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Oposición decide tomar riesgo electoral y evitar alza en la gratuidad de la educación

Parlamentarios de Chile Vamos anunciaron indicaciones para evitar que beneficio suba al 60% de sectores más vulnerables.

Por: Á. Chávez y A. Contreras | Publicado: Miércoles 19 de julio de 2017 a las 04:00 hrs.
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Por la vía de indicaciones los senadores de Chile Vamos esperan revertir la decisión adoptada el lunes por la Cámara de Diputados, que en el marco de la aprobación del proyecto de ley de Educación Superior, dio luz verde al aumento de la gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables del país.

La ofensiva que emprenderán los legisladores de oposición –una vez que el proyecto inicie su discusión en la Cámara Alta- también busca dar cumplimiento al compromiso asumido por el candidato presidencial del sector, el exmandatario Sebastián Piñera, quien ha dicho que dejará la gratuidad acotada al 50% y que adicionalmente se empleará un mecanismo de becas y créditos “blandos”.

Así lo anticipan senadores de la coalición opositora y cercanos al abanderado, admitiendo de paso que si bien puede ser una medida que podría tener efectos electorales están dispuestos a dar el paso convencidos que los recursos que se invertirán en dicha gratuidad pueden ser destinados a otras necesidades que tiene el país como son los niños del Sename, los temas de salud, entre otros.

“Este gobierno dejó al país semi quebrado y no hay más recursos para poder avanzar más allá del 50% de la gratuidad. Un buen presidente tiene que priorizar”, explicó el senador Alberto Espina (RN) confirmando que “vamos a presentar indicaciones para que sea el 50%”.

En la misma línea, el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, reconoció que si bien él es partidario de la gratuidad para el 60% de los estudiantes más vulnerables, éste avance debiera hacerse efectivo en 2019 y destinar en lo inmediato los recursos que permiten ampliar la gratuidad -que estima en algo así como US$ 340 millones- a financiar otras urgencias.

Por lo mismo, el parlamentario gremialista apuesta a que el Senado cambie en buena medida el proyecto de ley que incluye entre otros aspectos este avance en materia de gratuidad, pues considera que la iniciativa impulsada por el gobierno “tal como está es impracticable”.

“Vamos a hacer indicaciones (...) Nos parece que es como la fijación de un impuesto de afectación específica, que es contrario a la Constitución (…) Eso no se puede hacer en Chile y vemos que es una fórmula más sofisticada -si quieren-, que va a obligar a que el crecimiento de los próximos 60 años se tenga que ir a financiar la gratuidad universitaria, lo cual nos parece que regresivo e injusto”.

Consultado por las consecuencias de la postura de los parlamentarios de oposición para las aspiraciones electorales del sector y su propio candidato, Bellolio argumentó que “las personas saben que necesitamos priorizar y no puede ser que los que estén primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en la fila sean los estudiantes universitarios. La propuesta del gobierno no es sólo el 60%, es el 100% en 6 años y eso significa gastar US$ 1.300 millones sólo en el 20% de mayores recursos, eso es profundamente injusto”.

Desde el gobierno, en tanto, la ministra del ramo, Adriana Delpiano, defendió lo realizado en la Cámara Baja, relevando el hecho de que este avance en materia de gratuidad quede establecido en una ley que “solo otra ley podría cambiar, por lo que supone tener la decisión política de echar para atrás y tener las mayorías en el Parlamento para poder revertir una situación así”, cuando además se trata de una de las “medidas lejos de la mejor recibida por la ciudadanía”.

500 mil chilenos le adeudan US$ 3.323 millones a la banca

Ha sido público el rechazo que ha manifestado la Asociación de Bancos ante la posibilidad de eliminar el CAE, a pesar que algunos ejecutivos de la industria señalan que en el último tiempo han tenido resquemores en participar de los procesos de licitación de la carteras de crédito con garantía estatal (CAE). ¿La razón? El posible daño a la imagen al banco ha sido el gatillador de esta reticencia.

No obstante, ello no se notó en el apetito por participar del último proceso, como fue el caso de Itaú, Banco Internacional y BancoEstado. Desde éste último, frente a la posible eliminación del CAE, señalaron que "siempre estaremos apoyando cualquier decisión que impulse el Estado para permitir mejor y mayor acceso a la educación de las personas".

A marzo de este año, según los datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se mantienen 542.234 personas comprometidas con este instrumento, que suman una deuda global por US$ 3.323 millones, mientras que son seis instituciones las que participan en el financiamiento mediante la Ley 20.027.

Quien lidera en términos de montos es BancoEstado con US$ 976,1 millones, seguido de Itaú-Corpbanca por US$ 974,2 millones, Scotiabank con US$ 907,8 millones, Bci con US$ 272,2 millones, Banco Falabella con US$ 125,2 millones y finalmente Santander con US$ 67,4 millones.


