Predios forestales y bonos de carbono: el potencial de un mercado no explotado

El 4 de noviembre de 2003 es una fecha clave en la batalla contra el calentamiento global que se ha librado desde nuestro país. Ese día, la fundación sin fines de lucro The Nature Conservancy (TNC), que trabaja alrededor del mundo para conservar las tierras y aguas de las cuales depende la vida, adquirió la propiedad de la Reserva Costera Valdiviana (RCV) en una subasta pública después de la quiebra de Bosques S.A., deteniendo así la amenaza de deforestación asociada a la construcción de la Carretera Costera -que ya estaba en marcha-, y la conversión de bosques nativos a plantaciones de eucaliptus.

Con estas acciones, "se ha evitado que más de 350.000 toneladas de emisiones de CO2 se hayan liberado a la atmósfera, el equivalente a sacar más de 67 mil vehículos de las carreteras de EE.UU.", consigna el sitio web de Verra, organización sin fines de lucro que administra el Estándar de Carbono Verificado (VCS, por sus siglas en inglés), y que aloja el Project Design Detail (PDD) que TNC ha desarrollado en las 50.251 hectáreas (hás) de la Reserva Costera Valdiviana, cuyos bosques nativos son capaces de capturar más de 800 toneladas de CO2 por hectárea.

Luego de una década de su llegada a la Reserva, que es parte de un antiguo bosque templado y húmedo en la línea costera a unos 40 kms al suroeste de Valdivia, TNC marcaba otro hito al hacer entrega simbólica a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la validación del primer bono de carbono REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Un año después vendía, a través de la empresa Carbon Tree Conservation Fund, los primeros créditos de carbono a Cheeseman's Ecology Safaris, relataba una publicación de revista Qué Pasa en 2015.

Después, vendría la comercialización de más bonos de carbono a otras empresas -como la brasileña Natura, por ejemplo-, siguiendo una estrategia en la que estos certificados actúan como un instrumento de financiamiento para respaldar la labor de conservación de la Reserva y sus especies, algunas de las cuales son de las más longevas del planeta, como el olivillo, que vive hasta cuatro siglos, o el alerce, que puede llegar hasta los cuatro mil años.

La oportunidad

La RCV es el único proyecto en Chile de manejo, restauración y conservación certificado, y por tanto habilitado, para emitir bonos de carbono. Un mercado que, a juicio de expertos, puede ser una alternativa de negocios sustentable tanto para el sector de las energías renovables (ERNC) como el forestal.

"En Chile, un dueño de un predio de bosque nativo prácticamente no lo puede explotar pero debe enfrentar costos y riesgos relacionados, entre otros, con robos, atentados o incendios. Marco en el que los bonos de carbono son una alternativa para rentabilizar este patrimonio forestal", explica el presidente ejecutivo de Allianz Chile, Francisco Carrasco.

Las energías limpias avanzan cada año y la captura de CO2 de la atmósfera, mediante proyectos de manejo y conservación de predios forestales, tiene un auspicioso correlato en nuestra geografía: según Conaf, al año 2017 los bosques de Chile cubrían una superficie equivalente al 23,3% del territorio nacional, con 17,6 millones de hás. De ellas, 14 millones de hás correspondían a bosque nativo (19% del territorio nacional), mientras que 3,08 millones de hás eran plantaciones forestales.

El potencial es "altísimo", opina Francisco Burgos, académico de la Facultad de Cs. Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile (UACH) en Valdivia, ya que hay pocos lugares en el mundo donde el bosque tenga tanta participación en la superficie: casi un cuarto de nuestro país.

"Si estimamos una captura neta promedio de 150 toneladas por há al año (después de descontar emisiones de metano), lo que constituye una cifra bastante conservadora, y si alcanzáramos el 50% de la superficie forestal con certificación de captura de carbono, estaríamos hablando de 1.320 millones de toneladas/año a nivel país, con un valor actual de US$ 15.800 millones anuales: aproximadamente el 5,5% del PIB del país, (con 2018 como año de referencia). Esa es la magnitud de este proceso", plantea José Luis Ríos, integrante de Allianz Zero Emissions, cuya principal línea de negocios es la intermediación de bonos de carbono a fondos de inversión, principalmente europeos.

