Candidatos a constituyente en cinco claves (Cap. VIII)| Los exministros Gonzalo Blumel, Marcos Barraza y Cristián Monckeberg

Mientras se debate en el Congreso el proyecto del presidente Sebastián Piñera que propone postergar las elecciones, inicialmente decretadas para el 10 y 11 de abril, para los días 15 y 16 de mayo, las campañas se van haciendo todo lo intensas que es posible en estado de pandemia; con la Región Metropolitana en su totalidad en cuarentena y otras regiones y comunas en la misma situación, se hace cuesta arriba el proceso para los candidatos.

Aunque era algo que se veía venir, ya que se estaba debatiendo hace varias semanas, se desconoce de qué manera afectará a las campañas, el aplazamiento de la elección, si lo aprueba el Congreso; lo que aumenta el estrés de un procreso que dadas las condiciones de pandemia ha sido particularmente difícil para los candidatos.

Esta semana tres exministros, que aspiran a pasar a la historia como uno de los redactores de la nueva Constitución, entregan sus definiciones en materia de derecho de propiedad, medioambiente, seguridad social, derechos laborales y reforma tributaria. Ellos son Gonzalo Blumel (Evópoli), Marcos Barraza (PC) y Cristián Monckeberg (RN).

Gonzalo Blumel (Evópoli), exministro de la Segpres e Interior: Pacto Vamos por Chile, distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago)

1.Derecho de propiedad: El derecho de propiedad es un derecho fundamental, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La propiedad es una garantía esencial para que las personas puedan desplegar libremente sus proyectos de vida y contribuir al desarrollo económico del país, producto de lo cual es importante mantener un estatuto claro y vigoroso para resguardarla, manteniendo las limitaciones y obligaciones derivadas de la función social actualmente contempladas.

2.Medioambiente: La actual Constitución fue pionera en incorporar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, incluyendo un recurso de reclamación judicial frente al incumplimiento de dicha garantía. Sin embargo, eso ya no es suficiente. Debemos aspirar a una Constitución sustentable, que compatibilice el desarrollo económico, con la equidad social y la protección del medio ambiente. Para ello, debe incorporar un deber del Estado y de las personas de cuidar el medio ambiente, proteger y asegurar los recursos hídricos y enfrentar el desafío del cambio climático.

3.Seguridad social: Un principio clave de la nueva Constitución debe ser reconocer la igual dignidad de todas las personas. Para que ello se haga realidad se deben asegurar de mejor manera un conjunto de derechos y libertades, entre ellos la seguridad social. Pese a que sólo los aspectos centrales de estos derechos deben quedar consagrados en la Constitución, creemos que en seguridad social la nueva Carta Fundamental es la oportunidad de avanzar en lineamientos que promuevan pasar de un sistema basado en el trabajo formal, a uno nuevo que tenga como foco las personas; y como objetivo primordial, la universalidad en el acceso a condiciones mínimas de bienestar para mantener una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad, en todas las etapas de la vida.

4.Derechos laborales: El derecho al trabajo es un principio rector de una sociedad basada en libertades. La nueva Constitución debe mantener garantías laborales fundamentales, como la libertad de trabajo y su protección, la libre contratación y libre elección del trabajo con justa retribución. Respecto de los trabajadores, el derecho a la seguridad social debe incluir la protección de los ingresos frente a contingencias como el desempleo, la enfermedad o las licencias por maternidad, así como una debida consagración de los derechos colectivos del trabajo.

5.Reforma tributaria: Es importante mantener los principios de legalidad, equidad horizontal y no afectación, por razones de estabilidad, certeza jurídica, igualdad ante la ley, eficiencia y eficacia del gasto público. Sin embargo, se deben perfeccionar los principios rectores de la política tributaria incorporando los principios de "justicia o equidad vertical" y "simplicidad", de forma de avanzar en la progresividad de los impuestos personales, mejorando la eficacia y equidad de la recaudación tributaria, sobre la base de un sistema tributario fácil de entender para los contribuyentes y simple de fiscalizar para el Estado. Promoviendo el cumplimiento y minimizando los espacios para la elusión.

Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social: Pacto Apruebo Dignidad, distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón)

1.Derecho a la propiedad: Este debe mantenerse, pero no puede estar sobre los intereses nacionales o estratégicos. Por ejemplo, lo que ocurre con la propiedad de los derechos de agua cuando hay sequías o con empresas estratégicas, pues son temas de soberanía nacional. El agua debe ser nacionalizada.

