Tres días antes de que se acabará el plazo legal, el miércoles el Congreso despachó la Ley de Presupuestos para el año 2026, la última que elabora este Gobierno y que deberá ejecutar la próxima administración. El balance del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, es positivo. Resalta las mejoras que se hicieron a la iniciativa en la discusión parlamentaria y la capacidad de llegar a acuerdo, pese a que se veía esquiva al inicio del proceso.
“La Ley de Presupuestos que resulta es mejor que lo que nosotros ingresamos, es decir, los distintos cambios que propusieron los parlamentarios mejoraron el proyecto, sobre todo en su dimensión de responsabilidad social y en lo que se refiere a seguridad pública”, señala Grau.
El ministro reconoce que el clima electoral agregó una complejidad adicional a la discusión, pero “finalmente primó la visión de que era importante llegar a un acuerdo y dejar un buen presupuesto”.
-¿Cómo describiría usted el presupuesto que se le deja al siguiente Gobierno?
-En términos generales, este es un presupuesto que tiene un foco social muy marcado. Solo para dar un botón de muestra, el presupuesto de salud aumenta más de US$ 900 millones y el presupuesto total crece en torno a los US$ 1.500 millones. Entonces, el aumento de salud es cerca del 60% del incremento total.
Lo otro es que es un presupuesto que hace un esfuerzo aún mayor por lograr disciplina y responsabilidad fiscal. Como Gobierno, tomando este presupuesto de 2026, vamos a haber aumentado en promedio el gasto por año en 2,4%, mientras que en administraciones anteriores estaba aumentando en torno al 5%. Y el aumento de la deuda pública durante nuestro Gobierno habrá sido el menor desde el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Además, este presupuesto completa un ejercicio que hemos hecho de reasignación de gasto muy sustantivo, de más de US$ 5.500 millones en total. Por eso decimos que es un presupuesto que efectivamente conjuga la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal.
-¿Qué le parece que algunos analistas dijeran que este presupuesto se había hecho pensando en un Gobierno de la actual oposición?
-No nos corresponde especular al respecto. Hay dos candidaturas. La ciudadanía tiene que elegir cuál de esas dos candidaturas gobierna Chile en los próximos años. Lo que a nosotros nos corresponde es hacer un buen presupuesto.
-¿No hay diferencia, entonces, en que este presupuesto lo ejecute Kast o Jara?
-Nosotros simplemente pensamos el mejor presupuesto para el país. Hubiéramos hecho el mismo presupuesto si a nosotros todavía nos tocara continuar como Gobierno. Si estuviéramos en un hecho hipotético en el año 3, también hubiéramos hecho este presupuesto.
Lo único que fue distinto es que dejamos esta posibilidad de darle más flexibilidad a la siguiente administración por un total de US$ 700 millones, que les va a permitir hacer una reasignación si ellos así lo consideran razonable, ya sea Jara o Kast, porque entendemos que es natural que un Gobierno, más allá de su visión política, tenga prioridades distintas a la administración actual.
-Pero no dejaron la tradicional glosa republicana con un fondo de libre disponibilidad, algo que cuestionaron en las dos candidaturas que van a balotaje.
-Se hizo lo que proponía la Comisión de Gasto, que es US$ 700 millones para que se puedan reasignar de manera más ágil.
-Esa comisión propuso dejar una flexibilidad de 10% del presupuesto, y los US$ 700 millones son menos del 1%...
-Claro, proponía algo distinto, pero creemos que lo que se está dejando es suficientemente grande, en el entendido que la gran mayoría del presupuesto no son cosas que uno realmente discute, porque están definidas. En algunos casos son responsabilidades legales y en otros casos son gastos que nadie puede dejar de hacer.
-Kast propone un recorte de US$ 6.000 millones de gasto público en 18 meses. Si eventualmente gana la elección ¿podría comenzar ese ajuste con este presupuesto?