Eso sí, los especialistas advierten que no todas las zonas de un bosque nativo tienen el mismo potencial de captura de carbono, pues influyen diversas variables, como madurez del bosque, extensión, grado de intervención, dominio de propiedad y factores agroclimáticos y de suelo que determinan mayor crecimiento boscoso.

"Las zonas de clima templado-húmedo son las de mayor potencial (precordillera de La Araucanía, sur de la Región de Ñuble, la Región de Los Ríos y de Los Lagos). Las de clima mediterráneo están complicadas por problemas de sequía y a la altura de Aysén, el frío determina un crecimiento más lento", explica Ríos, exconsultor de la Cooperación Internacional de la Unión Europea en programas de Recuperación Ambiental en Chile.

Las barreras

El desarrollo de este mercado, sin embargo, a juicio de Burgos, "ha sido incipiente. No se ha aprovechado de la forma más eficiente esta veta de recursos y capitales extranjeros que quieren invertir en este tipo de negocios".

Coinciden Francisco Carrasco y José Luis Ríos, para quien este aprovechamiento ha sido "marginal", por cuanto "no existen mayores antecedentes de proyectos de certificación de captura de carbono publicados".

No conocer el mercado, el sistema y el proceso, es lo que más se repite a la hora de analizar el porqué. "La optimización de captura de carbono es compleja, especialmente cuando se tiene poca información detallada. En Chile hay que desarrollar políticas e incentivos para que los pequeños propietarios se vean beneficiados por este mecanismo", acota Burgos.

Pero también se menciona una barrera no menor, la financiera: el proceso de construcción del PDD y la certificación necesaria para que un predio forestal pueda emitir bonos de carbono, está entre US$ 400 mil y US$ 500 mil, además del costo de habilitación de los bosques para el cumplimiento del proyecto (raleos, podas, plantaciones, protecciones).

"Invertir US$ 400 mil en un proceso desconocido, en el que no se conoce el precio, hace muy difícil crecer. La solución nuestra ha sido otorgar una póliza de garantía que cubra esa cifra por errores, omisiones y diseño defectuoso, junto con cobertura por la venta de los certificados. Además, hemos pedido cartas de oferta de venta de certificados a propietarios de proyectos en distintas latitudes, para que el tenedor de un predio acceda a información de primera línea y se genere confianza en el negocio", explica Carrasco

Sin embargo, el ejecutivo apunta que también "hay un déficit de organismos que apoyen con recursos", y Ríos acota que "por el momento, sólo existe la posibilidad de recurrir a fondos de inversión internacionales".

El ejecutivo suma el desconocimiento sobre los canales de comercialización de los certificados de CO2 -a quién acudir para vender-, y la estructura de la propiedad en los predios forestales. "Una limitante que hace que para las propiedades más pequeñas sea menos atractivo económicamente certificar captura de carbono, lo que podría solucionarse con procesos asociativos", sostiene.

Las salidas

Hay consenso en que parte de la salida a estos escollos está en una mayor difusión de lo que implica este mercado y en un apoyo más decidido por parte del Estado.

Carrasco dice que en Chile se desconoce que un crédito forestal se vende por sobre los US$ 18, un valor que en Japón puede bordear los US$ 30, y cree que si el Estado, a través de alguna agencia como ProChile, por ejemplo, difundiera información como el precio, o implementara alguna herramienta para apoyar la promoción internacional de este mercado, de su potencial y de la emisión de certificados forestales, el sector se dinamizaría. Consultado este organismo, señaló que actualmente no están trabajando o desarrollando actividades al respecto.

