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Candidatos a constituyente en cinco claves (Cap. X): Regionalistas Fabiola Rivero, Juan Pablo Rodríguez y Andrea Pivcevic

Los candidatos a la Convención Constitucional deberán retomar sus campañas en un difícil escenario político.

Por: Claudia Rivas A. | Publicado: Lunes 26 de abril de 2021 a las 18:36 hrs.
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Anoche a la medianoche se reinició el periodo de propaganda política, después de la suspensión producto del cambio de fecha de las elecciones de gobernador, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes del 10 y 11 de abril para el 15 y 16 de mayo producto de lo cula muchos candidatos a la Convención Constitucional hicieron un relanzamiento de su campaña, el 29 de abril.

Y a partir de ese día, los candidatos a la convención retomaron sus respectivas campañas, eso sí en un ambiente político mucho más complicado y tenso que el que existía cuando se suspendió.

Por otro lado, pese a las dudas que genera la situación sanitaria, por lo que algunos representantes políticos, hasta hace unos días, no descartaban la posibilidad de volver a aplazar las elecciones, todo indica que no habría piso para ello. De tal manera que a los candidatos a la Convención Constituyente les queda poco tiempo para convencer al electorado de que les brinde su respaldo en los comicios del 15 y 16 de mayo. Con el agravante de que la suspensión de la campaña, a muchos, les provocó un retroceso en lo logrado sobre todo en lo que dice relación con darse a conocer, particularmente en el caso de los independientes.

Es en este escenario que tres aspirantes a un escaño en la Convención Constitucional con marcado acento regionalista expusieron sus definiciones acerca del derecho de propiedad, medioambiente, seguridad social, derecho laboral y reforma tributaria, en esta serie.

Ellos son Fabiola Rivero (distrito 3), Juan Pablo Rodríguez (distrito 7) y Andrea Pivcevic (distrito 28).

Fabiola Rivero Rojas (Indep. PS), abogada y académica de la Universidad de Antofagasta: Pacto Lista del Apruebo, distrito 3 (Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla)

1.-Derecho de propiedad: En el nuevo Chile demandamos un Estado social y democrático de derecho que posibilite la restitución del poder constituyente a los pueblos de Chile, sobre la base de los principios de igualdad, libertad, justicia, paz, fraternidad y solidaridad. Así, la consagración de la propiedad debe mantenerse en la nueva Carta Fundamental, como dimensión del desarrollo humano, de esta forma, la naturaleza de este derecho fundamental debe alcanzar la perspectiva social y no privilegiar la construcción de un individualismo descarnado que va en contra del respeto por la dignidad y necesidades de otras y otros.

2.-Medioambiente: La nueva Constitución debe establecer mandatos para la protección especial de la naturaleza nutrida desde la cosmovisión sistémica indígena de un Chile plurinacional asociada a los derechos del buen vivir. Se debe garantizar el derecho a un ambiente sano, consagrar los principios preventivos y precautorios frente a la actual crisis ambiental. Necesitamos vinculación y reparación del daño ambiental en Chile y el término de las zonas de sacrificio. Al mismo tiempo, se debe establecer un principio de justicia intergeneracional que vele por el derecho de las futuras generaciones a tener un planeta en el que puedan coexistir.

3.-Seguridad social: Necesitamos urgente un sistema de protección para todas las familias que habitan en Chile. La nueva Constitución debe ser más bien una carta de navegación que indique valoraciones, principios, ética y sentimientos. Desde esa óptica debe quedar absolutamente clara la obligatoriedad de la protección del Estado desde el nacimiento de una persona hasta que fallezca. Creemos que el rol debe estar orientado a un Estado de bienestar, un Estado social que priorice los derechos humanos, que asuma el deber de garantizar un régimen de seguridad solidario que avale la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad como un accidente, invalidez, vejez o desempleo.

4.-Derechos laborales: Proponemos la consagración del derecho al trabajo digno. Que el contenido del derecho al trabajo comprenda la garantía de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, creando mecanismos efectivos que puedan terminar con la brecha salarial. Reconocer la corresponsabilidad en las labores de cuidado y tareas domésticas para que estas no recaigan exclusivamente en las mujeres y establecer el postnatal paternal obligatorio. El establecimiento de una política estatal que promueva la integración masiva de las mujeres en el mercado laboral y el pago por las labores de cuidado. Asimismo, creemos necesario relevar a derecho fundamental el derecho a la sindicalización y a la huelga.

