¿Estado de bienestar?

Antonio Correa

“Políticas sociales de corte Estado de Bienestar y en conflicto con los Chicago”, señaló Mauricio Rojas sobre las novedades del programa de gobierno de Sebastián Piñera. Muy lejos de pasar inadvertido, su juicio dio pie a una discusión que, siendo muy interesante, puede devenir en estéril disputa de etiquetas. Es decir, si bien la política es sobre la significación de términos y realidades, corre el riesgo de terminar protegiendo parcelas ideológicas, afectivas o de poder.

No son pocos los sectores de derecha que miran al Estado con desconfianza y, por lo tanto, propugnan que se le reduzca al mínimo para evitar sus errores, ineficiencias y variados problemas. De ahí la inquietud a las palabras de Rojas. Recelos justificados, pero extendidos más allá de lo prudente por temor a una izquierda que propugna una visión espejo casi exacta: tanto desconfían del mercado como sus análogos de derecha del Estado. Estado y mercado fallan –por eso hay que regularlos y no sacarles la vista de encima–, pero son imprescindibles, imposibles de reemplazar en tantas y diversas funciones. Esos lamentables intentos que ha visto la historia por reducirlos al mínimo o eliminarlos de la vida social no han terminado bien. Insistir hoy, por lo tanto, parece algo infantil.

Con mejores herramientas para estabilizar la economía, volver al crecimiento y generar empleo, la próxima elección presidencial es el escenario perfecto para que la derecha contraataque en el discurso político y social, buscando superar este pesimismo sobre Estado y mercado. Por eso es importante encontrar aquellos espacios en que el rol del Estado es aún deficiente para promover su rol activo, como en la protección de la clase media o en la modernización estatal. Por otra parte, actualizar y repensar la regulación en áreas especialmente sensibles entregadas a mecanismos de mercado (Isapres y AFP, por ejemplo, no sólo lo requieren en pos de la eficiencia, sino que también para sustentar su existencia política).

Pero lo más importante es la promoción de la sociedad civil, actor no considerado lo suficiente en las dinámicas sociales. La inclusión de la solidaridad como principio programático y político constituye una buena señal: la responsabilidad para el bien común no es exclusiva del Estado –como pretende añejamente la izquierda–, sino que de todos y cada uno. El Estado no debe reemplazar a las personas, menos aún a las organizadas libremente en pos del bien común. La izquierda ha buscado estatizar la solidaridad porque sabe de estrategia y la derecha puede encontrar en ella –en su verdadero significado– el mejor remedio al estatismo.