 

LyD: sin gratuidad, Fisco tendría holguras positivas de US$ 3.700 millones a 2020

¿En qué estado se encontrarían las cuentas fiscales sin el gasto de la gratuidad en la educación? Esa fue la pregunta que buscó responder el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) en medio del debate por la reforma a la educación superior. Según una presentación de la economista del centro de pensamiento, Carolina Grünwald, ante la comisión de Hacienda de la Cámara, descontando la gratuidad dentro del gasto comprometido, el Fisco pasaría de tener holguras negativas (o sea, que el nivel de desembolsos ya comprometidos son mayores que la meta compatible con el balance estructural) de US$ 1.783 millones entre 2018 y 2020, a tener un saldo favorable de US$ 3.783 millones en el período.

Conforme a datos extraídos del Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el próximo año el gasto público para solventar la gratuidad superará los US$ 1.400 millones, para luego ascender a más de US$ 1.800 millones en 2019 y US$ 2.263 millones el 2020.

"En el ejercicio hipotético de sacar la gratuidad del gasto comprometido, daría espacio a una posición fiscal claramente más sólida", señala Grünwald en su presentación. LyD advierte en el reporte que incorporar al sexto decil a la política de gratuidad costará más de $ 620.000 millones, un 83% de lo que hoy se gasta en el mismo beneficio para los cinco primeros deciles de ingreso: más de $ 747.000 millones.


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Beatriz Sánchez: "Se perpetua la educación como un negocio"

 "Son días tristes, son días tristes respecto a lo que nosotros pensamos debería ser la educación superior en Chile". Así recibió ayer la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, la aprobación de la Cámara Baja para que el 60% población más vulnerable pueda acceder gratis a la educación superior.

"La votación de ayer (lunes) justifica Frente Amplio, que exista una distinta de lo viviendo hoy día decisión para la educación superior en Chile", manifestó desde las del Congreso. que "se profundiza una forma de entender la educación cuando se habla estudiantes que van endeudados, habla de estudiantes que no van a llegar gratuidad como comprometió gobierno, estamos hablando no solamente de estudiantes, sino de familias completas que ven hipotecado parte importante de su futuro".

Respecto a la decisión sobre el CAE, Sánchez expresó que "hoy día no solamente se va perpetuando un sistema que tiene la educación como un negocio, sino que además deja a los bancos como parte de ese negocio".

Concluyendo que tras el incumplimiento del gobierno con la gratuidad universal deriva en "un proyecto que viene digitado más desde el Ministerio de Hacienda más que del Ministerio de Educación y no es el proyecto que las familias chilenas estaban esperando".


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Carolina Goic: "Tenemos que dar garantías de continuidad"

Con alegría recibió la noticia la senadora Carolina Goic y actual candidata a la presidencia respecto a la aprobación del aumento de la gratuidad en la educación superior en la Cámara Baja, esperando de que ésta pase a una "pronta tramitación en el Senado", indicó.

"Yo he señalado que es una de las políticas que tenemos que cuidar, donde tenemos que avanzar progresivamente pero dar garantías de continuidad", manifestó la timonel de la Democracia Cristiana, tras encuentro con Comunidad Mujer para tratar temas de género.

Sin embargo, expresó sus reparos respecto a otros candidatos que quieren detener el proceso, manifestando la importancia este proyecto tiene las familias.

Consultada sobre la indicación que evita la eliminación del CAE, mientras no exista un reemplazo para éste, aspirante al sillón presidencial puntualizó que "tenemos que buscar un mecanismo que no incorpore a la banca, que garantice que las familias no queden endeudadas, y, en esa línea, espero que avancemos a una solución concreta y que quede instalada en este gobierno".

La candidata falangista expresó sus intenciones de seguir avanzando hacia un 70%, con la esperanza que el ritmo hacia la gratuidad sea "un avance gradual y responsable, y que garantice el financiamiento", de esta forma "garantizando gasto permanente con financiamiento permanente".


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Guillier tomará la posta para avanzar en cobertura universal

Llevar la reforma educacional al aula para dignificar el rol del profesor y tomar la posta que dejara este gobierno en materia de gratuidad, de modo de avanzar lo más rápidamente posible hacia la gratuidad universal es el compromiso del candidato presidencial del PS-PRPPD- PC-IC y MAS, senador Alejandro Guillier.

Así lo explicitó la vocera del comando, la diputada PC Carol Kariola: "Llegar al 60% de la gratuidad, cuando el desafío es la gratuidad universal, es solo un paso, no es la solución completa a la propuesta que tuvimos inicialmente. Sin embargo, hoy estamos absolutamente disponibles para tomar la posta de este desafío, como gobierno".

La diputada advirtió que "el futuro de nuestro país y particularmente de nuestros estudiantes no puede ser incierto y esta ley ayuda a eso, a que se vayan estableciendo ciertas garantías, entre ellas que hoy la gratuidad no va a depender de una glosa ni de la voluntad de un gobierno, sino que va a estar establecida por una ley que la resguarda".

No obstante Cariola reconoció que aún "falta buscar los mecanismos para que esto tampoco dependa de las voluntades políticas, y particularmente de todos los factores que influyen en el PIB tendencial, que es lo que más nos preocupa para poder avanzar más rápidamente en la gratuidad universal. Ese es nuestro desafío, buscar ese mecanismo".

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