5.-Reforma tributaria: Promovemos la distribución equitativa del poder en las actividades económicas y el desarrollo de los mercados, fortaleciendo la protección de las personas consumidoras y el control de los monopolios o concentraciones económicas existentes. Se debe incorporar las bases de un régimen de impuestos progresivos en consideración de la capacidad contributiva del contribuyente, que redistribuya la riqueza y permita impuestos ecológicos, a las grandes fortunas y a ciertas actividades extractivas. En el nuevo Chile debemos avanzar a una transformación progresiva del sistema impositivo según lo que exija la justicia social. Además, deben existir impuestos regionales, que entreguen autonomía financiera a los gobiernos regionales, especialmente por actividades productivas que generen un menoscabo al medioambiente y salud de las personas.

Juan Pablo Rodríguez (Indep. UDI), abogado y director ejecutivo de la Fundación P!ensa: Pacto Vamos por Chile, distrito 7 (Concón, Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo)

1.-Derecho de propiedad: El reconocimiento y protección del derecho de propiedad resulta fundamental para nuestra estabilidad institucional, en tanto asegura un escenario de certeza y seguridad jurídica, ambas condiciones básicas para el desarrollo del país. Su reconocimiento significa asegurar a las personas la libertad y control sobre el fruto de su trabajo y esfuerzo; y, por lo mismo, debemos consolidar su regulación en la nueva Constitución, ya que constituye una protección para las personas frente a terceros o el mismo Estado por abusos o arbitrariedades respecto de su propiedad. Por lo mismo resulta fundamental establecer claramente en caso de expropiaciones, el deber de resarcir de manera efectiva y al contado, en función del daño patrimonial efectivamente causado.

2.-Medioambiente: El proceso constituyente se presenta como una posibilidad para consagrar principios básicos como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y mecanismos concretos para la tutela de la preservación natural y cuidado ambiental. Iría más allá y establecería el deber del Estado de promover un desarrollo ambientalmente sustentable, que armonice la protección del medioambiente y de nuestro patrimonio histórico y cultural con el desarrollo económico del país. Así también, es una oportunidad para establecer orientaciones en el desarrollo de políticas públicas que apuesten a potenciar modelos de energías renovables y sustentables, que impulse medidas responsables y eficaces de mitigación y que ponga especial ahínco en el control y fiscalización de la contaminación ambiental, con medidas rigurosas en vista al resguardo de la salud e integridad de las personas.

3.-Seguridad social: Es necesario perfeccionar el catálogo de derechos sociales que ya reconoce nuestra Constitución, incorporando derechos tales como el derecho a la vivienda, derecho a pensiones dignas, pero como metas u orientaciones al legislador, para que a través de leyes o políticas públicas esos derechos sociales sean efectivamente prestados; lo que no sólo va a depender de leyes y políticas públicas, sino de que sigamos creciendo como país, avanzando, tengamos una democracia estable, con equilibrio fiscal, de modo tal que existan las condiciones para ir mejorando cada vez más la prestación de estos derechos sociales porque, como la experiencia comparada demuestra, la efectiva prestación social no va a depender de qué tan detallado esté o no ese derecho consagrado en la Constitución.

4.-Derechos laborales: Es fundamental contar con un marco jurídico que nos permita impulsar la creación de nuevos y mejores puestos de empleo; más aún, considerando la crisis económica en la que nos encontramos. Para esto es muy importante partir reconociendo los pilares que hoy sostienen la regulación laboral, como lo son la protección del empleo y libertad de trabajo.
Más que avanzar hacia un reconocimiento expreso de nuevos derechos laborales, debemos consolidar nuestra estabilidad institucional con tal de permitir una reactivación económica a través de políticas públicas encaminadas a la empleabilidad.

