Editorial

Inseguridad ciudadana (III): el Estado al debe

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Esta semana dedicamos los editoriales de lunes y martes a la crisis de inseguridad que se ha adueñado, lamentablemente, de la agenda nacional, y que encabeza la lista de preocupaciones de la ciudadanía. La naturaleza y gravedad del problema no tienen precedentes, porque el tipo de delitos, la frecuencia con que ocurren y el grado de violencia que involucran, son nuevos en nuestro país.

Este tercer editorial sobre la delincuencia busca reforzar el mensaje de los dos primeros, pues a la luz de las declaraciones del subsecretario de Interior sobre el violento asalto a un mall capitalino el pasado domingo, el Gobierno parece no estar escuchando: garantizar la seguridad es la primera responsabilidad del Estado, y el Estado está fallando.

En lugar de anuncios que comuniquen a la ciudadanía la firme disposición del Gobierno a redoblar esfuerzos para enfrentar a los delincuentes, la autoridad ha preferido poner énfasis en la responsabilidad que tienen los centros comerciales de implementar medidas y protocolos para estar mejor protegidos ante acciones delictuales.

Esa responsabilidad existe, desde luego, y es necesario discutir qué pueden hacer los actores privados -empresas y comercios- para dar mayor protección a sus trabajadores y clientes. Pero ante bandas bien organizadas y fuertemente armadas como las que han actuado en numerosos incidentes el último tiempo, sólo el Estado puede desplegar la respuesta de fuerza necesaria ya sea para disuadir o para enfrentar estas acciones.

Es justamente para eso que existe el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, pues ante el grado de violencia que puede desatar el crimen organizado -y de eso se trata aquí-, los actores privados estarán siempre indefensos. Hasta ahora, la ciudadanía no parece reclamar el derecho a armarse para su propia defensa y eso es tranquilizador, pues se iniciaría un proceso casi irreversible de deterioro de nuestra convivencia. Todo indica que espera ser protegida por las instituciones a las que la ley asigna esa tarea, y esa es una expectativa que la autoridad no puede poner en duda con declaraciones poco juiciosas.

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