"Hay que aprovechar la gran oportunidad que se da hoy en el Mercado Voluntario del CO2, pues aunque EE.UU. se retiró del Acuerdo de París, la demanda por certificados la impulsan grandes líneas aéreas norteamericanas que han decidido ser carbono neutral: todo el sector de aviación compensará anualmente 7,2 billones de toneladas de CO2, por lo que Chile debe ser un actor relevante, pero ahora. Nuestra compañía actualmente está en conversaciones con dos broker de la Bolsa de New York a fin de acceder a este sector, acuerdo que deberá estar ya cerrado en marzo", comenta Carrasco.

A juicio de Francisco Burgos, de la UACH, el Estado tiene un papel clave en la generación de los mecanismos que permitan crear las redes necesarias para este tipo de negocios, conectando profesionales, centros de inversión y necesidades locales. Junto con ello, plantea que los inversores nacionales "deben replantear" sus inversiones hacia el desarrollo sustentable, con foco en nuestras fortalezas: captura de carbono y generación de energías limpias. "Debe haber una conjugación de muchos factores para que podamos desarrollarnos como país sustentable y el Estado es el principal vector de movimiento en este campo. Si el Estado no está comprometido de acción y palabra se va a avanzar muy poco, que es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, recordando que el Protocolo de Kioto se firmó en 1997 y la Cumbre de Río fue en 1992, por lo que hemos tenido suficiente tiempo para desarrollar políticas concretas", argumenta el académico.

El papel de la academia y del sector asegurador para dinamizar la industria

Actores del mercado dicen que el rol que pueden jugar las aseguradoras en potenciar el sector, es clave en todas las etapas del proceso.

En ese sentido, Carlos Vallejos de Ferrari, senior producer de Marsh S.A. Corredores de Seguros, comenta que actualmente se ofrece una póliza de Responsabilidad Civil Profesional, que protege a la empresa de ingeniería o consultoría frente a eventuales errores u omisiones profesionales que conlleven un perjuicio económico para el mandante del servicio profesional. "En este caso, un mal cálculo de las emisiones de CO2 que se esperan compensar", acota. 

En su opinión, las aseguradoras debieran intervenir desde la etapa de negociación del contrato entre la empresa que desea recibir compensación por bonos de carbono y la de ingeniería, que realiza el cálculo correspondiente, mientras que "las primas cotizadas deben ser incorporadas a los flujos del negocio para determinar su factibilidad".

Para Vallejos, el mercado de los bonos de carbono "es incipiente en Chile, pero esperamos que aumente en forma constante y sostenida, con la garantía que significa contar con una póliza de seguros que respalde la gestión de certificación y posterior venta de los certificados, lo cual es clave para dinamizar esta industria".

Por el lado de la academia, Francisco Burgos, de la UACH, estima que las universidades pueden ser un vector de capacitación y desarrollo de conocimiento práctico en el tema. "Para ello, deben contar con la ayuda del Estado, financiando programas de perfeccionamiento y estudios específicos, además de integrar a los privados con capital interesados en desarrollar este tipo de iniciativas", argumenta.

Regular negocio de emisión de co2: el punto pendiente de la COP 25

En la evaluación que la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, hizo tras finalizar la reciente COP 25 realizada en Madrid y presidida por Chile, reconoció que "no pudimos lograr uno de los objetivos más relevantes que nos habíamos puesto: regular la compra y venta de bonos de carbono".
Es que el Artículo 6° del Acuerdo de París, que busca regular los futuros mercados de derechos de emisiones de CO2, era el punto pendiente para implementar dicho acuerdo en 2020, siendo un tema que se viene arrastrando desde las últimas cuatro COP, y cuya principal piedra de tope es la doble contabilidad de los bonos de carbono.
Al respecto, Francisco Carrasco, presidente ejecutivo de Allianz Chile, explica que, a nivel global, "dejar para la COP 26 -que se realizará en noviembre en Escocia-, la decisión de aceptar o no los créditos nacidos bajo el Protocolo de Kioto, ha hecho que no se estén comprando. El mercado está regulando este tema. Y en cuanto a la doble contabilidad, nuestra opinión es que si se legisla y modifica al respecto, quedando sólo la contabilidad al haber del comprador, tal situación no afectará el crecimiento del mercado chileno".