5.-Reforma tributaria: Previo a llevar a cabo una reforma tributaria que venga a robustecer la recaudación fiscal, considero fundamental avanzar en un mejor Estado. Un Estado ágil al servicio de las personas, que reduzca al mínimo los gastos derivados de la discrecionalidad política, que ponga término a los proyectos mal calificados que significan un gasto ineficaz e ineficiente para el Estado y tenga tolerancia cero contra la corrupción. En el desafío por la reactivación económica debemos apostar por modelos de políticas públicas que no pongan barreras al emprendimiento, por lo que una reforma tributaria que implique alzas en los impuestos puede terminar siendo un peor remedio que la enfermedad.

Andrea Pivcevic (Indep. No Neutrales), abogada: Lista Mgallánicos No Neutrales, distrito 28 (Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine)

1.-Derecho de propiedad: Al igual que la gran mayoría de las constituciones en el mundo, se debe garantizar el derecho de propiedad, ya que éste es fundamental para el desarrollo y libertad de las personas, es por esto que ha sido reconocido como un derecho humano. Lo relevante es que el ejercicio de este derecho reconozca ciertos límites (que deben establecerse por ley) en virtud de su función social y del bien común. Para esto es necesario un marco legal claro en relación a la expropiación. Un ejemplo concreto y que, sin duda, será objeto de debate, es el caso del agua. Ésta debe consagrarse constitucionalmente como bien nacional de uso público e independientemente de la regulación legal que se establezca para su uso, siempre debe asegurarse la preeminencia para el consumo humano.

2.-Medioambiente: Pienso que es fundamental proteger el medio ambiente de manera que podamos usar los recursos naturales asegurando una distribución equitativa y el resguardo para futuras generaciones, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Un ejemplo claro de este desafío es el enorme potencial para producir hidrógeno verde que tiene nuestra región de Magallanes. La nueva Constitución debe tener un enfoque ecológico, incorporando los principios de protección ambiental, justicia ambiental e intergeneracional y buen vivir. También deben consagrarse los derechos de información, participación y acceso a la justicia ambiental. Desde lo orgánico, crear una Defensoría Pública de la Naturaleza y regular mediante ley, que sean agencias estatales independientes las que evalúen y fiscalicen proyectos en materia ambiental.

3.-Seguridad Social: El principal desafío es redefinir el rol del Estado en esta materia y rescatar el verdadero significado de la subsidiaridad y la solidaridad. Necesitamos un Estado moderno, que garantice prestaciones universales y suficientes. Creo que la discusión no debe ser entre "más Estado o más privados", sino en fijar el estándar para éste y otros derechos fundamentales, que debe ser garantizado por el Estado, sea su provisión pública o privada. Debemos garantizar una educación de calidad (no sexista), salud de calidad, vivienda y pensiones dignas. Esto será especialmente relevante y urgente, ya que el bajo monto y la precariedad de las pensiones actuales se verán exacerbados por los retiros realizados a los fondos de pensión con ocasión de la crisis económica actual.

4.-Derechos Laborales: Una de las cosas que nos dejará la pandemia es la nueva perspectiva respecto del teletrabajo. Esto, como parte de la cuarta revolución industrial (inteligencia artificial; robotización y digitalización) está cambiando la forma de trabajar, creando nuevos empleos y sustituyendo otros mediante la tecnología. Pienso que la nueva Constitución debe establecer principios básicos pero sólidos y tener la flexibilidad necesaria para hacer frente a estos cambios. No sólo debe garantizar la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, sino también a un trabajo digno, con retribución justa. Para esto deben corregirse ciertas desigualdades estructurales, por ejemplo, en relación al género y la edad. También pienso que es fundamental reconocer el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (que generalmente realizamos las mujeres) y eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

5.-Reforma tributaria: Una reforma tributaria no es materia de Constitución. Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que el Estado deberá recaudar más recursos, en primer lugar, para salir de la crisis económica actual, pero también para garantizar y hacer sostenible en el tiempo las nuevas demandas sociales. Por esto urge una modernización del Estado, que no sólo recude más, sino que sea firme contra la elusión y eficiente en el gasto público. Como candidata de una zona extrema y con un fuerte compromiso por la descentralización, creo que las regiones deben poder cobrar impuestos locales más allá de los que se cobra a nivel nacional, con el fin de entregar bienes públicos locales. Esto incluye, por ejemplo, que las empresas establecidas localmente paguen tributos especiales en la zona donde producen o desde donde explotan recursos naturales.

 

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