Posible cartel en el transporte de valores

La revelación de un eventual cartel de colusión de precios operativo en 2018 y 2019 entre las principales empresas de transporte de valores es una noticia que desalienta. Nuevamente, de acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, un grupo de altos ejecutivos privados sella un pacto ilegal para fijar precios con sus competidores en el mercado y para evitar otras formas de competencia (como rechazar contratos con ese fin).

Nuevamente, participan empresas locales con la aparente connivencia o complicidad de sus socios y matrices en el extranjero, como en caso del papel tissue. En nuestra edición del viernes pasado una columnista comentaba que la ética empresarial es, en primer lugar, una ética personal. “Quienes incurren en malas prácticas -ya sea en el sector privado o público- son personas cuya base moral es deficiente”, afirmaba, y ese tipo de formación valórica es algo que, necesariamente, debe abordarse temprano en los procesos educativos. Un comentario análogo podría hacerse, por cierto, respecto de la formación cívica, donde las deficiencias saltan dolorosamente a la vista.

Esa reflexión debe hacerse, no cabe duda; con todo, la defensa más inmediata contra delitos como el conocido la semana pasada está, justamente, en los mecanismos institucionales que hicieron posible sacarlo a la luz y buscar una eventual condena y sanción, en este caso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y quizás más adelante ante la justicia penal. La investigación de la FNE se prolongó por más de dos años para poder recabar la evidencia necesaria, gracias al trabajo de profesionales altamente capacitados, y en ella fue clave que por primera vez una persona natural solicitara el beneficio de la delación compensada (ver la edición de DF MAS de este domingo).