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El día después de La Haya: lo que viene tras el contundente fallo a favor de Chile

Si bien se esperaba que el fallo de la Corte Internacional de Justicia se basara en el derecho internacional, sorprendió que fuera tan categórico a favor de la tesis chilena.

Por: Claudia Rivas A. | Publicado: Martes 2 de octubre de 2018 a las 04:00 hrs.
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Después de cinco años, el presidente boliviano, Evo Morales, vio desmoronarse las aspiraciones de una salida soberana al Océano Pacífico, que ha avivado durante los 12 años que se ha mantenido en el poder. Esto, luego de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) resolviera que “no puede concluir que Chile tenga obligación de negociar” con el vecino país.

Tras 75 minutos de lectura, el presidente de la corte, el juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, echó por tierra las aspiraciones de Bolivia al señalar que “la corte observa que Bolivia y Chile tienen una dilatada historia de diálogo, intercambios y negociaciones destinadas a identificar una solución apropiada a la mediterraneidad de Bolivia, tras la Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 1904; la corte, no obstante, no puede concluir, basándose en el material presentado a ella, que Chile tenga obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo por el que se le conceda a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico”.

Acto seguido señaló que “por consiguiente, la corte no puede aceptar el resto de los alegatos finales presentados por Bolivia, que se basan en la existencia de esta obligación”.

Al inicio, el presidente de la corte se tomó 12 minutos para exponer el contexto histórico que llevó a Bolivia a solicitar la intervención de la CIJ, tras lo cual fue rechazando uno a uno los ocho argumentos en que Bolivia basó la demanda por una salida soberana al mar contra Chile y “concluye que los documentos presentados por Bolivia no presentan obligación de Chile de negociar una salida al mar”.

Sin salida al mar

De hecho, en múltiples ocasiones el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf fue explícito y categórico en señalar que “no ha identificado una declaración, por parte de Chile, que implique una obligación de negociar una salida al mar” y que “el intercambio de notas no puede ser considerado como un acuerdo internacional”.

Incluso la corte desechó la declaración de Charaña –suscrita el 8 de febrero de 1975 entre Augusto Pinochet y Hugo Banzer- como una prueba de que nuestro país se habría comprometido a negociar una salida al mar con Bolivia, pese a que esta era una de las cartas más relevantes de la defensa boliviana. E hizo lo propio con la Agenda de 13 puntos impulsada durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, pese a que se mencionaba en ella la llamada “cuestión marítima”.

Tampoco se le dio algún valor negociador, ni mucho menos obligatorio, a las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) que supuestamente instaban a Chile a sentarse a negociar con Bolivia.

Fallo contundente

La contundencia del fallo fue decretada por 12 jueces a favor de la tesis chilena y tres en contra -el jamaiquino Patrick Lipton Robinson; el libanés Nawaf Salam; y el francés Yves Daudet (ver recuadro)-, lo que no dejó espacio a dudas respecto de que Chile no tiene obligación alguna de sentarse a negociar con sus vecinos altiplánicos una salida soberana al mar y puso en una incómoda posición al mandatario boliviano, cuya desolación se fue haciendo evidente en la medida de que el presidente del tribunal iba rechazando una a una las argumentaciones esgrimidas para obligar a Chile a negociar, misma que contrastaba con la seguridad de la delegación chilena, encabezada por el agente Claudio Grossman.

A pesar de todo, Morales advirtió que si bien en el fallo no se obliga a Chile a negociar, la corte sí hace una “invocación” a hacerlo y apunta al párrafo 176 de la sentencia, donde se establece que “los hallazgos de esta corte no deben ser entendidos como si impidieran a las partes continuar su diálogo”. Piñera, en tanto, lo acusó con dureza de haber “creado falsas expectativas a su propio pueblo” y de que a nosotros “nos ha hecho perder cinco años de negociaciones”.

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Los tres jueces que votaron a favor de Bolivia

  1. En un juicio en La Haya, si entre los magistrados titulares no hay ninguno de la nacionalidad de las partes, éstas pueden designar un juez ad hoc. Así es como Bolivia nombró en 2017 al francés Ives Daudet. El experto es profesor de Derecho Internacional de la Univ. de París Panteón Sorbona y fue durante doce años secretario general de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Además es el agente de Bolivia en la causa por el río Silala. Un dato: En 2012, durante el juicio interpuesto por Perú contra Chile, el gobierno chileno lo condecoró con la Gran Cruz de la Orden de Bernardo O'Higgins.

  2. El jurista Patrick Robinson es el único jamaicano y el segundo caribeño en servir en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en sus 70 años de historia. Robinson estudió su pregrado en Jamaica y luego en Reino Unido. Su elección reconoció una larga carrera en el mundo legal: Desde 2008 a 2011 fue presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia y en 2004 presidió el juicio contra Slobodan Milosevic, el expresidente yugoeslavo juzgado por crímenes de guerra.

  3. El último en integrarse a la CIJ fue el libanés Nawaf Salam. Durante 10 años y hasta 2017, fue el representante de su país en la ONU. En 2010 y 2011 fue el representante de Líbano en el Consejo de Seguridad. Con un doctorado en historia de La Sorbonne y otro en el Institut D'études Politiques de Paris y un LLM en Harvard, Salam (64 años) fue nombrado juez de la CIJ en febrero de 2018.

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