URGENTE CRISIS EN LA SALUD

A estas alturas es poco discutible que el sistema de salud privado requiere cambios importantes. Pero esos cambios -tanto desde la propia industria como de las normas que la regulan- deben tender a una continuidad operativa y financiera del sistema que permita que siga siendo un complemento al sistema público de salud, pues una crisis que culmine en la inviabilidad de las isapres conllevaría un riesgo sistémico para toda la salud, tanto privada como pública.

Entre los cambios más urgentes que se vienen discutiendo hace más de una década, está garantizar la movilidad de los usuarios entre las aseguradoras, hoy dificultada por las preexistencias; una mayor transparencia o simplicidad para las personas a través de la creación de un plan único, y buscar mecanismos que permitan la contención de los crecientes costos en salud, racionalizando el uso de las licencias médicas, así como incentivando la eficiencia en los prestadores y la prevención por parte de las aseguradoras.

Sin duda la peor alternativa sería pensar en un monopolio del Estado en la administración de la cotización del 7% de los afiliados. Esto porque es evidente que la salud pública ya está sobrepasada actualmente, y entrega, en términos generales, un servicio sub-óptimo (cuando no deficiente) a los beneficiarios de Fonasa, abrumados por largas listas de espera para un gran número atenciones. Pero también porque todos los sondeos indican que las personas valoran la provisión mixta en los servicios de salud, tanto en la administración de su 7% como en la atención de sus problemas.

La falta de proactividad del Congreso y del poder Ejecutivo para implementar cambios al sistema durante años (además de la falta de presión explícita por parte de las Isapres a que esos ocurrieran) -al punto de llegar hoy a una crisis financiera-, se sumó a las decisiones de la Corte Suprema respecto de la implementación de reajustes al precio base de los planes (congelados desde 2020) y de la tabla de factores, dejando en manos de la Superintendencia su implementación.

Ante esta crisis, no se trata de “salvar” -o eliminar- a las isapres, como algunos han planteado equivocadamente, sino de enfocarse en el sistema de salud en su conjunto -privado y público-, para que sea viable, asequible y de calidad.