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Blanco asegura que se inhabilitará en casos del CDE que lo ameriten

El presidente de la entidad, Juan Ignacio Piña, dijo que los presuntos problemas de conflicto de interés son “un poco falsos”.

Por: Nicolás González A. | Publicado: Viernes 3 de marzo de 2017 a las 04:00 hrs.
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En su primera aparición pública como integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Javiera Blanco aseguró que se inhabilitará si es que en alguna causa judicial existe algún conflicto por su labor cuando era ministra.

“Todos los consejeros en la historia, y esto no es de ahora, se han inhabilitado respecto de los casos que corresponden y se habilitan legalmente”, comentó.

“Esto obviamente no será una excepción para esta consejera”, afirmó.

El presidente de la institución, Juan Ignacio Piña, declaró que “cuando existen inhabilidades que afectan a los consejeros, nos inhabilitamos, y el consejo tiene 11 consejeros adicionales para tomar las decisiones que correspondan”, aclaró.

“No es un tema que sea relevante ni que amerite ningún tratamiento especial”, añadió.

La abogada salió del gobierno luego de una serie de cuestionamientos y acusaciones en su labor a cargo de la cartera de Justicia, tras enfrentar crisis en el Registro Civil, Servicio Nacional de Menores (Sename) y los denominados “jubilazos” en Gendarmería.

Esta semana se dio a conocer que la abogada integrará el Comité Tributario Medioambiental, el cual se preocupa también de temas laborales.

La visión de Piña

En el marco de la cuenta pública 2016 del organismo, Piña no eludió los últimos eventos que han tenido al consejo durante semanas en la palestra pública “de un modo fuertemente crítico y, permítanme decirlo, manifiestamente injusto”. Añadió que si bien resulta sano y conveniente que las instituciones se auto observen y revisen, la discusión que de ello surja debe acometerse dentro de un marco serio e institucional, “y no detonado por la contingencia”.

“Una discusión de esta naturaleza debería abordar desde los mecanismos de designación de los consejeros, y la duración de los cargos, hasta la dotación de infraestructura necesaria para responder a las nuevas necesidades judiciales”, opinó.

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