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Columnistas

05/08/2011

Cuotas globales de pesca

Si bien ha resurgido con fuerza el debate en torno al mecanismo de asignación de las cuotas individuales entre las...

  • Si bien ha resurgido con fuerza el debate en torno al mecanismo de asignación de las cuotas individuales entre las empresas pesqueras, antes que nada urge modificar el procedimiento usado para fijar la Cuota Global Anual (CGA), es decir, para determinar cuántas toneladas totales de un recurso pesquero se pueden extraer en forma sustentable, entre sector industrial, artesanal y pesca de investigación durante un año.



    Hoy contamos con un arreglo institucional que permite -y en la práctica promueve- la sobrepesca, beneficiando económicamente a los mismos grupos que participan de la fijación de las cuotas globales. El Consejo Nacional de Pesca (CNP) es la entidad encargada de fijar las CGA para casi todas las pesquerías comerciales de Chile. El hecho que esté compuesto en gran parte por representantes de la industria pesquera constituye un evidente conflicto de interés, de tal modo que no es sorprendente que sus miembros voten a favor de sus intereses privados, en desmedro del interés público de resguardar la sustentabilidad de la actividad pesquera.

    A modo de ilustración, para 2009 se aprobó una cuota de 1 millón 400 mil toneladas para el jurel, que fue un 87% superior a la recomendada por IFOP. Esta misma agencia advirtió durante años la grave sobreexplotación que sufre el jurel, sin embargo, el CNP ignoró las recomendaciones del IFOP y mantuvo el exceso en las cuotas. A pesar que la cuota global se redujo para este año a 315 mil toneladas, el jurel ha entrado a una situación de colapso y todo indica que no se recuperará.

    Corresponde, entonces, que el proyecto de ley que el Ejecutivo proponga al Congreso incluya una drástica reforma institucional al mecanismo de fijación de CGA que se base en cuatro puntos fundamentales: Primero, debe tener como objetivo la sustentabilidad del recurso pesquero, evitando la sobrepesca. La entidad que por ley sea competente, debe tener la obligación de basarse en estudios científicos de estimación de los stocks para fijar la cuota global. No es admisible que, por satisfacer intereses económicos gremiales, se suban las cuotas sin este respaldo.

    Segundo, no puede seguir confiándose a los actores pesqueros la decisión sobre las cuotas que los benefician como sector. Tampoco son aceptables estudios científicos oficiales realizados con participación de centros de estudio vinculados a la industria.

    Tercero, la transparencia de las decisiones y los antecedentes en que se basan debe aumentar significativamente. Los informes del IFOP o de la institución científica que ocupe el rol de hacer una recomendación científica oficial de cuotas, deberían ser publicados de oficio en su página web.

    Finalmente, es importante procurar la participación de nuevos actores como universidades, ONG u otros que puedan examinar y contrastar tanto los informes oficiales como los que puedan presentar los actores pesqueros.

    La existencia de distintas visiones y datos sin duda generará un mayor control y confianza en las decisiones que se adopten.

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