Contraloría detalla al Senado contenido de decretos retirados por el Ejecutivo

A mediados de abril pasado se encendieron las alarmas en la oposición. ¿La razón? El gobierno de Sebastián Piñera había frenado 405 decretos y medidas administrativas en distintos ministerios, algunas de las cuales impedirían la implementación de normativas clave, particularmente en materia de educación, medio ambiente e inversión privada.

El 10 de mayo el Senado recibió de Contraloría el detalle del listado de los documentos retirados por el Ejecutivo, mismo que solicitaron los senadores Yasna Provoste (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD), preocupados por el efecto que la medida del Ejecutivo pudiera tener en la implementación de políticas públicas en diversas áreas.

Según el texto de 20 carillas entre los decretos cuya implementación se suspendió se encuentran los 361, 362 y 363 del Ministerio de Educación que designan a las universidades de Los Lagos, Arturo Prat y de La Serena como vinculadas a Centros de Formación Técnica (CFT) respectivos. Adicionalmente, paralizó el decreto 29, del mismo ministerio, que "fija remuneración total mínima para los profesionales de la educación que se desempeñen en los establecimientos educacionales subvencionados y de administración delegada, para el año 2018".

En lo que respecta a medio ambiente deja sin efecto una serie de decretos (como los 4, 6, 7 y 44 de 2018) que establecen planes de descontaminación para las ciudades de Los Ángeles, Concepción Metropolitano, Coyhaique y el valle central de la Provincia de Curicó.

Por otra parte, en este mismo ministerio se frenó una serie de decretos relativos a la creación de parques nacionales y áreas protegidas (2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 18 de 2018), entre otros, el que "crea área marítima costera protegida de múltiples usos Rapa Nui", de Seno Almirantazgo y Tortel. Con el retiro de estos decretos se echa por tierra el compromiso de la expresidenta Michelle Bachelet de convertir a Chile en el país con áreas protegidas más grandes de Sudamérica.

En cuanto a lo que los senadores que solicitaron el detalle de los decretos califican como inversión privada están aquellos que detuvieron algunas concesiones correspondientes al Ministerio de Energía, en cuanto a otorgar "a Gas Sur S.A. concesión definitiva de red de gas en las comunas de Lautaro y Temuco" (decreto 45 de 2018); "otorga a Abastible S.A. concesión definitiva de distribución de gas de red en la comuna de Valdivia" (decreto 44 de 2018); "otorga a Inversiones GNL Talcahuano SPA concesión definitiva de transporte de gas de red en la comuna de Talcahuano (decreto 48 de 2018); o el que "otorga a Transelec S. A. concesión definitiva para establecer la subestación eléctrica denominada 'Nueva S/E seleccionadora Quillagua 220 kv', en la comuna de María Elena" (decreto 49 de 2018".