Citas con ministros y “gestión de intereses”

Lucas MacClure

Es posible que algunas ministras o ministros de Estado infringieron la Ley de Lobby cuando omitieron registrar a tiempo las reuniones organizadas por Pablo Zalaquett. Así lo sugiere la revisión de sus registros extemporáneos. Con todo, una evaluación definitiva es por ahora imposible.

La ley obliga a los ministros a registrar reuniones con privados cuando convergen ciertas condiciones fácticas. Una es que el encuentro haya sido un “acto de oír” en el cual la autoridad recibió, “en forma presencial o virtual”, a una persona que representó “intereses particulares” (es decir, “beneficios” o “propósitos” de individuos u organizaciones), y que en la reunión se haya conversado sobre ciertas “materias” indicadas por la ley.

Los ministros se reunieron presencialmente con agentes de intereses particulares. Por ejemplo, de la CPC. Y parece que los oyeron: algunos registros dan cuenta de “intercambio de ideas” y “diálogo”. Es irrelevante que se hayan juntado en una residencia privada o en la noche: la ley no limita el registro a lugares u horarios específicos. Y es irrelevante que las reuniones se hayan solicitado sin formulario: su uso es un mero deber del lobista.

Ahora bien, es necesario que la reunión haya versado sobre ciertas “materias” definidas por la ley. Dos definiciones, al menos, son relevantes para estos casos: la “elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes”, y el “diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados” por la ministra o ministro.

Estas definiciones aparentemente aplican a las materias registradas por la ministra de Trabajo (“[s]ituación del sistema de pensiones y perspectivas de reforma”), el canciller (“prioridades y desafíos de la política exterior”), y el ministro de Economía (“visión de largo plazo del Gobierno sobre la industria de la salmonicultura”). Menos clara es su aplicación a Agricultura (“desafíos de nuestro sector”) y a Medioambiente (“Cambio Climático y pérdida de biodiversidad”).

Otra condición del deber de registro es que en la reunión haya habido “lobby” o “gestión de intereses”: que un privado haya intervenido para “promover, defender o representar” un interés particular con el fin de influir las decisiones de un ministro en el ámbito de su competencia y respecto de las “materias” ya mencionadas.

No sabemos si ello ocurrió. Los registros no aclaran qué dijeron los privados en las reuniones. Pero cuando exista más información será importante considerar que, según una interpretación plausible de la ley, ella fija un umbral bajo. La decisión ministerial en cuestión puede ser la mera “evaluación” de políticas públicas. Si esto es así, habría existido un deber de registrar si un privado, en representación de un interés particular, hubiese meramente comentado la bondad (o maldad) de una política, sin pedir que se cambie ni una coma de una ley o proyecto. Habrá que ver lo que revelarán las pesquisas de la Contraloría.

Lucas MacClure

Abogado