El impacto del terremoto del pasado 27 de febrero dejó una profunda
huella en los consumidores del sector inmobiliario. Así lo constató el
Estudio de Opinión Pública Percepción Inmobiliaria realizado en el Gran
Santiago por la consultora Gemines, que detectó, por ejemplo, los
cambios de preferencias habitacionales de la población, las principales
críticas a entidades privadas y públicas, y las nuevas exigencias
derivadas del sismo.
La encuesta revela que hoy el 74% de las
personas estaría dispuesto a pagar más por comprar una casa, respecto de
un departamento con las mismas condiciones de ubicación, servicios y
equipamiento. Esta situación se advierte con mayor fuerza en el tramo
etario de 40 a 49 años (83%) y en el segmento socioeconómico C3 (81%).
El
impacto sobre el concepto departamento se nota también al constatarse
que el 60% de los encuestados no está dispuesto a pagar más por una
vivienda en un piso más cercana al suelo versus otra más alta. A la vez,
antes del terremoto 25% estaba dispuesto a optar por un departamento,
mientras que después del sismo la cifra bajó a 12%.
En esta
misma línea, el 27% de los encuestados que vive en departamentos ha
pensado cambiarse de vivienda y el 75% de ellos opta por una casa. Las
razones para el traslado son: 74% por temor; 21% porque la inmobiliaria
no ofrece garantías y 5% por un mejor precio.
Ahora, al momento
de la elección, los antecedentes de la inmobiliaria -sus proyectos,
respaldo y experiencia- capturan el 55% de los aspectos a considerar.
Otros elementos importantes son las certificaciones de privados o del
gobierno (53%).
Fiscalización estatal y las culpas
Si
bien el 91% de los consultados le puso nota entre 6 y 7 al
comportamiento de sus viviendas frente al terremoto, los dedos
acusadores con relación a los problemas estructurales y derrumbes en
edificios no dudan en apuntar a las constructoras. Éstas capturan 37,3%
de las respuestas.
A las inmobiliarias que venden los proyectos,
en tanto, se le adjudica 13% de la responsabilidad, a los calculistas e
ingenieros el 13,7% y el 24,3% al gobierno y municipios por no realizar
buenas fiscalizaciones. Un 11,7% culpa de los daños al sismo.
La
certificación es uno de los aspectos que está tomando fuerza entre las
personas. El 67% de los consultados estaría dispuesto a pagar más por un
departamento con sello de calidad. En este contexto, el 53% dice que el
Estado debe asumir la certificación de las edificaciones.
Las
alternativas de fiscalización de instancias particulares lograron una
cuota de 47%. En este resultado, destacan las universidades con 26%,
seguidas de empresas privadas, 17%, y asociaciones gremiales con 4%.
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