Ecosistema investigador aprueba política de datos abiertos de ANID, pero advierte riesgos

La semana pasada, a través de su primera cuenta pública, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), institución que se creó en reemplazo de Conicyt y que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia), anunció que buscan elaborar una política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación financiados con fondos de la ANID, que estaría lista a fines de este año.

La iniciativa, que va en línea con lo realizado por otras agencias internacionales, fue dada a conocer por la directora nacional de la ANID, Aisén Etcheverry, y busca que la información que se obtenga con recursos de la institución se ponga a disposición de la comunidad científica, para que,en futuras investigaciones, se pueda reutilizar. La nueva exigencia comenzaría a ser válida desde la publicación de la política -que se proyecta será en 2021-, y no tendría una aplicación retroactiva.

Álvaro Ossa, Director de Transferencia y Desarrollo de la UC María Cecilia Hidalgo, Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias Juan José Berger, Presidente ANIP.

La iniciativa contempla la creación de un repositorio con los papers y bases de datos, a los que muchas veces se puede acceder sólo mediante un pago.

El lunes pasado la ANID abrió una consulta pública para que la comunidad científica determine qué data considera importante conocer y qué mecanismos son los más adecuados para su entrega. Al jueves pasado, habían recibido 92 comentarios, cuenta Etcheverry.

“La consulta describe la política y pide saber si se está de acuerdo o no sobre los puntos que planteamos y la explicación de esa respuesta. Queremos relevar el nivel de consenso que hay en cuanto a ciertos principios y recoger particularidades de cada área de la ciencia, trabajar con data de psicología no es lo mismo que astronomía”, dice la directora ejecutiva.

La consulta permanecerá abierta hasta el viernes 31 de julio. Posteriormente, en septiembre, crearán mesas de expertos para sintetizar la información, para tener lista la política en diciembre, y comenzar con su implementación el próximo año.

Álvaro Ossa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica:

“La información de solicitud de patentes se debe mantener confidencial”

Álvaro Ossa señala que está de acuerdo con generar una política, porque está en línea con los estándares internacionales y porque todo el conocimiento que se genera con fondos públicos debe entregar beneficios a la sociedad, y “la información que se genera es uno de los caminos”.

Dice que la política apunta principalmente a la disponibilización de la ciencia básica, “que hoy es un tema bastante controversial, porque el sistema de publicaciones científicas se ha transformado en un mercado en sí mismo, donde hay que pagar para publicar”.

Respecto de la forma de difusión, propone un repositorio web.

No obstante, advierte que “hay información que se debe mantener confidencial, como la asociada a la solicitud de una patente. Esto no se puede burocratizar, porque terminaría desincentivando la protección intelectual o en su defecto, la investigación”, sostiene Ossa.

Agrega que también hay otros datos que debieran mantenerse confidenciales, como aquellos que involucran a personas, por ejemplo, en investigaciones biomédicas.

“Esta política tiene que conversar con la ley de protección de datos, estamos en la mitad de una discusión nacional respecto del manejo de datos y debe tenerlo en cuenta”, afirma.

En relación a la consulta pública, Ossa, afirma que valora el “ejercicio participativo” del MinCiencia. “Vamos a hacer llegar nuestros comentarios técnicos y vamos a difundirla para que sea lo más abierta posible y recoja otras aristas, no solamente de los científicos, sino también de los empresarios, emprendedores y sector público”, dice.

María Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias

“Es de implementación compleja”

María Cecilia Hidalgo señala que valora la iniciativa liderada por la ANID, porque permitirá acelerar investigaciones, debido a que los científicos contarán con información previa “para no empezar desde cero”.

No obstante, pone en discusión el cómo implementarla. Afirma que hay aspectos muy ambiciosos que no son prácticos para los investigadores, por ello espera que se informen los mecanismos para “aterrizar la iniciativa”.

“Es de implementación compleja porque los datos de los experimentos, por ejemplo, en trabajos de laboratorio, se escriben en cuadernos y son muchas páginas y cuadernos. No me queda claro cómo se pondrá a disposición toda esa data. No veo el propósito de tener tanto detalle, porque en el caso de los laboratorios hay cosas muy técnicas del paso a paso”, explica Hidalgo.

Plantea que una opción sería que la Agencia exija a los investigadores que, una vez publicadas sus investigaciones en revistas científicas, deban elaborar un resumen del texto original, que esté disponible en un repositorio de la ANID. Además, dice que este resumen podría incluir las “cosas que no funcionaron” para que así los futuros investigadores no repitan esos errores.

“Casi siempre tenemos que publicar en inglés, entonces lo que podría hacer la Agencia es que pidan un resumen en español que sea de acceso público por cada paper financiado con recursos públicos”, dice Hidalgo.

Juan José Berger, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP)

“Se corre el riesgo de sobreexplotar al investigador”

Juan José Berger señala que en general miran con buenos ojos la política, ya que permitirá un mayor acceso al conocimiento y a que haya más decisiones basadas en datos. También le parece correcto el mecanismo de consulta pública.

Pero afirma que existen opiniones divididas sobre ciertas materias, por ejemplo, la propiedad intelectual. Plantea que la data generada no se reduce sólo a un paper, sino que al trabajo del investigador.

“Hay algunas personas que plantean que la información es de quien financia y otros de la persona que tiene la creatividad, es una pregunta que no nos hemos respondido a nivel general”, sostiene Berger.

Además, agrega que la política debe ser cauta en cuanto a los plazos de embargo que se estipulen para entregar la data, para evitar que otros investigadores tomen la información y logren publicar antes que sus compañeros.

“Tengo conocimiento de personas que levantaron datos y los enviaron a una revista que se demoró dos años en decirles que iban a publicarlos y en ese período otra persona publicó sus datos”, afirma.

Berger pone sobre la mesa los problemas asociados a tener que recopilar la información. “Podría ser una carga extra para los investigadores, se corre el riesgo de sobreburocratizar el instrumento, de sobreexplotar al investigador”, señala.

También sostiene que hay ciertos aspectos de la ejecución que podrían chocar con algunos contenidos de carácter “delicado” obtenidos en investigaciones. “Yo soy sociólogo y a veces hay información súper sensible que corresponde a terceros”, dice.