Actualidad

Libertad y Desarrollo propone cambios legales al impuesto a los bienes raíces

Recalca que debe avanzarse hacia un cobro por los servicios entregados por los municipios.

Por: | Publicado: Miércoles 2 de mayo de 2018 a las 04:00 hrs.
  • T+
  • T-

Compartir

Una propuesta de cambio a la forma en que se aplica el impuesto territorial en el país -más conocido como contribuciones- formuló un análisis de Libertad y Desarrollo (LyD).

En el entendido que se trata de un debate recurrente, el planteamiento se da en medio de la polémica que se produjo a fines de marzo entre el gobierno y la oposición, luego de que el Ejecutivo moderara -vía decreto- el alza del tributo definida por el gobierno anterior tras el reavalúo de las propiedades no agrícolas.

El planteamiento de LyD parte señalando que si bien el impuesto territorial existe en casi la totalidad de los países, es uno de los “más impopulares”. Esto, pues no grava los flujos de rentas de los contribuyentes sino su patrimonio, ya que el gravamen se paga sobre un porcentaje del valor fiscal de las propiedades, determinado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La idea del instituto apunta a avanzar desde un esquema de un tributo al patrimonio, a uno en que se cobre por los bienes y servicios locales que entregan las municipalidades al entorno en el cual se encuentra ubicada la propiedad, “asumiendo también el municipio un rol más activo en cuanto a la fijación y, por ende, recaudación del mismo”, dice LyD.

Principal fuente de recursos

¿La razón? El impuesto territorial es de beneficio de los gobiernos locales, siendo su principal fuente de financiamiento.

En concreto, según LyD, el año pasado las municipalidades recibieron $ 1.170 billones por el pago de contribuciones, lo que representa un 27% de los ingresos de las arcas municipales.

De lo recaudado, el 60% se destina al Fondo Común Municipal (FCM), quedándose solo el 40% de los recursos en el municipio. Sin embargo, en el caso de comunas de mayor patrimonio como Las Condes, Providencia, Santiago y Vitacura, dicha proporción asciende a 65% y 35%, respectivamente.

LyD argumenta que al ser la mayoría de los recursos destinados al FCM, en la práctica los contribuyentes no financian al municipio en el cual está su propiedad, sino que sustentan el sistema en su conjunto: “Ello relativiza la relación directa entre el pago de contribuciones y lo que se percibe a partir de ello desde el municipio, relación esencial tratándose de financiamiento de gobiernos locales”.

Lo más leído