-Técnicamente es posible, pero políticamente no recomendable. Es posible porque la Ley de Presupuestos no es una obligación de gastar tales recursos. Es decir, siempre se puede gastar menos. Pero no recomendable, porque una reducción de ese monto va a implicar reducir el gasto social.
La Ley de Presupuesto fija un tope. Lo que no se puede bajar durante un año son los gastos que están comprometidos legalmente.
-¿Cuánto es eso?
-Dipres hizo un ejercicio que evidenció que el 92% del presupuesto de este año corresponde a gastos comprometidos en obligaciones legales, beneficios sociales definidos en leyes, administración del orden público y la justicia, inversión pública, pago de intereses de la deuda, emergencias y el acuerdo alcanzado con el Congreso para reducir gasto a comienzos de año.
-La diferencia, el 8% del presupuesto, ¿el Gobierno siguiente lo podría recortar sin pasar una ley por el Congreso?
-Sí, y ese número es enorme, incluso más grande que los US$ 6.000 millones. Pero lo que siempre hemos argumentado -y también todas las personas que han pasado por Hacienda, sin importar su visión política- es que una reducción de US$ 6.000 millones probablemente implicaría reducción de gasto social. Por eso dijimos que la Ley de Presupuestos era una oportunidad para que se dijera claramente dónde se iban a reducir. Y esa oportunidad no se tomó.
-Por otro lado, desde el equipo económico de Jara han puesto en duda el límite de deuda de 45% del PIB que fijó como prudente este Gobierno, y dicen que los emergentes tienen 75% del PIB. ¿Qué le parece que se abra espacio para cambiar ese techo?
-En institucionalidad, este fue uno de los aportes que se hicieron durante esta administración. Existe la obligación que cada Gobierno, a los pocos meses de haber asumido, especifique cuál va a ser su trayectoria fiscal en dos dimensiones: Las metas que se va a poner de déficit estructural y el tope que se va a poner a la deuda pública. Por lo tanto, en nuestra institucionalidad no está definido cuál debe ser ese tope. Lo que yo puedo defender y estoy totalmente convencido, es que haber puesto el 45% durante nuestra administración fue un número adecuado y logró disciplinar el aumento de la deuda pública.
-¿No sería aconsejable subir ese límite en un siguiente Gobierno?
-No quiero dar una opinión respecto de qué es lo que tendría que ocurrir en el siguiente Gobierno. Lo que me parece prudente es decir que la meta que nosotros nos fijamos fue una buena meta y que la vamos a cumplir con creces, porque la deuda debiera llegar a un 43,2% del PIB en 2026, es decir 1,8 puntos porcentuales lejos del límite de la deuda.
“Hemos hecho una buena estimación de ingresos”
-Se les cuestiona también que este Gobierno solo cumplió la meta de balance fiscal en 2022, que fue el presupuesto que heredaron de Piñera, y en los tres años siguientes se va a haber incumplido las metas que se autoimpusieron.
-En rigor, se sobrecumplió el 2022. Y el 2023 se cumplió exactamente y después hubo una corrección de Cuentas Nacionales que hizo que se desviara por 0,2 puntos porcentuales. Luego, no se cumplió el 2024 y los datos apuntan a que en el 2025 también nos vamos a pasar, pero por mucho menos. Pero si uno hace el ejercicio de ver qué habría pasado si hubiésemos cumplido la meta todos los años de manera exacta, lo que se observa es que el déficit estructural promedio hubiese sido mayor que el que tuvimos. Y eso se da porque sobrecumplimos el 2022 y eso más que compensa el descalce de 2024 y 2025.
-En la oposición insisten en que los ingresos del presupuesto 2026 otra vez están sobrestimados. ¿Qué ocurriría si el próximo año efectivamente fuera así? ¿Qué deberá hacer el próximo Gobierno?
