Editorial

Problemas de la Ley Lafkenche

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La Ley 20.249, más conocida como Ley Lafkenche, tiene hoy en día suspendidas un centenar de solicitudes sobre el espacio costero entre las regiones del Biobío y Aysén. Esto afecta a operadores de puertos, muelles, caletas pesqueras y otras actividades relacionadas con concesiones marítimas y acuícolas, con el consecuente perjuicio para la actividad económica de dichas regiones.

Esta situación comenzó el año 2008, cuando se publicó esta ley que establece prioridad para las solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios a fin de que pudieran ejercer usos consuetudinarios, es decir, para mantener sus tradiciones y conductas habituales vinculadas al borde costero.

Si bien la ley busca ser un mecanismo para compatibilizar la gran diversidad de usos que se le da a los espacios de borde costero –que, por cierto, son escasos- su alcance es excesivo y su implementación ha revelado una serie de problemas.

En primer lugar, la ley establece que no existen límites establecidos para la superficie de una solicitud, lo que ha permitido peticiones de terreno desproporcionadas. Preocupa también la forma de acreditar el uso consuetudinario, haciendo falta criterios y estándares objetivos a fin de evitar solicitudes sin sustento alguno. Por último, el proceso de tramitación de estos requerimientos es muy lento, pudiendo durar varios años, debido a la larga lista de instituciones que participan de él.

El tiempo de implementación de esta ley ha dado cuenta del problema crítico y en expansión que está afectando al desarrollo de nuestro país, lo que obliga a pensar en posibles mejoras de esta normativa.

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