Pago oportuno: gobierno define fórmulas para destrabar proyecto

Días clave vivirá en el Congreso el proyecto que pretende impulsar el pago a los proveedores en 30 días. La iniciativa será vista esta tarde y mañana por la comisión mixta, instancia que zanjará las divergencias que surgieron entre la Cámara de Diputados y el Senado durante su tramitación.

Si bien previamente algunos aspectos, como la redacción misma del plazo y el incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales ya fueron aprobados, las piedras de tope siguen estando en dos aspectos claves del proyecto. La primera, la posibilidad de que las partes acuerden un plazo mayor a los 30 días; y la posibilidad de prohibir el uso del IVA Crédito a la empresa mandante mientras no se comprueba el pago de la factura respectiva. Sobre este último punto, el proyecto no explicita la prohibición, sino que fija un plazo de doce meses al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que informe sobre la factibilidad técnica de establecer dicho sistema.

Trabajo con asesores

Desde el Ministerio de Economía están abocados a la aprobación del proyecto. Para ello, ayer sostuvieron una reunión con asesores de la comisión mixta, además de representantes de gremios de emprendedores como la Asech (ver recuadro), donde el acuerdo entre las partes concentró la mayor parte de los esfuerzos.

Por el lado de la cartera que lidera José Ramón Valente, estuvo presente la jefa de asesores, Michelle Labbé.

Conocedores de la cita afirmaron que el Ejecutivo considera acotar a 120 días el plazo máximo para que los privados puedan acordar un plazo distinto a los 30 días, resguardando que su redacción aplique para casos excepcionales. Además, se propondría la creación de un registro público de aquellas compañías que pacten acuerdos superior al plazo establecido, para lo cual el Ministerio habilitará un sitio web en su portal institucional.

En caso de que la empresa mandante incumpla dicho acuerdo extraordinario, el interés moratorio comenzará a regir desde el día 121.

¿Letra muerta?

Algunos de los integrantes de la comisión mixta -que se oponen a aprobar el acuerdo entre las partes- no recibieron bien la idea de que el plazo extraordinario sea tan amplio.

“Puede ser un avance, pero a mi juicio 120 días sigue siendo mucho”, expuso el senador PPD, Felipe Harboe.

A su juicio, el sentido del proyecto “es que las empresas paguen en un plazo menor al que hoy día están pagando, y si se ponen los 120 días, qué pequeño empresario puede aguantar cuatro meses pagando facturas, sueldos y el IVA sin que la empresa grande la haya pagado”.

Además, considera que resolver el plazo para que el SII informe sobre la factibilidad de prohibir el uso del Crédito IVA es “incluso mayor”, ya que en su visión “es importante que el SII nos garantice que este tipo de medida tiena una aplicación práctica, porque no sacamos nada con aprobar algo que después sea letra muerta”.

Una visión similar tuvo el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, quien aseguró que “tenemos que hacer concordar el título con el proyecto, donde el título dice pago a 30 días”.

En su análisis, el plazo mayor superior a 30 días “tiene que quedar acotado, pero acotado no mucho más allá del plazo del proyecto”.

Naranjo también cree que la definición por parte del SII sobre el no uso del IVA Crédito “no lo podemos dejar pendiente. Si vamos a hacer una ley, hagámosla bien hecha aunque nos demoremos un poquito más, pero que sea concordante en todos sus aspectos”.

Mustakis: "Es clave tener un articulado estricto y
acotado para el acuerdo entre las partes"

Desde la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) han seguido de cerca la tramitación de la iniciativa pago oportuno y, en particular, la redacción de cada artículo.
La idea, explica presidenta del gremio, Alejandra Mustakis, es que el "proyecto de ley salga lo mejor y antes posible", en un marco donde buscan que "ambos sectores políticos lleguen a un consenso en pro de las pymes del país y así buscar la transversalidad del proyecto".
La dirigenta destacó que el artículo que define el plazo máximo de pago como de '30 días corridos desde la recepción de la factura', "ya es un tremendo paso legal".
Eso sí, reconoció que "existen excepciones, pero el espíritu del proyecto es que exista un plazo ético y máximo de 30 días como norma general".
Sobre cómo debe redactarse el acuerdo entre las partes, dijo que se está trabajando bajo la lógica de que sean situaciones excepcionales.
Respecto del no uso del IVA Crédito, explicó que "para nosotros es el principal incentivo" para asegurar el pago en el plazo legal, y añadió que "como aún no será definitivo, es clave poder tener un articulado bien estricto y acotado para los "acuerdos de parte" y que esto sea realmente una excepción y no la regla general"
A su juicio, hasta ahora "en la práctica podría prestarse para abusos o contratos de adhesión por las asimetrías que existen en el mercado", y estimó que en la redacción de la iniciativa se debe establecer la prohibición directa de su uso hasta no asegurar el paso y que "luego que el SII vea su forma de aplicarlo".