-Hemos hecho una buena estimación de ingresos. Nos hemos hecho cargo de lo que ocurrió el 2024, mejoramos metodologías y eso tuvo consecuencias concretas que son cuantitativamente observables. También hay una parte de los ingresos que depende del rendimiento recaudatorio de la Ley de Cumplimiento Tributario. Y lo que puedo decir al respecto es que esa ley ha tenido un buen rendimiento, sobre todo en la parte de IVA. Es una ley que genera herramientas, pero también hay una responsabilidad de las próximas administraciones de sacarle todo el provecho desde Impuestos Internos. Es una combinación entre el marco legal y la gestión de fiscalización que se realiza.
-¿Ve riesgo de que no se le saque todo el provecho?
-No, simplemente estoy diciendo que es importante ver que esto tiene que ocurrir y es algo que la prensa y el debate público tendrá que seguir a futuro.
Ahora, ¿qué pasa si hay un descalce entre ingresos y gastos a futuro? Cuando nosotros llegamos al gobierno recién se había aprobado la PGU y la fuente de financiamiento estaba muy por debajo de lo que se esperaba, estaba desfinanciada. Lo que hicimos fue que parte de esta reasignación de US$ 5.500 millones que comentaba al principio, justamente tuvo que ser destinada a un financiamiento sostenible al aumento de la PGU. Por lo tanto, yo no creo que vaya a pasar, pero la nuestra experiencia muestra que uno se puede hacer cargo de estos descalces.
Reajuste del sector público
-Esta semana recibieron el petitorio de la Mesa del Sector Público y entre otras cosas piden un reajuste salarial de 2% real. ¿Sería fiscalmente responsable?
-No haría bien en adelantar juicios porque todavía no me he juntado con la mesa del sector público. Eso tiene que ocurrir la próxima semana. Pero el acuerdo que hay que lograr tiene que encontrar un buen equilibrio entre hacerse cargo de las legítimas demandas de quienes trabajan en el sector público y la realidad fiscal del país.
-Algunos analistas estiman que el costo de este petitorio superaría los US$ 2.600 millones. ¿Se puede financiar algo así con el presupuesto que se aprobó?
-Lo del monto es otra forma de preguntar lo mismo de antes. Pero de si están los recursos para el reajuste, la respuesta es sí. Hay muchas leyes que se discuten posterior a la Ley de Presupuestos y que tienen efectos en el año en el que opera ese presupuesto. La ley de reajuste es solo una de ellas. Lo que uno hace en materia presupuestaria es dejar una provisión que cubre esas distintas leyes. Lo que argumentamos en la discusión en las distintas etapas del trámite del presupuesto es que esa provisión está bien calculada. Pero lo que nunca hemos hecho y no vamos a hacer es decir exactamente cuánto hay de provisión para esa ley en particular, porque si uno dice aquello, estaría diciendo cuál debiera ser el reajuste y estaríamos adelantando la negociación.
Reemplazo de Stephany Griffith-Jones: “Va a cuidar el prestigio institucional del Banco Central”
-El próximo mes concluye el período en el Banco Central de la vicepresidenta Stephany Griffith-Jones. ¿Se iniciaron ya las conversaciones con la Comisión de Hacienda para su reemplazo?
-No hemos tenido una conversación formal respecto de nombres. Solo hemos conversado que es algo que tenemos que ver prontamente. Eso lo hemos visto con los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, que es lo que corresponde, partiendo por su presidenta (Ximena Rincón).
-¿Van a esperar a después de la segunda vuelta presidencial? ¿Incide en algo ese resultado?
-No me gustaría adelantar esa discusión. Lo que sí puedo señalar es que la propuesta que haremos desde el Ejecutivo va a cuidar el prestigio institucional del Banco Central y la solidez técnica. El Banco Central es una institución muy importante que ha hecho una labor muy destacable desde hace décadas y todos tenemos que cuidar esa institucionalidad.
-¿El cupo es de la izquierda o centroizquierda?
-Tradicionalmente se ha hecho que del que es, es del sector que se propone. Pero hay que tener esa conversación con los senadores de la Comisión de Hacienda.
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