La evolución de la migración en Chile seguirá en el centro de la discusión este año. Y no solo porque se espera que esta semana se presenten las indicaciones sustitutivas al proyecto de 2013, para retomar el debate en el Congreso con el fin de modernizar la legislación vigente (que data de 1975), sino porque también estará bajo la atenta mirada de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

¿La razón? El Estado está excedido en más de un año en el plazo para presentar su segundo informe período ante el Comité para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias (CMW, por sus siglas en inglés), en razón de la Convención Internacional de la ONU que ratificó nuestro país en 2005 (ver nota relacionada).

Entre el 9 y el 20 de abril, dicha instancia realizará su vigésimo octavo período de sesiones, en Ginebra, Suiza, en el cual está contemplado adoptar las listas de cuestiones previas a la presentación de informes períodicos de cuatro países, entre ellos Chile. Para ello, organizaciones de la sociedad civil como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre otros, ya hicieron llegar información que a su juicio debe ser considerada a la hora de la evaluación.

Las dudas y sugerencias

El principal hecho que recalcan las organizaciones que enviaron sus sugerencias es que a la fecha aún no se ha modificado la Ley de Extranjería, por lo que solicitaron consultar al Estado sobre la prioridad de legislar en la materia y la opción de que el proceso incluya participación de la sociedad civil.

Por otra parte, se hizo hincapié en que -contrario a la recomendación- las actitudes discriminatorias persisten, tomando como base la Casen 2015 en la cual el 28,4% de los hogares de origen inmigrante declaró que sufrió de ella o trato injusto en los últimos doce meses.

También se recalca el alza del tráfico de migrantes, señalando que subió 465% entre 2013 y 2017. Y en lo relativo a las expulsiones, se presentó el caso de los 169 ciudadanos haitianos que fueron detenidos en el aeropuerto por la Policía de Investigaciones (PDI) por cuatro días, lo que según el INDH se realizó en “condiciones precarias”, por lo cual se pidió estadísticas sobre estos procesos y sus razones.

Otros puntos donde se solicitaron definiciones dice relación con medidas para mejorar la calidad de los datos de los migrantes en el país, prohibiciones de ingreso, acceso a educación y vivienda, entre otros.

El paso siguiente es que el Estado elabore su propio informe sobre los avances en base a las observaciones que el comité presentó en su primer informe de 2011. De esta entrega dependerá si el examen se realizará en la sesión de septiembre de este año o queda para la de abril de 2019.

El retraso

Al entregar el reporte en 2011, el comité planteó presentar el informe período a más tardar en 2016, lo que no sucedió por varios motivos, entre ellos la elaboración del proyecto para modernizar la ley de migración que el gobierno de Michelle Bachelet finalmente envió al Congreso en agosto de 2017, pero que fue desechado por la actual administración.

A eso se sumó que el Programa de Derechos Humanos del país en esa época estaba transitando desde Interior a la Subsecretaría de Derecho Humanos que partió a inicios de 2017, lo que retrasaba la decisión sobre la autoridad encargada de responder las consultas de la ONU.

Lo anterior dejó en espera un borrador elaborado en 2016 -que nunca fue visado-, en el cual se resaltaban las medidas legislativas y administrativas tomadas para subsanar los reparos advertidos por la comisión, como la Ley contra la Discriminación, la creación del Consejo de Política Migratoria, la creación de la visa por motivos laborales y la misma creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otros.

¿Cómo nace y que busca el comité?

La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, es el instrumento internacional más amplio aprobado hasta la fecha en relación con los trabajadores migratorios y está basado en los textos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia.

Dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue adoptado en 1990 y entró en vigor en 2003 luego de ser ratificado por más de veinte estados miembros.

Cuenta con un comité encargado de examinar periódicamente -en general cada seis años- a los países miembros para confirmar la aplicación de los artículos de la Convención, que velan porque se garantice el trato, el bienestar y los derechos de los trabajadores extranjeros y sus familias y delimita las obligaciones y responsabilidades de los Estados interesados.

Antes de realizar una evaluación, el comité solicita a organizaciones de la sociedad civil e instituciones de derechos humanos de cada país presentar informes con datos relevantes, comentarios, dudas y sugerencias con el fin de alimentar las preguntas que se le harán al Estado, quien deberá responder los cuestionamientos en Ginebra, luego de lo cual la instancia realiza un reporte con observaciones finales que contienen sugerencias y recomendaciones.
Chile se incorporó a este acuerdo en 1993 y ratificó su contenido doce años después (2005), aunque con dos reservas relativas a los artículos sobre indemnización en caso de expulsión y a la doble tributación de ingresos y ahorros de los trabajadores migrantes.

El informe de 2011

Nueva ley de migración

Hace siete años el comité de la ONU advirtió la necesidad de modernizar la ley de migraciones y alentó al Estado chileno a asegurar que el proyecto que se estaba preparando en ese momento -que finalmente se presentó en 2013 y al que el actual gobierno otorgó urgencia simple- fuese adoptado "en un futuro cercano".

Recopilación de datos

Se reconocieron avances en la recopilación de datos sobre trabajadores extranjeros, pero se recomendó crear un sistema de información nacional sobre migración con una base de datos centralizada.

Expulsión

El comité manifestó su preocupación y el acceso insuficiente a recursos de apelación contra decisiones de expulsión, al indicar que el plazo del cual disponen es de 24 horas, el que calificaron de "muy exiguo". En esa línea, recomendó al Estado adoptar medidas para ampliar los plazos de representación de recursos y para que el marco jurídico que regula los procedimientos de expulsión y deportación se aplique adecuadamente.