Jorge Canals: “Hay riesgo de que la Ley REP fracase, su implementación es compleja y hay dudas”

Incertidumbre deja hasta ahora la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), explica el abogado Jorge Canals, socio líder de Medio Ambiente, Energía y Recursos Naturales de Moraga y Cía, quien ha participado activamente en las consultas públicas de los reglamentos. Dice que hay dudas en temas como la participación ciudadana, en los sistemas de gestión de residuos y en la capacidad instalada para tratar y revalorizar los desechos.

“En los próximos cinco años nos jugamos la ley”, afirma el también exsubsecretario de Medio Ambiente.

Hasta ahora se ha avanzado en las metas de recolección y valorización de dos de los seis productos prioritarios, neumáticos y envases y embalajes, este último en consulta pública.

-¿Cuáles son los aspectos más complejos de la implementación?

- Temas reglamentarios, de infraestructura y de cultura. Costó mucho sacar los reglamentos de metas, es un proceso difícil con un comité operativo donde confluyen intereses. También es compleja la falta de infraestructura y la industria estima que tarda de tres a cinco años en construir una planta. El proceso de la REP parte con la separación en origen, después el pre-tratamiento, selección y clasificación donde no existen plantas, y luego, la valorización de reciclaje material, donde hay pocas plantas. Además, hay incógnitas respecto de información, no se sabe cuál va a ser la tasa de participación de las personas en la separación de origen -crucial para que el sistema funcione-, pues no es lo mismo que recicle una persona con capital cultural que una de un estrato social más bajo.

-¿Hay riesgo de que la Ley REP fracase?

- Hay riesgo de fracaso porque es una de las transformaciones culturales más grandes que se quiere implementar en términos de conducta y economía ambiental y, además, hay que generar una industria que casi no existe. Lo dijo (Rodrigo) Álvarez y es una frase muy acertada, puede ser un segundo Transantiago, porque si no tienes la infraestructura montada para la cadena completa del ciclo de valor del producto, vas a desincentivar el reciclaje.

-¿Qué se puede hacer para evitar que sea un segundo Transantiago?

-Primero, hay que revisar la gradualidad de las metas en los primeros años; segundo, si es sólo la REP el riesgo de fracaso aumenta, se requieren instrumentos normativos vinculantes que exijan comportamientos a la industria desde el punto de vista del diseño de los envases, y que la comprometan a entregar información al consumidor a través del ecoetiquetado. Tercero, establecer mecanismos económicos y públicos para fortalecer el ecosistema de reciclaje, como impuestos, subsidios e infraestructura pública.

-¿Pasa también por un tema de recursos?

-El Estado debe invertir más recursos en educación y capacitación de las personas. En las experiencias comparadas exitosas, como Flandes en Bélgica, se invirtió mucho en educar y se logró un 75% de reciclaje. Hoy el único fondo que existe, el Fondo del Reciclaje, tiene $ 500 millones al año y habría que multiplicarlo al menos por diez. Hay otro tema muy impopular, el 80% de las personas hoy no paga contribuciones por la basura y sin ese pago va a ser muy difícil que se financie lo que cuesta. En otros países hay impuestos, por ejemplo, a la cantidad de residuos per cápita.

Sistemas de gestión

-¿Hay avances en este tema?

-El anteproyecto está en consulta pública, vencía el 3 de agosto y se amplió por 15 días hábiles, porque la discusión es compleja. Hay dudas en torno a la gobernanza del sistema de gestión, el régimen tributario, si deben ser sistemas colectivos o individuales, y establece sanciones excesivas a las empresas que incumplan. Además, el decreto, como viene, favorece a los grandes sistemas de gestión colectivos. Hasta ahora solo existe un sistema de gestión integrado que es el de envases y embalajes de AB Chile que agrupa a 20 productores.

-¿El decreto afecta la libre competencia?

-Primero, el decreto establece que el ministerio (Medio Ambiente) puede asignar comuna a comuna el sistema de gestión, pero no tiene facultades legales para hacerlo. Y segundo, no toma en cuenta la legislación de libre competencia, la asignación de cuotas, la participación de mercado, a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Permite que los grandes sistemas de gestión se pongan de acuerdo para repartirse el territorio. Está haciendo monopolios por vía reglamentaria, entonces, de antemano está construyendo un mercado concentrado. En Europa crearon grandes sistemas de gestión, verdaderos elefantes blancos, y hoy vienen de vuelta, están tratando de fragmentarlos.