Suscríbete


Suscríbete

20%dcto

UAH

Reforma de Pensiones: ¿Qué dice la gente?

La última Encuesta de Protección Social, realizada por la Subsecretaría de Previsión Social, arrojó nuevas luces sobre cómo la ciudadanía percibe al sistema de pensiones y los cambios que espera. Fernando López, académico de la Universidad Alberto Hurtado, comparte siete reflexiones frente a los principales resultados del estudio.

UAH PRESENTA
UAH
  • T+
  • T-

Compartir

Por Fernando López, Doctor en Business Administration, Olin Business School, Washington University in St. Louis, EE.UU. Académico FEN-UAH.

 

El diseño de nuestro sistema de pensiones es uno de los temas controversiales de cara a la discusión de los cambios que el país necesita. Con la carrera presidencial desatada, la mayoría de los candidatos ya ha planteado sus propuestas para cautivar a la ciudadanía. En este contexto, las personas dieron a conocer sus preferencias respecto a distintas alternativas de diseño del sistema previsional, a través de la VII versión de la Encuesta de Protección Social, realizada por la Subsecretaría de Previsión Social. Estos datos corresponden a una muestra de 7.800 personas, que representa a 13,4 millones de habitantes a lo largo del territorio nacional.
Los principales resultados indican que la mayoría cree que el Estado debería asegurar pensiones suficientes en la vejez para todos los ciudadanos por igual, y que los empleadores deberían realizar cotizaciones previsionales adicionales para mejorar las pensiones. No hay consenso sobre la idea de que el aumento en las pensiones se financie con mayores cotizaciones individuales, así como tampoco de que los trabajadores financien a los pensionados (solidaridad intergeneracional). La mayoría quiere jubilar a la edad actualmente acordada y cree que las instituciones que entregan pensiones, beneficios de cesantía e incapacidad laboral no deberían ser administradas por entidades privadas. Frente a un eventual aumento en las cotizaciones obligatorias, la mayoría prefiere una administradora sin fines de lucro o estatal.
Cabe señalar que la encuesta fue aplicada de manera presencial entre el 14 de diciembre de 2019 y el 22 de marzo de 2020, período posterior al estallido social de octubre de 2019 y previo a la crisis ocasionada por la pandemia, es decir, antes de la aprobación de tres retiros de fondos, un acontecimiento inédito en la historia del sistema de AFP que aumentó el sentido de propiedad de los fondos pero erosionó la base de ahorro previsional que ya era insuficiente para financiar pensiones futuras.
Del mismo modo, los resultados no se dieron en el actual contexto, donde hay quienes proponen nuevos retiros de fondos, llegando incluso al 100% de estos y, en términos generales, un período en que se discuten transformaciones profundas al sistema previsional. De esta manera, la historia reciente y la discusión actual podrían haber cambiado estos resultados.

Siete reflexiones sobre la encuesta
La mayoría quiere un mayor rol del Estado y de los empleadores en el financiamiento de las pensiones, pero no hay consenso sobre el ahorro por parte de los trabajadores. En efecto, cerca de un tercio de las personas encuestadas está muy en desacuerdo con la idea de que las pensiones se financien con ahorros individuales y que los trabajadores financien a los jubilados.
La idea de que el Estado es el responsable de asegurar pensiones suficientes devela una diferencia radical en la manera en que se concibe el sistema de AFP actual, donde son las personas quienes tienen la responsabilidad de asegurar los recursos para financiar su vejez. Los efectos de la responsabilidad que la ciudadanía asigna al estado ya se han visto reflejados en las diversas manifestaciones observadas desde 2016 y en las respuestas gubernamentales que han fortalecido el actual pilar solidario.
Se aprecia una preferencia por beneficios universales financiados a través de impuestos generales. En términos prácticos, esto podría implementarse ampliando la cobertura del pilar solidario actual a toda la población. La principal limitación de esta idea es que el monto de beneficios que se podrá pagar dependerá de la situación fiscal, la cual a su vez depende de la capacidad que tengamos de crecer y recaudar impuestos.
Respecto al consenso de que los empleadores realicen cotizaciones para aumentar las pensiones, en la práctica, esto será financiado tanto por trabajadores como empleadores. La parte que será financiada por cada uno de ellos dependerá de las elasticidades de oferta y demanda con respecto a los salarios en el mercado laboral. Esto no considera el aumento en los incentivos para el trabajo informal.
El desacuerdo con aumentar la edad de jubilación tiene sentido porque permite a las personas recibir ingresos en la vejez en caso de que no logren emplearse. Aunque elevar la edad mejora la contabilidad de las pensiones porque la misma cantidad de recursos se divide en un menor período de financiamiento, no resuelve el problema de fondo, que es obtener recursos para asegurar un nivel de ingresos en la vejez.
Respecto a la administración de fondos previsionales, existe una clara preferencia por una AFP sin fines de lucro y una AFP estatal. Un aspecto clave en este punto es la necesidad de resguardos contra la captura por parte de grupos de interés. En este contexto, operar bajo las mismas reglas de las AFP actuales alinearía los incentivos para que una entidad estatal o sin fines de lucro invierta los ahorros previsionales y mantener sus costos en un nivel razonable. Diversos actores han expresado su simpatía con esta idea. Un grupo transversal formado por 21 de los 24 miembros de la Comisión Bravo estuvo de acuerdo con su creación. Incluso, ejecutivos de las AFP Modelo y AFP Capital han declarado públicamente a favor de la idea de una AFP estatal. Si bien una AFP estatal o sin fines de lucro no mejorará las pensiones, la evidencia sugiere que tampoco debería empeorarlas. En efecto, la evidencia académica muestra que los fondos de pensiones de distintas administradoras obtienen rentabilidades similares, que a su vez están en línea con el riesgo de sus inversiones. En términos simples, no le "ganan" ni tampoco "pierden" respecto a alternativas de inversión de riesgo similar. Una AFP estatal o sin fines de lucro tampoco tiene por qué ser más cara que otras administradoras. Si bien las AFP tienen mayores incentivos para minimizar costos, estos no se transfieren a los cotizantes vía menores comisiones que, de hecho, crecen al ritmo de los salarios de los trabajadores.
No hay consenso sobre la idea de introducir elementos de solidaridad intergeneracional planteados por quienes proponen esquemas de cuentas nocionales. En efecto, aproximadamente un tercio de los encuestados está en desacuerdo con la idea de que sus cotizaciones financien a los pensionados actuales. De esta manera, la propuesta que plantea establecer un sistema de cuentas nocionales que además nacionalice los fondos de pensiones, no contaría con apoyo ciudadano transversal.
DESTACO
La idea de que el Estado es el responsable de asegurar pensiones suficientes devela una diferencia radical en la manera en que se concibe el sistema de AFP actual, donde son las personas quienes deben asegurar los recursos para financiar su vejez.

RRSS
Facebook
www.facebook.com/fen.uahurtado/
Mail
fen@uahurtado.cl

Lo más leído