El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso el viernes restricciones de visa a tres funcionarios del Gobierno chileno -incluyendo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz-, a quienes acusó de haber dirigido, autorizado, financiado o apoyado de manera significativa actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones” y “socavaron la seguridad regional” en el hemisferio.
El gobierno de Chile respondió con una nota de protesta que el canciller Alberto van Klaveren entregó al embajador Brandon Judd, por lo que calificó como "imputación absolutamente falsa" relacionada con una solicitud presentada por dos empresas para un proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong. Van Klaveren sostuvo que Judd no les informó las identidades de los otros dos funcionarios.
Las medidas incluyen la prohibición de ingreso a Estados Unidos para todos ellos y sus familiares directos, además de la revocación de “todos los visados estadounidenses” que pudieran mantener vigentes, aunque no detalló los nombres de los afectados.
La declaración, suscrita por el secretario de Estado, Marco Rubio, enmarca la decisión en la estrategia de Washington para “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, y afirma que las sanciones se alinean con el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en la región.
Se trata de un texto eleva el tono político y que aprovechó de arremeter directamente al Ejecutivo actual: “En su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”, sostiene el comunicado.
Por el contrario, y a días del cambio de mando del 11 de marzo, el Departamento de Estado señaló que esperaba trabajar con la próxima administración del Presidente electo José Antonio Kast.
“Esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes, incluidas las que refuerzan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima Administración Kast”, indica el texto.
El mensaje se conoce en un contexto en que, hasta ahora, desde Washington no hay confirmación oficial sobre si el secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a Chile, en medio de versiones y especulaciones sobre una eventual visita a Valparaíso cuando José Antonio Kast reciba la banda presidencia en manos de Gabriel Boric.
Boric niega acusaciones y cita al embajador de EEUU
El emplazamiento no cayó nada de bien en el Gobierno. Desde Rapa Nui, donde encabezaba un encuentro con beneficiarios del Programa de Habitabilidad Rural, el Presidente Gabriel Boric respondió públicamente a la decisión de Estados Unidos y negó de plano cualquier conducta que pudiera interpretarse como una amenaza.
“Como jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad, ni de Chile, por supuesto, ni de ningún otro país”, respondió a las acusaciones.
El mandatario sostuvo además que Chile mantendrá su autonomía en materias soberanas y confirmó que la citación al embajador de Estados Unidos a la Cancillería para dar las explicaciones respectivas. “Chile es y será autónomo en las decisiones que tome y nuestro canciller Alberto Van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos a la Cancillería para pedirle explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación”, dijo.
Boric llamó a cerrar filas a nivel país frente a la controversia y en un tono más duro, recalcó que la prioridad será siempre el interés nacional. “Siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país. Y no aceptamos imposiciones de ningún otro, respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile”.
Aseguró que las decisiones del Ejecutivo se han tomado con resguardos y dentro del marco legal, descartando la acusación contenida en el comunicado estadounidense. “Nosotros siempre tomamos todos los resguardos, analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional. Yo puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica, como se afirma en este comunicado”, aclaró.
El canciller -tras ya haberse reunido con el embajador de Estados Unidos- sostuvo un encuentro de más de dos horas con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en el Palacio de La Moneda. Todo esto, mientras se espera la llegada de Gabriel Boric desde Rapa Nui.
Juan Carlos Muñoz, el primero
Lo que se comentaba en privado terminó confirmándose. El primer integrante del Ejecutivo en reconocer públicamente que está entre los afectados por la medida de Washington fue el ministro Juan Carlos Muñoz.
“Efectivamente, he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”, declaró el ministro.
Muñoz planteó que, pese a su cercanía personal con Estados Unidos, la institucionalidad chilena y la gestión de su cartera no discriminan el origen de los proyectos, en medio de interpretaciones que vinculan la sanción con la relación del ministerio con iniciativas asociadas a China en el ámbito de telecomunicaciones.
“Durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna. Dentro de esos proyectos avanzamos, por ejemplo, en un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sidney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur”, detalló.
En ese marco, defendió el criterio bajo el cual se evalúan proyectos estratégicos. “Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto de los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito”, sostuvo, añadiendo que no ve cómo iniciativas de esta naturaleza puedan representar un riesgo.
“Estamos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional”, dijo, precisando además que “en los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación”.
