Industria del Reciclaje pide levantar limitación a la exportación de baterías, porque afecta la libre competencia

La Contraloría General de la República objetó el quinto ingreso del Decreto Supremo N° 9 del 27 de marzo del Ministerio del Medio Ambiente que Regula el Movimiento Transfronterizo de Residuos, el que -según alerta la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR)- no zanja la autorización para exportar baterías -de autos e industriales- para valorización en el extranjero.

Se trata de un tema que viene arrastrándose desde 2016, fecha en que la aprobación de la Ley Extendida del Productor (Ley REP) mandata la creación de varios reglamentos, entre ellos, el de movimiento transfronterizo de residuos. A la fecha, han ingresado cinco decretos N° 9, en los cuales, algunos autorizan la exportación y otros la prohíben, argumentando que en el país existe capacidad instalada para el tratamiento de estos desechos.

Alejandro Navech, Gerente General de la ANIR

Alejandro Navech, gerente general de la ANIR, señala que en Chile existe una sola planta, Recimat, autorizada a tratar baterías -un residuo catalogado como peligroso por sus altos niveles de plomo-, la que está ubicada en Calama. El problema, explica, es que ante la falta de competencia, las empresas están obligadas a vender estos desechos a valores más bajos que los internacionales, lo que "afecta la libre competencia y genera problemas medio ambientales", advierte.

"El reglamento decía que se prohíbe la exportación para valorizar si es que hay en Chile capacidad instalada para valorizar, pero solo existe en Calama. Los generadores de residuos de batería están obligados por decreto supremo ministerial de salud a manejar responsablemente sus residuos, por lo tanto, tienen centros de acopio, manejo ambiental de las baterías y tienen que disponerlas adecuadamente, para luego trasladarlas a Calama, donde le pagan tres veces menos que el precio internacional por kilo de batería", sostiene Navech.

Añade que además del precio, la limitación de exportar también genera efectos negativos en el medio ambiente, como la huella de carbono que se produce por el traslado de residuos peligrosos desde distintos puntos del país hasta el norte de Chile -en contraposición al traslado hasta el puerto más cercano para un viaje internacional por barco-, y la concentración de contaminación en un solo lugar.

"Hay una sola zona de sacrificio que está en Calama. ¿Es justo que lleven más de 21 mil toneladas de residuos peligrosos a un solo lugar? Además, la planta recibe el 50% de las baterías de Chile y el resto, sale del país de manera ilegal porque no les conviene el precio, generando un problema adicional", dice Navech.

La ANIR afirma que está de acuerdo que se prohíba la exportación de baterías para la eliminación, es decir, que se entierren en un hoyo y se confinen en otro país, "para eso lo enterramos y confinamos acá. Pero una exportación para el reciclaje con tecnologías más eficientes, más modernas, con más innovación es algo que debe ocurrir limitado a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) y a otros que también cuenten con estándares para valorizar este tipo de residuos", afirma Navech.

Otro efecto de la falta de competencia tiene que ver con el rezago tecnológico. "En el largo plazo, a nivel internacional las tecnologías van avanzando y la tecnología nacional se queda pegada porque no hay ningún incentivo para innovar porque no hay competencia. Si están obligados, yo pago lo que quiero y no tengo por qué estar cambiando si soy la única tecnología y empresa", advierte Navech.

Un decreto "conflictivo"

Navech señala que la tramitación de este decreto, que califica de "conflictivo" ha sido compleja.  En el caso del quinto y último ingreso, si bien "no prohíbe explícitamente la exportación", mandata que sean los decretos supremos de las metas futuras de los productos prioritarios de la Ley REP -entre ellos, las baterías- que determinen esos reglamentos. "En los transitorios se establece que mientras no ocurra eso se prohíbe la exportación de baterías para ser valorizadas", sostiene.

La ANIR envió el 4 de junio pasado, una presentación a la Contraloría donde cuestiona y argumenta la prohibición de exportar baterías. Señala, -citando al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación- que el "Ministerio (del Medio Ambiente) está facultado para denegar fundadamente las autorizaciones de importación y exportación, cuando existan antecedentes de que los residuos no serán sometidos a un manejo ambiental racional", consigna el documento.

"Nosotros volvimos a increpar en Contraloría porque no puede ser que la ley mandate al decreto de Movimiento Transfronterizo de Residuos a establecer qué pasa y luego, este otorga el mandato a otro reglamento para que lo decida. Entonces, al final, nunca quieren zanjar el asunto", advierte Navech.

La Contraloría, con fecha 1 de septiembre de 2020, objetó el último decreto supremo N° 9. "Ahora tiene que hacerse todo de nuevo, este es un gran fracaso para el Ministerio del Medio Ambiente inter-gobierno. Esto no tiene que ver con uno, todos los gobiernos fallaron", señala Navech.

Señala que tras la objeción de la Contraloría, el Ministerio de- Medio Ambiente puede tomar varios caminos, pero cualquiera que tome -volver a ingresarlo como está; usar parte de él o rehacerlo desde cero- debe pasar al Consejo de Ministros, a Consulta Pública, a firma del Presidente y nuevamente a Contraloría.

Navech sostiene que Medio Ambiente ya está en conocimiento de la postura de ANIR, pero adelanta que insistirá en tener una reunión con la ministra Carolina Schmidt, la que no han podido lograr hasta la fecha.