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avanzan las exigencias en compliance y gobierno corporativo

La Ley 20.393 obliga a todas las empresas a tener un Modelo de Prevención de Delitos. Hayes & Corp, consultora que lleva 10 años en el rubro, ha observado un avance en el país, pero aún detectan desafíos, sobre todo con la actualización de la normativa que se llevará a cabo en 2022.

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"El compliance es una prioridad que afecta de manera importante el valor de las empresas y que impacta el costo de financiamiento", dicen desde Hayes & Corp.

Hace unas semanas, el Presidente Piñera envió al Congreso un nuevo Código Penal, el cambio más importante en esta materia en más de un siglo y que actualiza y moderniza su contenido.

A nivel de delitos económicos, el documento afecta de manera relevante las prácticas de compliance en Chile, al ampliar el umbral de personas jurídicas responsables penalmente, además de empresas públicas y privadas, corporaciones y fundaciones, contempladas actualmente, a las sociedades, universidades del Estado, personas jurídicas religiosas de derecho público y partidos políticos. También incrementa los delitos por los cuales puede ser condenada penalmente una persona jurídica, pues obliga a responder por cualquier hecho cuando era previsible el riesgo de que se cometiera y no se implementaron medidas para evitarlo.
A esto se suma que la CMF emitió, hace pocas semanas, una nueva norma de gobierno gorporativo, la Norma de Carácter General Número 461, que obligará a las sociedades anónimas abiertas y emisores de valores a cambiar sus memorias e informar sus prácticas ESG, a partir de este año.
"Ambos cambios muestran que el gobierno corporativo y el compliance deben ser una prioridad en las empresas chilenas, y quienes no lo entiendan así, están en serio riesgo de incurrir en penas y multas de alto impacto y con daño reputacional", comenta Juan Carlos Hayes, director ejecutivo de Hayes & Corp.
De hecho, según el estudio "Compliance en las empresas chilenas", realizado por el Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo (UDD), un 33% de las 43 compañías encuestadas ha sancionado en los últimos dos años a trabajadores por incumplimientos a sus normativas internas. El reporte también destaca que el 98% de las organizaciones tiene procedimientos formales internos de denuncia por incidentes de incumplimiento y un 14% no tiene un programa de protección a los denunciantes.
A juicio de Hayes, hasta hoy una gran cantidad de empresas pequeñas, medianas y grandes en Chile "aún no han comprendido en produndidad que el compliance es una prioridad que afecta de manera importante el valor de las compañías y que impacta el costo de financiamiento".
Sin ir muy lejos, el ejecutivo comenta que en años de pandemia se han incrementado las regulaciones obligatorias para toda las empresas. La Ley 20.393 incorporó nuevos delitos por el mal uso de subsidios o hacer trabajar a personas en cuarentena, y frente a materias como privacidad de datos y protección del consumidor, se han desarrollado nuevos proyectos de ley próximos a ser implementados.
Frente a ello, la experiencia es clave, dice Hayes, quien precisa que la firma cuenta "con un equipo multidisciplinario de expertos, con quienes desarrollamos Modelos de Prevención de Delitos, para cumplir con la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, Colombia y en China, donde acompañamos a empresas latinoamericanas con presencia en ese país".
Para este año, Hayes resalta que en el primer semestre, la Ley 20.393 tendrá cambios que cualquier empresa que tenga RUT en Chile deberá cumplir: "Se incrementarán en cerca de 200 los delitos que serán perseguidos -hoy son solo 15-, lo que implicará que todas las empresas, en especial las medianas y grandes, deberán contar con modelos de gestión integral de compliance, algo que no se conoce mucho en Chile".

Desafíos y proyecciones
Hayes & Corp es una firma de consultoría focalizada en servicios de gobierno corporativo, compliance y gestión de riesgos, asesorando en torno a buenas prácticas y compliance a directorios y ejecutivos de empresas e instituciones, públicas y privadas, para minimizar sus riesgos. Hayes detalla que, gracias a su experiencia en el tema, han sido consultados para la redacción de las principales regulaciones relacionadas con esas materias, en distintos países.
En abril próximo cumplirán 10 años desde el inicio de sus operaciones en Santiago, lo que Juan Carlos Hayes cataloga como un crecimiento exponencial, donde han podido asesorar a compañías relevantes en la región. "Son más de 80 las empresas que hoy cumplen con leyes y regulaciones que les permiten operar con la tranquilidad de estar en cumplimiento, gracias a los modelos que Hayes & Corp ha construido", destaca.
La expansión de la firma por Latinoamérica avanza ahora hacia Costa Rica, país que Hayes destaca por su mercado y que, a la vez, los acerca a Centroamérica y el Caribe. "Costa Rica ingresó a la OCDE en mayo de 2021 y eso la lleva a adoptar una serie de leyes y regulaciones que Chile ya tiene", detalla.
Respecto a las proyecciones de la firma en su décimo aniversario, esperan consolidar el liderazgo en la región y seguir colaborando con el gobierno en fortalecer las regulaciones anticorrupción. También apuntan a "profundizar las prácticas de buen gobierno corporativo y compliance en las empresas", concluye Hayes.

rrss

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