Tras más de 10 años de debate y tramitación, la ampliación del Puerto de Valparaíso enfrenta su momento clave. El lunes 23 de febrero se conocerá el Informe Consolidado de Evaluación, documento que abrirá la puerta a la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental COEVA sobre el Terminal 2, proyecto que apunta a duplicar la capacidad del recinto y que mantiene atentos a los gremios por su efecto en la logística nacional.
El proyecto contempla una inversión privada estimada en US$900 millones destinada a infraestructura portuaria y obras asociadas. En términos de capacidad, se proyecta pasar de 1 millón a 2,3 millones de TEUs en transferencia de contenedores y de 1,5 millones a más de 3,7 millones de toneladas anuales en carga fraccionada. También considera mejoras para la atención de naves de pasajeros.
La iniciativa forma parte del denominado Acuerdo por Valparaíso y se inserta en el sistema portuario de la zona central, donde Valparaíso y San Antonio concentran una parte relevante del comercio exterior. En Chile, cerca del 90% del intercambio comercial se moviliza por vía marítima, lo que convierte a la infraestructura portuaria en un activo estratégico.
Impacto en cifras
El presidente da la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Javier Torrejón, sostuvo que la decisión tiene efectos directos sobre inversión, empleo y costos logísticos. “Si se aprueba la ampliación, el impacto concreto es triple. Primero, la inversión, estamos hablando de una inversión privada del orden de US$ 900 millones de dólares en infraestructura estratégica para el país. Segundo, empleo, se proyectan cerca de 2500 puestos de trabajo y el fortalecimiento de una cadena de logística clave para la región y el comercio exterior. Tercero, los costos logísticos, al duplicar la capacidad se reduce el riesgo de congestión y se mejora la eficiencia operativa. Algo especialmente relevante considerando que el 90% del comercio exterior chileno se mueve por vía marítima”.
En materia laboral, se estiman cerca de 2.500 nuevos empleos directos e indirectos asociados a la construcción y operación ampliada, además de efectos en la cadena logística regional, que incluye transporte terrestre, almacenamiento y servicios vinculados al comercio exterior.
El proyecto ha completado las etapas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se encuentra a la espera del ICE, documento que consolida las observaciones técnicas de los servicios públicos y servirá de base para la votación del COEVA. La definición es relevante no sólo para la región, sino para el equilibrio del sistema portuario central.
Torrejón advirtió que la postergación prolongada tiene efectos económicos. “Valparaíso lleva más de 10 años esperando esta ampliación. La postergación de una decisión de esta magnitud no es neutra. Mantiene restricciones de capacidad que en el mediano plazo pueden impactar negativamente en la región y en nuestro comercio exterior, generando una pérdida de competitividad relativa para el país”.
Respecto de la relación con el Puerto de San Antonio, el dirigente descartó que se trate de una competencia directa y lo situó en una lógica sistémica. “Se trata del equilibrio del sistema portuario de la zona central completa. Si uno de los puertos no se actualiza su capacidad, se produce una asimetría que afecta la eficiencia logística a nivel país”, detalló.
En ese marco, el resultado de la votación ambiental será leído por los gremios empresariales como una señal sobre el futuro de las inversiones en infraestructura estratégica. “Esta no es sólo una discusión local, es una decisión estratégica para la competitividad del país, ya que el principal motor de crecimiento económico de nuestro país son las exportaciones”, agregó Terrejón.
Con la publicación del ICE a la vista, el foco estará puesto en si la autoridad ambiental viabiliza un proyecto que apunta a duplicar la capacidad operativa de uno de los principales puertos del país, en un contexto de presión creciente sobre la logística y de competencia internacional por eficiencia y costos.