Todos esperan “que pase algo”. Así se puede describir el ambiente que se vive al interior de Caracas. Las maniobras militares de EEUU, la suspensión de vuelos internacionales que ahora aísla a Venezuela, y la renovada ola de represión lanzada por el régimen han generado un ambiente de tensión que crece minuto a minuto, entre rumores y especulaciones sobre una inminente acción contra el régimen de Nicolás Maduro.
De fondo, las expectativas de que la estrategia de presión de la Casa Blanca dé resultado y haya un cambio en el poder que permita reconstruir el país. La magnitud de la crisis permite hablar de una devastación económica y la pérdida de toda una generación. Unos 8 millones de venezolanos salieron del país en la última década.
De darse un cambio de Gobierno, las primeras medidas deberán apuntar a estabilizar la moneda y asegurar el respaldo de organismos internacionales para financiar ayudas sociales y la reconstrucción de la industria petrolera y el aparato productivo.
La diferencia es notoria cuando se compara el destino de Venezuela con el de Colombia, país vecino y también petrolero. Mientras, Colombia ha multiplicado su PIB per cápita en un 218% desde el 2000, el de Venezuela se ha contraído un 16%.
La corrupción y el declive de la actividad petrolera, políticas contra el sector privado como nacionalizaciones y controles de precios agravaron el declive a partir de 2013, cuando Nicolás Maduro reemplazó al fallecido Hugo Chávez. Entre 2014 y 2020, Venezuela vivió una recesión que ha mermado entre 73% y 75% de la economía.
“Se trata del mayor período de contracción que haya sufrido un país sin estar en una situación de guerra o desastre natural”, apunta el economista venezolano José Manuel Puente, profesor de IE University en Madrid.
Entre 2021 y 2024 se vivió una estabilización de la economía gracias a un alza del precio del petróleo, el retiro no oficial de medidas como los controles de precios, la apertura a las importaciones, una dolarización de facto y una menor intervención del Gobierno en el sector productivo. Sin embargo, la economía sigue frágil. Tanto así que ya siente el impacto de un recrudecimiento de las sanciones y la baja del precio del petróleo. Escasez de combustibles, apagones y nuevas restricciones cambiarias se ven como el preámbulo a un nuevo colapso. El Fondo Monetario Internacional calcula que Venezuela ha vuelto a caer en recesión este año y proyecta una contracción de 4%.
No hay cifras de inflación oficiales, pero Tamara Herrera, economista jefe de Síntesis Financiera, apunta que basta con ver el ascenso del dólar en lo que va de año (370%). Su comentario se alinea con proyecciones de una inflación de 400% o más al cierre de 2025. Para Herrera, se requiere urgentemente avanzar en la transparencia estadística y de rendición de cuentas como pasos para atraer capitales, tanto para estabilizar el tipo de cambio como para reactivar al sector productivo.
“Si el cambio económico de Venezuela dependiera de una fórmula matemática, tendría que incluir la variable de gobernabilidad y entendimiento nacional para asegurar el éxito perdurable”, afirma.
Precisamente, Puente considera que “sin cambio político no hay cambio económico”; y se pregunta si el país podrá generar los acuerdos políticos mínimos de gobernabilidad.
Venezuela requiere, agrega el economista desde Madrid, “un Gobierno con respaldo interno y conectado con el mundo”, en referencia al rol clave que tendrán que jugar el FMI, el Banco Mundial, y el mercado de capitales.
Según Puente, cualquier plan de reconstrucción económica deberá enfocarse en cuatro fases. La primera requiere de acuerdos de gobernabilidad, como condición básica para calmar la incertidumbre y buscar una estabilidad cambiaria. Luego, atender la emergencia social, lo que requerirá de una inyección de recursos para financiar transferencias directas del Estado. Según un reporte especial de la ONU, al año pasado, el 53% de la población vive en extrema pobreza. Un plan de estabilización macroeconómica sería el siguiente paso, con medidas monetarias, cambiarias y fiscales. Finalmente, una cuarta etapa estaría constituida por reformas institucionales, incluyendo el impulso de nuevos motores de crecimiento económico.
Pero nada será posible, si Venezuela no cuenta con financiamiento fresco y acceso a los mercados internacionales. Estimaciones recientes ubican la deuda externa en torno a US$ 165.000 millones, aproximadamente 160% del PIB.
El plan “Tierra de Gracia” presentado por la oposición para la elección presidencial de 2024 incluye como una de las primeras medidas una reestructuración de deuda, incluyendo canjes de deuda por activos. Otras medidas urgentes, además de cambios políticos o el levantamiento de regulaciones sobre el sector privado, incluirían acciones de estabilización fiscal como la aprobación de un Presupuesto; y la búsqueda de recursos para el aumento de las reservas internacionales para financiar el levantamiento de las restricciones cambiarias.
Pero todas estas medidas, y otras como “un amplio plan de privatización de empresas y activos públicos”, requiere de un consenso político cuyo alcance dependerá de cómo se dé el esperado cambio en el poder.
La historia enseña que las transiciones democráticas exitosas (Chile, España) requieren de la participación del poder saliente. Pero la complejidad de la red del régimen de Maduro, además con un alto componente de civiles armados, y su designación como narcotraficantes y terroristas, impiden por ahora vislumbrar cómo alcanzar ese consenso político que se perfila como el eje de cualquier reconstrucción posible. 
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Marcela Vélez-Plickert