2.Medioambiente: El Estado debe proteger y garantizar que las personas vivan en un medioambiente libre de contaminación. La salud de las personas y del ecosistema no puede estar supeditado a intereses económicos.

3.Seguridad social: Se debe terminar con las AFP. El lucro en el sistema de seguridad social no puede continuar. Genera buena rentabilidad para los dueños de las AFP, pero pésimas pensiones a los trabajadores. En el tema de salud se debe establecer un Sistema Nacional de Salud Público de carácter solidario y que pueda ser complementado con un sistema privado.

4.Derechos laborales: Se debe asegurar que los trabajadores tengan derechos laborales efectivos, reconociendo constitucionalmente la titularidad sindical, la huelga y negociación colectiva por ramas. Y que los dirigentes sindicales tengan plenos derechos políticos.

5.Reforma tributaria: Los ricos y las grandes empresas deben pagar más impuestos, así de claro. La minería debe pagar royalty. Hay que fortalecer la fiscalización tributaria. Se debe establecer el principio constitucional de justicia fiscal.

Cristián Monckeberg (RN), exministro de la Vivienda y Segpres: Pacto Vamos por Chile, distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago)

1.Derecho de propiedad: La propiedad es de aquellos derechos que deben ser consagrados claramente en la Constitución. Evidentemente, tal como se señala hoy, se pueden establecer mecanismos legales que permitan restringirlos y eventualmente limitarlos o expropiarlos, pero con causales muy claras asociadas a intereses superiores del Estado, con un procedimiento judicial y a cambio de una indemnización.

2. Medioambiente: La conciencia de un futuro que está amarrado indefectiblemente a la protección de nuestro medioambiente hoy no se discute. Hoy es evidente que no es posible que un país se desarrolle si ese progreso no está en armonía con el cuidado de la riqueza natural del territorio. En ese sentido, es fundamental redefinir el rol del medioambiente en la vida nacional, estableciendo deberes estatales y de la sociedad toda para con su cuidado. Es tiempo de promover un desarrollo sostenible, en donde el progreso económico y social no vaya en desmedro de la tierra en que habitamos.

3.Derechos sociales: Requerimos de un Estado más presente, más solidario, con eso estoy diciendo que aún tenemos mucho trecho que avanzar en derechos sociales, sobre todo en aquellos grupos de la población que requieren con mayor urgencia esa presencia, para equiparar la cancha. Me la voy a jugar por causas sociales como el acceso a la vivienda y la integración social debería ser un eje al momento de planificar nuestras ciudades y barrios, con áreas verdes de calidad y con espacios adecuados que permitan una convivencia sana. Una pensión básica universal que tenga como piso la línea de la pobreza. Su monto y reajustabilidad quedan entregados a la ley, pero el piso mínimo se garantiza. La salud es deber del Estado y la atención oportuna un derecho, incluyendo la mental, dental y rehabilitación. Esto se debe organizar a través de un seguro universal de salud sin discriminación, que opere en el sector público o privado. Y es el Estado quien debe regular y fiscalizar el adecuado ejercicio y funcionamiento de los servicios públicos y privados de salud.

4.Derechos laborales: El Estado debe promover la cultura del trabajo y hacer todo lo necesario para que las personas tengan un trabajo digno. Lo que debemos construir entre todos es una Constitución que vea el mundo laboral como un espacio que está pensado a la medida de las personas y de sus proyectos de vida. Me refiero a que no basta con mantener los derechos que hemos alcanzado como sociedad. Si no que ser capaces de adaptarnos también a las nuevas exigencias que nos ponen por delante los avances tecnológicos, que no sólo traen beneficios, sino también desafíos tanto para la salud de los trabajadores como para la organización de los espacios de trabajo. Pero, por otro lado, también darle espacio a los propios trabajadores para que no estén amarrados a la misma estructura que busca protegerlos, menguando las opciones de innovar, emprender o definir sus propios horarios destinados a la vida personal y la vida laboral.

5.Reforma tributaria: Esto es materia de ley y, por lo tanto, del Parlamento. En ese sentido, la Constitución debe otorgar certezas que nos permitan planificar el desarrollo del país a largo plazo y los tributos permiten esa permanencia. Soy partidario de avanzar en impuestos de afectación regional.