Propuestas de reforma constitucional para descentralización del Ejecutivo

César Pérez-Novoa

Durante la primera semana de octubre la Presidenta Michelle Bachelet recibió las propuestas de una comisión especial que a apuntan a la descentralización del actual aparato ejecutivo del Estado de Chile. También reiteró al Congreso su compromiso de fortalecer esta promesa de su campaña a través de cambios constitucionales. Si bien a estos planteamientos aún les falta incorporar la opinión de otras esferas del Gobierno -las que estarían listas a partir de la primera quincena de diciembre- vemos cierto nivel de riesgo para el mercado en términos de un posible aumento de la burocracia que podría tener como consecuencia una desaceleración en la realización de inversiones.

Las ideas preliminares para la reforma constitucional incluyen la elección directa de intendentes, con un mayor control sobre los presupuestos regionales y la transferencia de una parte del poder de toma de decisiones desde el poder central hacia los gobiernos regionales. De acuerdo con antecedentes previos de similar índole en América Latina -en particular con Perú- ésta no ha sido una experiencia del todo alentadora, producto de los conflictos que surgen entre poderes contrapuestos en los distintos niveles del Ejecutivo, los que pueden emerger simplemente de eventualidades políticas.

Entre los aspectos negativos que nos podrían preocupar están: la aprobación más lenta de proyectos de inversión, como resultado de la adición de un estamento más al proceso; el riesgo de antagonismo político entre un gobierno regional y el gobierno central, y la probable expansión de la estructura gubernamental, al requerirse una mayor cantidad de empleados que gestionen mayores presupuestos a nivel regional, aumentando tanto el tamaño del Estado como los costos.

Sostenemos que los principales obstáculos que deben enfrentar las empresas en Chile al tomar decisiones de inversión son a nivel país, más que un espectro puramente regional. Los exportadores aluden principalmente al alto precio de la electricidad en comparación con los países vecinos y la falta de acceso a mano de obra calificada. Así, la desaceleración económica está también afectando a las empresas expuestas a la demanda interna.

En conclusión, vemos este paso político como marginalmente negativo para la renta variable local. Creemos que una nueva capa de interferencia política no será buena noticia para las empresas que buscan invertir en Chile, aunque esperamos que el mercado responda a esto cuando se proponga la forma final de la reforma. Como vimos con la reforma tributaria, la negociación de la propuesta en el Congreso puede producir grandes cambios en el texto de la reforma presentada por el Ejecutivo, y en esta etapa no hay forma de predecir las posibles implicancias.