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Opinión | Nueva constitución como salida al conflicto mapuche

La salida constitucional supone hacerse cargo que el Estado sea plurinacional y, como tal, debe incluir a los indígenas como naciones con sus historias y sistemas de gobernanza propios, que están dotadas del derecho de autodeterminación interna, según el derecho internacional de los derechos humanos.

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Con los hechos ocurridos en La Araucanía del fin de semana pasado, se elevan voces que justifican la violencia privada de contenido racial. Estarían cansados, dicen. Muchas personas que pertenecen al Pueblo Mapuche me cuentan su temor frente a lo que viene, por lo que estamos viendo en la represión de las protestas. Sin odio y sin miedo es que debemos abordar las tensiones que arrojan las relaciones interculturales entre el Pueblo Mapuche y la sociedad y Estado chileno.

Hay una inmensa mayoría de personas y organizaciones indígenas que luchan pacíficamente por los derechos que el Estado ha negado y una enorme cantidad de chilenos que valora a la nación mapuche, solidariza con sus luchas y se siente orgullosa de compartir su herencia cultural y genética. Eso es lo que vimos en el estallido social, cuando la bandera mapuche fue el emblema con que la ciudadanía demandó un nuevo futuro.

Entonces, cómo es que parecemos retroceder y no avanzar. Sin duda, hay poderes y agendas que no quieren una salida. Pero la respuesta está frente a nosotros: una nueva constitución. Al menos es el inicio de una solución política que permita que tensiones y desigualdades sean procesadas dentro de las instituciones democráticas, reduciendo, en lo posible hasta extinguirlas, las violencia estatal y étnica.

La salida constitucional supone hacerse cargo que el Estado sea plurinacional y, como tal, debe incluir a los indígenas como naciones con sus historias y sistemas de gobernanza propios, que están dotadas del derecho de autodeterminación interna, según el derecho internacional de los derechos humanos. Lejos de constituir un Estado dentro del Estado, ello implica una transformación del Estado para incluir los derechos indígenas, como ya se ha hecho en todas las Américas. Para ello, hay que empezar asegurando escaños indígenas en la Convención Constitucional.

Pero la tarea no se agota allí. Con esa base, e incluso antes, debemos oficializar las lenguas indígenas, así como reformular las políticas públicas, para que tengamos políticas de desarrollo socio-económico que no se hagan desde Santiago y que nuestra educación y salud sean de verdad interculturales. Resolver el problema de las tierras es complejo, pero no imposible, con una visión de mediano plazo, modificando nuestro sistema con la experiencia acumulada. Tenemos también que reconocer nuestras enormes deudas con la madre-naturaleza, que el mundo indígena siempre nos recuerda.

Eso, adicional a una mejor política de desarrollo para las zonas donde se producen estas tensiones, en un país con regiones empoderadas por la nueva constitución, es una oportunidad genuina que tenemos a mano.

Así que, sin odio y sin miedo, vamos a por una nueva constitución plurinacional.

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