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Columnistas

15/12/2011

Distorsión sobre distorsión en el impuesto al diésel

La Cámara de Diputados aprobó hace unos días el proyecto de ley enviado por el gobierno que modifica “temporalmente”...

  • La Cámara de Diputados aprobó hace unos días el proyecto de ley enviado por el gobierno que modifica “temporalmente” el reintegro parcial del impuesto específico al diesel para las empresas de transporte. Desde el año 2001 que una fracción del impuesto pagado se le devuelve a los camioneros. Esa fracción era pareja del 10% en sus inicios, se aumentó a 25% en 2006, luego en 2008 se incrementó a un rango entre 25% y 80% según los ingresos anuales de la empresa y, finalmente, en 2010 se estableció un rango de devolución entre 29,65% y 63% hasta noviembre de 2011, el que acaba de expirar. El proyecto aprobado establece una devolución de 80% para empresas con ventas hasta 2.400 UF, de 70% con ventas entre 2.400 y 6.000 UF, de 52.5% con ventas entre 6.000 y 15.000 UF, y de 30% con ventas superiores. La extensión de este beneficio hasta junio de 2014 es una buena noticia para los camioneros, pero es una muy mala noticia para la economía chilena. Esta medida afecta negativamente la eficiencia, tanto de la estructura productiva como del sistema tributario.

    A nadie le gusta pagar impuestos pero, más allá de que la recaudación es necesaria para financiar lo que como sociedad queremos que el estado haga, hay impuestos que son óptimos y uno quisiera tenerelos aunque no necesite la recaudación. La razón es que mejoran la eficiencia en la asignaición de recursos al reducir externalidades negativas. Aunque sea majadero repetirlo, porque se ha dicho muchas veces, el impuesto a los combustibles es precisamente uno de ellos. El consumo del petróleo y sus derivados está directamente asociado a mayor contaminación, congestión y accidentes de tránsito. En el caso de los camiones, no sólo contaminan y congestionan más, sino que además destruyen los caminos.

    Actualmente, el impuesto al diésel es mucho menor que el impuesto a las gasolinas, lo cual ya genera una distorsión en favor de los camiones (y los automóviles con motor diesel) que debiera eliminarse. tal como lo señaló el informe del BID sobre impuestos a los combustibles en Chile. Si a esa distorsión le agregamos una devolución parcial del impuesto específico al diésel pagado, las cosas sólo empeoran. Las empresas de transporte de carga pagan un impuesto mucho más bajo y lo poco que pagan se lo devuelven parcialmente, lo que aumenta la distorsión significativamente. Lo correcto sería igualar la tasa de impuesto a las gasolinas y al diésel y no devolver el impuesto pagado. Lamentablemente, el proyecto de ley aprobado no sólo va en la dirección contraria, sino que además extiende en el tiempo otra distorsión adicional al establecer un porcentaje de devolución dependiendo del monto de las ventas de las empresas transportistas. Este mecanismo favorece a las empresas más pequeñas que son las que tienen los camiones más viejos que más contaminan, es decir, premia a quienes causan externaldiades negativas mayores. Adicionalmente, crea incentivos para dividir empresas medianas en varias empresas chicas y así recuperar un mayor monto del impuesto. Con ello se refuerza en el futuro pedir que los beneficios tributarios se mantengan, ya que benefician a más “pymes” que antes. Así es como en 2014 cuando el beneficio expire, probablemente se renueve. Como estos beneficios además generan precedentes, se van a sumar taxistas y colectiveros a pedir el mismo tratamiento tributario y si logran su objetivo un impuesto eficiente va a estar en la práctica derogado, lo cual beneficia a pocos a costa de todos.

    ¿Por qué razón se mantienen y aumentan estas distorsiones en el tiempo? La respuesta es grupos de presión. Basta recordar que las modificaciones del año 2008 tuvieron como objetivo que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones depusiera el paro. Siempre van a existir grupos de presión, pero el Estado tiene el deber de desenmascararlos y hacer lo que es correcto para el bien común. Este es uno de los desafíos mayores para las políticas públicas en Chile y esta ley que favorece a los camioneros es un paso atrás.

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