Ministro Campos rechaza críticas a creación de 100 nuevas notarías y dice que son "una muy buena noticia para la ciudadanía"

Tras conocerse los detalles del decreto para crear 100 nuevas notarías en el país se desató una ola de cuestionamientos frente a un eventual aprovechamiento político, para ubicar en esos cargos a personas cercanas al gobierno. Situación que prontamente llevó al ministro de Justicia, Jaime Campos a salir al paso de las críticas.

El personero se defendió señalando que "cada vez que se provee (estos cargos) la Corte de Apelaciones llama a concurso público. Son las cortes las que revisan esos antecedentes. Hay audiencias públicas en las que escuchan a todos los candidatos. Y ahí le hacen llegar al ministerio una terna", aclaró.

Asimismo, dijo que cuando asumió el cargo se estableció que uno de los objetivos era mejorar el acceso a los servicios de justicia a los que accede la comunidad, particularmente los notariales.

"Revisamos la posibilidad de crear nuevos cargos en esta área para crear mejores condiciones de competencias entre los distintos actores, dado que evidentemente existen niveles de concentración", dijo el ministro.

Por lo anterior, pidió informes a todas las Cortes de Apelaciones, los que arrojaron una sobrecarga de trabajo en esos servicios e incluso revelaron zonas dentro de la misma Región Metropolitana donde no hay notarios.

Por lo tanto, agregó que estos nuevos organismos "son una muy buena noticia para la ciudadanía, ya que se va a generar una mayor competencia, por lo que espera que se exprese en una reducción de costos para sus usuarios".

Con todo, el decreto de creación de estas nuevas entidades -publicado hoy por Radio Bío Bío- define, por ejemplo, la creación de 22 nuevas notarías para Santiago, nueve para San Miguel, además de otros nueve CBR (Conservador de Bienes Raíces) y archiveros judiciales fusionados para esa jurisdicción.

Este anuncio justo se da luego de que, ayer, la Fiscalía Nacional Económica anunciara el inicio de un estudio del mercado de notarios por los cuestionamientos que existen a estos servicios en materia de competencia y transparencia.