Alzas de precios y competencia en el mercado del gas

Hermann González B.

En este año de alta inflación, uno de los precios que registra alzas relevantes es el del gas, el cual tiene una alta incidencia en el gasto mensual de los hogares, por lo que es normal que su aumento genere preocupación e incluso molestia.

En este contexto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un estudio preliminar del mercado del gas licuado en el que concluye la existencia de una baja intensidad competitiva y un alto riesgo de coordinación entre los competidores. Esta conclusión llevó a la Fiscalía a recomendar, entre otras medidas, que las empresas mayoristas deberían dejar de participar de la distribución minorista y a estimar un perjuicio millonario para los consumidores. Cabe señalar que en ningún caso se planteó la existencia de conductas anticompetitivas, ni tampoco la existencia de colusión, aunque el concepto se repite con bastante ligereza en el debate público, generando un daño que podría ser muy difícil de reparar.

El informe es preliminar, pero presenta conclusiones, recomendaciones y estimaciones de perjuicio que, por su relevancia y magnitud, han generado un arduo debate público, e incluso, solicitudes de restitución de recursos a los consumidores. Esto parecería de toda justicia si se tratara de un informe final e incuestionable, sin embargo, como todo estudio preliminar, está sujeto a comentarios técnicos que podrían llevar a cambiar el diagnóstico. Así, en caso de existir diferencias objetivas entre las estimaciones de la FNE y las de otros profesionales, debería ser un tercero neutral quien resuelva la potencial controversia.

Si las estimaciones no son definitivas, entonces las conclusiones y recomendaciones tampoco deberían serlo. En este sentido, no es claro que la propuesta de impedir a los distribuidores la venta al por menor sea apropiada, genere más competencia y reduzca los precios. Incluso podría generar mayor opacidad en el mercado. Además de que el precio es determinado en gran medida por condiciones externas, esto obligaría a que los minoristas se hagan cargo del negocio de la venta directa de gas a los hogares.

¿Tienen ellos las capacidades y los recursos para hacerse cargo? ¿O serán solo quienes tengan mayores recursos los que podrán continuar en el negocio? Su opinión no ha sido considerada.

Por lo demás, en la venta de gas no solo el precio es importante, sino también la calidad, la oportunidad del servicio y la seguridad.

Una mayor competencia permite mejorar las condiciones de precio y servicio para los consumidores y una forma de inyectar más competencia a este mercado es disminuyendo las restricciones para que los minoristas puedan cambiar de proveedor con mayor facilidad.

Tampoco se debe descartar el rol de las políticas públicas, tales como transferencias para las familias de menores recursos o el resurgimiento de un fondo de estabilización de precios, financieramente sostenible y que esté disponible en circunstancias excepcionales. También se debe hacer un mayor esfuerzo público-privado en inversión de infraestructura de gas de red que es más barato y hoy llega principalmente a los hogares de mayores ingresos. Por último, la iniciativa de las municipalidades de vender gas de forma directa será adecuada en la medida que llegue a los hogares más vulnerables y logre satisfacer la demanda con los estándares de calidad y seguridad requeridos, pero difícilmente podrá reemplazar el rol de las empresas privadas.