Jueves 12 de noviembre de 2009, 5:00 AM Empresas

gerente general de la concesionaria, antonino castellucci, abordó millonarias diferencias con ministerio

Vespucio Norte detalla arbitrajes con el MOP: “Nuestros reclamos tienen bases razonables”

Marco gutiérrez V.



El inicio de las nuevas obras viales de conexión en Lo Saldes, que permitirán  conectar flujos desde Costanera Norte y avenida Kennedy con el Túnel San Cristóbal -actividad encabezada ayer por el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar-, fue la ocasión en la que el gerente general de Vespucio Norte, Antonino Castellucci, accedió a conversar sobre los millonarios arbitrajes que mantiene  esa concesionaria con el MOP.

Entre septiembre y octubre pasado, la firma -ligada a la española ACS y la germana Hochtief- informó de forma escueta a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre el inicio de dos procesos de arbitrajes que suman en conjunto unos US$ 166 millones. Estos derivan de procesos de conciliación iniciados en diciembre de 2008 que no llegaron a buen puerto y que se sustentan en reclamos por mayores costos de construcción y menores ingresos para la empresa.

Castellucci -también gerente general del Túnel San Cristóbal- señaló que llegar a estas instancias, es parte de “las reglas del juego del  sistema de concesiones”.

-¿Con relación al reclamo sobre la construcción, dónde se produjeron los mayores costos?

-En Vespucio Norte hay un mayor costo de improductividades provocado por la cantidad de cambios de servicios, que totalizaron más o menos 3.200.000 UF. La estimación en las bases de licitación era de 425.000 UF, no sólo el costo de financiarlo y hacer lo que era nuestra obligación, sino las implicancias de esos cambios, porque hubo una dependencia directa con las empresas de servicios, como Chilectra y Aguas Andinas, organismos que no siempre estaban con los recursos dispuestos para hacer las obras en tiempo, por lo cual tuvimos que demorarlas o colocar más recursos para cumplir los plazos de la licitación.

Luego hay otros trabajos que no estaban contemplados en el contrato de concesión que tienen que ver con seguridad y servicialidad, que los hicimos, financiamos y pusimos en servicios. No llegamos a un acuerdo en la negociación.

-¿Y en cuanto a la merma en ingresos?

-Con respecto al otro reclamo, hay dos vertientes. Una es la extensión de Costanera Norte que hasta la Ruta 68, que primero llegaba hasta Vespucio. El ministerio tiene todo el derecho de hacerlo, pero si nos afecta y no estaba contemplado en el momento de hacer nosotros la oferta, consideramos que tenemos el legítimo derecho a reclamar.

No estamos en contra de que el ministerio haga vialidad y desarrolle el país, pero si produce un efecto en un contrato que estaba en marcha,  tenemos el derecho a reclamar. Los tráficos que antes llegaban a Vespucio Norte para ir al aeropuerto o la Ruta 68, ahora siguen de largo.

-Existe otro proyecto ligado a Costanera Norte que busca ampliar esa autopista hasta la Ruta 78, ¿podría derivar ello en otro reclamo?

-Estamos preocupados de que el ministerio extienda Costanera Norte desde la Ruta 68 a la 78. No hay una demanda social de mayor necesidad de una vialidad, lo único que hace es distribuir demandas. Para poder hacer esa obra y tener rentabilidad, se necesita sacar flujos de una vía que hoy no está colapsada, ni con tarifa de congestión.

Si eso se llega a concretar,  haremos nuestros análisis y si vemos la posibilidad de tener que reclamar porque nos vemos afectados, lo haremos.



Consecuencias de la pugna

-¿No cree que es arriesgado entrar en este tipo de reclamos considerando que están mirando nuevas concesiones -como inversionistas-?

-Los dos conceptos que generan el reclamo nuestro fueron hablados con el ministerio en 2004 y no nos pusimos de acuerdo, no son nuevos.

-¿Pero podría derivar a los tribunales ordinarios?

-Son las reglas del juego. El artículo 36 de la Ley de Concesiones, en solución de controversias, está legislado para eso. Esto tiene costos involucrados, tiempo, entre otros, entonces consideramos que nuestros reclamos tienen bases razonables para presentarlos. Si nos va mal, nos irá mal.

-¿Podría llegar a la justicia?

-Para nosotros esta es la instancia final, como dice la Ley de Concesiones, los fallos que emite la comisión conciliadora, en este caso el tribunal arbitral, no son apelables. Nos quedaría una queja, no sobre el fondo, si no sobre los árbitros, si es que se han excedido, y apelar a la Corte de Apelaciones.

-¿Pero hay casos que se ha  judicializado?

-Pero porque el ministerio lo ha hecho. Con fallos contrarios al Estado, ha acudido a la Corte de Apelaciones de Santiago para recurrir en queja al criterio de los árbitros en sentencias desfavorables, incluso llegando a la Suprema, pero son instancias excepcionales que el ministerio tendrá que ver.

“Estamos viendo un aumento de la morosidad”

La disminución en las multas del artículo 42 de la Ley de Concesiones para los infractores por no pago del TAG, es “un ataque al corazón del sistema”, sostuvo Antonino Castellucci. “Considero que la rebaja de las sanciones incentiva la comisión del delito o del no pago. De hecho, estamos viendo un aumento de la morosidad”, agregó el ejecutivo. 

Comentó que en 2006, de toda la facturación de, la empresa, ésta logró cobrar 95% a 96% de las cuentas, existiendo 4% de morosidad o de incobrables. En los años posteriores “nos cuesta llegar a ese porcentaje de cobro. Ello, producto de la crisis, pero también porque los juzgados de policía local no están actuando bien, por el mensaje del ministerio de degradar las penas y que no se aplica la rigurosidad de un artículo que era estricto”.

Castellucci manifestó su preocupación por este tema, especialmente por la integración del cobro entre Vespucio Norte y el Túnel San Cristóbal, por la futura licitación de Vespucio Oriente y la unificación del cobro con TAG entre autopistas urbanas e interurbanas.