Reforma al Empleo público: una discusión necesaria

omo parte de un anteproyecto de ley para modernizar el empleo público, el Ministerio de Hacienda realizó el mes pasado una consulta ciudadana en la que participaron algo más de 57 mil personas. Los gremios del sector público han expresado molestia porque, aseguran, dicha consulta se realizó sin que a ellos se les ofreciera participar en el proceso ni entregar su aporte. A juicio de las organizaciones, esto último invalida la totalidad de la encuesta, que piden sea descartada y remplazada por otra en la que cuenten con un espacio.

Sobre el procedimiento en particular desde luego que cabe legítimamente plantear dudas e incluso cuestionamientos. Sin duda el Gobierno no pretende realizar una reforma tan compleja y estratégica como la del empleo público, antagonizando a los funcionarios. Lo que no cabría hacer es poner cortapisas y obstáculos, primero, a una discusión largamente pospuesta sobre la profesionalización del servicio público, y luego, a los cambios institucionales que surjan de ese debate.

Por ejemplo, plantear que un Gobierno con baja aprobación en las encuestas no podría impulsar una reforma de este tipo, como han hecho algunos líderes gremiales, es tan falaz como poco constructivo. De lo que se trata es de iniciar seriamente un debate sobre cambios institucionales que son indispensables para la modernización del Estado.

Que los funcionarios del Estado en régimen de honorarios y a contrata sean la mayoría, pese a que la ley fija un límite del 20% —como recalca un columnista en la página opuesta—, es sólo un ejemplo de prácticas institucionales que socavan la eficiencia y la calidad del Estado. Ampliar la selección meritocrática a más cargos estatales y reducir espacios para el clientelismo político también deberán ser aspectos relevantes —y sin duda polémicos— de cualquier discusión sobre reformar el empleo público, evitando tanto las defensas corporativas como el economicismo.