El ministro cerró con una referencia personal para dimensionar el impacto de la decisión.
“Para mí, una sanción de Estados Unidos duele especialmente porque, personalmente, tengo un vínculo importante con ese país. Fue ahí donde formamos nuestra familia y donde iniciamos nuestros estudios: primero en California, por cuatro años y medio, y luego en Boston, por un año, como parte de un año sabático. Por lo tanto, esto duele más, especialmente porque es un país al cual le tenemos mucho afecto, donde hemos sido tratados como familia con mucho cariño”, dijo al cierre del registro, visiblemente afectado por la medida.
Nota de protesta a EEUU por sanción “injusta” a Muñoz
La ofensiva de Estados Unidos, anunciada este viernes por el Departamento de Estado, escaló a una respuesta formal del Gobierno chileno. Cerca de las 18:30, desde La Moneda, el canciller Van Klaveren confirmó que, en la reunión sostenida con el embajador Brandon Judd, se le entregó una nota de protesta, tras la decisión de Washington de imponer restricciones de visado a tres funcionarios del Ejecutivo. Hasta ahora, el único nombre confirmado por el Gobierno es el del ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
“Nosotros no fuimos informados previamente de esta decisión y por esa razón procedimos a convocar al embajador de Estados Unidos, señor Brandon Judd, para que nos explicara los fundamentos de esta decisión y para poder también expresarle personalmente nuestra molestia y nuestra sorpresa frente a esta medida que afecta a un destacado Ministro de Estado, como lo es el ministro Juan Carlos Muñoz”, acusó el canciller.
Según relató Van Klaveren, Muñoz fue notificado de esta revocación en la mañana y “por vía escrita”. Una tal, que el Ejecutivo rechazó profundamente. “El Gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida, porque es una medida que responde a una imputación absolutamente falsa. Ninguna acción del Gobierno de Chile y ninguna acción de funcionarios del Gobierno y del Estado de Chile podrían poner en riesgo la seguridad regional”, afirmó.
China: El proyecto en disputa
Van Klaveren explicó que, según la versión transmitida por la embajada, el origen del episodio estaría en una solicitud presentada por dos empresas privadas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría Valparaíso con Hong Kong, iniciativa que EEUU estima como potencial amenaza de seguridad.
Sin embargo, la respuesta chilena fue clara en señalar que el proyecto cuestionado no está aprobado. Y el que sí lo está, justamente es el que inauguraron con el país norteamericano.
“Nosotros en realidad estamos hablando de un proyecto. Un proyecto que no ha sido aprobado. Es un proyecto que está en evaluación”, sostuvo el canciller. Y contrastó con el que, a su juicio, sí corresponde considerar “en curso”: “el proyecto que sí ha sido aprobado para el tendido de un cable submarino es otro proyecto( …) en el cual participa una empresa de Estados Unidos muy prestigiosa como es Google”.
“Ese es el único proyecto que está en curso”, remarcó, insistiendo en que el cable asociado a empresas de origen chino “está en una fase sumamente inicial” y “no ha sido objeto de decisión alguna hasta el momento”.
Sin los otros dos nombres y con dudas sobre el efecto en familias
Uno de los puntos más sensibles para La Moneda fue la falta de información entregada por Washington. “No solo le solicitamos al embajador de Estados Unidos información respecto de las personas afectadas por esta medida. Nos explicó que por razones legales no estaba en condiciones de entregar esa información”, dijo Van Klaveren.
“El ministro Muñoz fue notificado (…) y no hay, hasta donde nosotros sabemos, más notificaciones. Justamente nosotros le solicitamos al embajador que pudiera precisar cuáles son los otros dos funcionarios afectados, pero esa información no nos ha llegado de manera oficial”, agregó, evitando especular.
Consultado por el alcance sobre familiares, señaló que no podía confirmarlo caso a caso y que "depende de los propios Estados Unidos”.
El canciller calificó la medida como “inexplicable” e “inaceptable” y sostuvo que además vulnera la independencia y la soberanía del país, razón por la cual se formalizó la nota de protesta.
Ya en clave de transición, el ministro confirmó que ha tenido reuniones con quien asumirá como su sucesor, el exgerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, aunque precisó que “hoy día no hemos estado en contacto” y que aún no han conversado específicamente de este episodio. Con todo, el tema ya se instala como uno de los primeros tests diplomáticos del cambio de mando.
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