×
Universidad Alberto Hurtado

La otra cara de la crisis social: legitimidad de la democracia en juego

“La gobernabilidad en la sociedad donde vivimos y que, en general, es la más aceptada en este lado del hemisferio, reposa en un buen ajuste y congruencia entre el rol del Estado, la influencia del mercado y de la sociedad civil, y las respectivas relaciones de estas entidades”, plantea Eduardo Abarzúa, decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado.

Eduardo Abarzúa, decano FEN de la UAH y C. Ph.D en Ciencias del Trabajo, U. Católica de Lovaina.

¿Cómo se construye gobernabilidad en una sociedad democrática? En estos días, es una pregunta urgente cuya respuesta se ha expresado en todo el país, pero si revisamos las últimas protestas sociales no es sorprendente.

El movimiento de los estudiantes secundarios (2006); el universitario (2011); los territoriales en Magallanes y Aysén, el Movimiento No+AFP, y el que se vio en 2018 contra el acoso y abuso de género y que se expresó, de forma contundente, el 8 de marzo de este año, han instalado la cuestión de la justicia, el poder y el trato igualitario en una sociedad desigual, siendo descrito, de forma sistemática, por distintos autores y organismos internacionales, como el PNUD, hace más de 20 años.

La gobernabilidad en la sociedad donde vivimos y que, en general, es la más aceptada en este lado del hemisferio, reposa en un buen ajuste y congruencia entre el rol del Estado, la influencia del mercado y de la sociedad civil, y las respectivas relaciones de estas entidades.

Componentes del sistema

El diseño de nuestro Estado se estructuró, en gran parte, durante la dictadura, a partir de varios preceptos generados durante ese período. En particular, se escrituró e instaló una Constitución de forma no democrática y que, a pesar de haber sido reformada, sigue conservando una base autoritaria que limita la influencia de la política o la expresión de intereses divergentes en nuestros arreglos institucionales, y que hereda la legislación derivada.

No en vano la máxima tensión se ha producido en torno a una reforma constitucional: en este instrumento se consagra una idea autoritaria de la sociedad, calificando de desorden el disenso, dejando en la figura del Presidente de la República la atribución de gobernar, y consagrando la Doctrina de Seguridad Interior del Estado, poniendo en peligro los derechos fundamentales al calificar las conductas terroristas en el mencionado texto.

Otro aspecto es un modelo de Estado que instala el centralismo y la desigualdad territorial, dejando a las municipalidades más vulnerables dependientes del Fondo Común Municipal, el que más que compensar, refuerza una suerte de apartheid social, distribuyendo territorial y económicamente el acceso a la salud, la educación, el bienestar y la seguridad ciudadana.

El papel del mercado

Cuando se examina el rol del mercado, también hay que ir a la Constitución para encontrar algunas explicaciones.

En materia económica, el Estado quedó restringido a un rol subsidiario (no empresarial), traspasando al mercado prácticamente todas las esferas posibles y las relaciones sociales que se generan, sin mención, a algún rol en la redistribución o el crecimiento.

Por otro lado, se le entrega una radical preeminencia a lo privado por sobre lo público, lo que queda de manifiesto en la gran cantidad de regulaciones que tiene nuestra Constitución sobre la propiedad (una de las mayores en el mundo). Así, el Estado sólo garantiza la libertad de elegir -no el derecho-, privatizando áreas que países de mayor Índice de Desarrollo Humano le dan estatus de derechos sociales: educación, salud, pensiones (ahorro individual obligatorio) y servicios básicos (agua, energía, transporte público).

El resultado está en áreas básicas que cumplen su propósito en la medida que los ingresos individuales permiten pagar por ellas, quedando la inmensa mayoría de la población bajo un sistema de provisión estatal, en condiciones insuficientes, en educación, salud y protección social (pilar solidario). Cuestión que sólo es "corregida" por la vía de subsidios o bonos para la población en extrema pobreza, bajo la doctrina de focalización del gasto público.

La intervención/corrección del mercado se ha dado por la vía de la promoción de la libre competencia y la protección del consumidor, creándose una institucionalidad, la Fiscalía Nacional Económica en 1997 y el Tribunal de la Libre Competencia (2004), que persigue las prácticas colusorias, los abusos de posición monopólica y las concentraciones, y que protege los derechos del consumidor (Sernac).

Sin embargo, los casos de colusión que hemos visto han mostrado que las penalidades contempladas no tienen efecto, y que sucesivos proyectos no han podido introducir penas más duras para disuadir y perseguir estos delitos.

Algo parecido pasa con el Sernac, una institución que sólo recibe reclamos tras perder en 2018, en el Tribunal Constitucional, sus facultades sancionatorias y de generar normativas que le permitirían cumplir un rol efectivo de protección y tutela de derechos.

Asimismo, se ha optado por un modelo regulatorio a través de entidades que actúan como supervisoras por mercados, agregándose tardíamente nuevas áreas -sanitarias, educación- y otras, como infraestructura pública, han quedado desreguladas.

Sociedad civil y acción colectiva

Respecto de la sociedad civil, el diseño de Estado y el efecto de una lógica de mercado con poca regulación desperfiló la acción colectiva que empuja la sociedad civil, debilitando elementos simbólicos como es, por ejemplo, adherir a un proyecto común que trasciende el mero interés individual.

Así también aparece debilitado institucionalmente el rol de organizaciones representativas o portadoras del interés colectivo (sindicatos, gremios, juntas de vecinos, colegios profesionales, organizaciones comunitarias), que se vuelven intrascendentes dado su escaso poder de incidencia.

Cuando se reconocen derechos en nuestra sociedad parece tener más vigencia el consumidor que el ciudadano: hasta el día de hoy no se ha podido instalar la figura de un Defensor que pueda actuar proactiva y sancionatoriamente en la defensa de los derechos de las personas.

El proceso constituyente acordado, en la medida que supere las deficiencias de representación que muchos sectores le imputan, será el momento de debatir sobre las nuevas formas de relación y articulación entre los componentes del sistema, en tanto que el marco regulatorio, en el nivel constitucional, establece los elementos básicos sobre los cuales se darán esas relaciones.

Junto a la incorporación sustantiva de los derechos humanos como variable central del nuevo ordenamiento y la revalidación de una democracia que equilibre representación y participación efectiva, entre otros, el nuevo modo en que se articulen los componentes descritos, será uno de los elementos esenciales sobre los que deberán definirse las reglas de la convivencia futura de nuestra sociedad en cuya definición, por primera vez en nuestra historia, todos y todas podremos incidir.

Lo más leído