 se superó esta restricción.

Aumentar el spread

Sobre la tasa de interés máxima que se fijó en el programa (3,5% nominal anual), según el análisis de la CMF, actuó de manera restrictiva para un importante segmento de empresas que correspondería a 61%.

El regulador esgrimió que “la existencia de deducibles tendería a aumentar dicho efecto, al reducir la cobertura efectiva de las garantías, y aumentar la parte del riesgo de crédito que debe ser cubierto directamente por la institución financiera”.

Frente a este escenario, determinó que los resultados indican “la conveniencia de aumentar los spreads máximos autorizados y ajustar el deducible para reducir el porcentaje de empresas restringidas”.

Enfatizó que el límite de interés establecido afectaría a las operaciones de la línea Covid-19 y al Fogape tradicional.

Negativa a los préstamos

Entre las críticas que recibió el programa por parte de los gremios fueron las solicitudes de crédito rechazadas por parte de la banca. Al respecto, el estudio mencionó que el incumplimiento de los requisitos reglamentarios fue la principal causal de rechazo de las peticiones de préstamos asociadas al programa, siendo un 8,6% del total de solicitudes a julio de 2020.

La CMF apuntó que las causas están asociadas a deudores que exhiben una morosidad superior a la permitida y grados de informalidad que pueden dificultar la acreditación de ventas.

Por ello, sugirió que “podría ser conveniente explorar mecanismos de financiamiento complementarios para deudores de menor formalización”.

En lo que respecta a las políticas de crédito de los bancos que participaron del programa, constituyó una causal relevante en el rechazo de los créditos Covid-19, correspondiendo a un 6,1% del total de solicitudes a julio de 2020.

Se observó que la probabilidad de rechazo aumentó con la mora histórica y disminuyó cuando la solicitud de crédito se efectuó en la institución que el deudor mantiene obligaciones vigentes.