Piñera buscará un acuerdo nacional para impulsar su programa por US$ 14 mil millones

Definitivamente, la agenda del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, le sigue haciendo guiños a la administración del fallecido expresidente de la República, Patricio Aylwin (DC).

Como parte de la "segunda transición" a la que invitó hace unos días, su programa de gobierno 2018-2022 que se presentará hoy considera convocar a las diversas fuerzas políticas, a la sociedad civil y a todos los chilenos para avanzar en una serie de "grandes acuerdos por Chile" en temas como delincuencia, narcotráfico y terrorismo; salud y pensiones; búsqueda de una solución al conflicto en la Araucanía; modernización del Estado; la prioridad por los niños y una educación de calidad; un crecimiento económico sustentable y una propuesta para enfrentar la revolución tecnológica.

"En nuestro gobierno La Moneda volverá a ser un espacio de encuentro y diálogo", se lee en uno de los pasajes de las 124 páginas que configuran la hoja de ruta de una eventual segunda administración del abanderado opositor, la que incluye un total de 745 medidas en sus cuatro capítulos en torno a 35 grandes tópicos con un costo total de US$ 14 mil millones; y dos cartas, una de su autoría y la otra de su esposa, Cecilia Morel.

En el mismo documento se asume que la "tarea no será fácil ni sencilla", que requerirá "unidad, generosidad y responsabilidad", comprometiendo -de paso- el combate a la demagogia, la improvisación y el populismo.

"Prometeremos sólo lo que creemos poder cumplir", se afirma antes de ratificar el próposito de hacer de Chile una nación con desarrollo humano integral.

"Venimos a construir y no a demoler. A poner patines y no a quitarlos", se refuerza. Y como punto esencial está el mejoramiento de las políticas públicas, que en el ámbito económico implicará establecer una "Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión".

En algunos sectores, como la minería, los cambios se conformarán con el apoyo de comisiones asesoras y, en el entendido que se trata de un programa pensado para ocho años, se propone establecer un "Consejo del Futuro", asesor del Presidente de la República y compuesto por los exmandatarios, premios nacionales y ciudadanos ilustres nacionales y extranjeros, que entregue orientaciones estratégicas para que Chile alcance un desarrollo humano integral.

Las cifras en la mesa

El comando de Piñera aclaró que el costo fiscal de US$ 14 mil millones representa alrededor de un 5,5% del PIB de un año, y en régimen el programa implicará un gasto para los años posteriores a 2022 de US$ 4.800 millones, es decir, un 1,8% del PIB anual.

Las áreas que concentran el gasto son "Envejecimiento positivo y pensiones dignas" con US$ 3.000 millones (21,4%), la agenda de desarrollo económico para "Un país que crece y crea empleos de calidad" con US$ 2.800 millones (20%), "Infraestructura" con US$ 2.000 millones (14,3%), "Cirugía mayor a la salud" con US$ 1.500 millones (10,7%), "Mejoremos la educación en la sala de clases" con US$ 1.500 millones (10,7%), la agenda agrícola con

US$ 600 millones (4,3%), deporte con US$ 500 millones (3,6%), y "Ciencia, innovación y Emprendimiento" con US$ 400 millones (2,9%).

La reforma al sistema de pensiones, que considera el alza del Pilar Solidario, un nuevo subsidio a la clase media y a las mujeres, los incentivos para postergar la edad de jubilación, más aumento de cotizaciones de los funcionarios públicos, equivale a US$ 3.000 millones.

La corrección de la reforma tributaria, que implica incentivos para el ahorro y la inversión, demandará US$ 2.700 millones.

Mientras el plan Chile Invierte 2025, efectuado principalmente a través de concesiones, significará US$ 2.000 millones; el relativo a hospitales y la reforma a la atención primaria, que incluye retomar las concesiones hospitalarias, serán US$ 1.000 millones.

Se analizará ampliar período presidencial o permitir reelección

El programa de Piñera incluye una serie de hitos en materia de institucionalidad del Estado, siendo la más llamativa la que apunta a ampliar el período presidencial de cuatro o seis años, o -como alternativa- permitir la reelección inmediata del gobernante por una sola vez.

Públicamente la carta de Chile Vamos ha señalado que de llegar a La Moneda buscará proyectar su programa de gobierno a un período más allá de una administración de cuatro años, apuntando a una de ocho años.

También se propone "flexibilizar" la orgánica del poder Ejecutivo, facultando al presidente para reorganizar por una vez, al inicio de su mandato, los ministerios y la dependencia de servicios públicos "en conformidad con sus prioridades".

En materia parlamentaria, se propondrá una reforma al gobierno corporativo del Congreso, reducir a 120 diputados y a 40 senadores su composición y, en una materia que promete generar discusión, limitar la reelección parlamentaria, hoy ilimitada.

En el régimen de urgencias parlamentarias, se buscará permitir que éstas sean calificadas por la cámara respectiva e impedir que se utilice más de un número determinado de urgencias por comisión. Se propone restringir su presentación en períodos previos a elecciones "para evitar su aprovechamiento político y el abuso de las facultades exclusivas del Ejecutivo".

Asimismo, se introducirá la iniciativa popular de ley y se institucionalizarán los plebiscitos regionales.

En materia constitucional, se realizarán modificaciones al artículo 19 de la Carta Magna sobre derechos y deberes constitucionales.

Se reemplazará la Ley Reservada del Cobre y Codelco tendrá una "política de dividendos"

La Ley Reservada del Cobre será reemplazada en un eventual segundo mandato de Sebastián Piñera. La norma, que establece que el 10% de las ventas brutas de Codelco se destinan a las Fuerzas Armadas, dará pasó a un mecanismo de financiamiento estable y plurianual y a un fondo de contingencia estratégica y un piso mínimo garantizado.

Como contraparte, se definirá una política de dividendos estable a largo plazo para la cuprífera estatal, de modo que el monto base sea representativa de las utilidades de la empresa.

Este compromiso se inserta en la profundización que se le quiere dar a la autonomía de Codelco, incluida más independencia a su gobierno corporativo respecto de los cambios en La Moneda. También se anuncia el perfeccionamiento del marco regulatorio de la firma, reforzando el rol especializado de la Comisión Chilena del Cobre y aclarando el rol fiscalizador especial de la Contraloría General de la República.

Además, se definirá un programa de inversiones "realista y al alcance de los recursos disponibles, acompañado de una fuerte prioridad en obtener el máximo rendimiento de los activos existentes".

Todo lo anterior bajo la lógica de posicionar al sector minero como un motor de recuperación económica y de empleo. De hecho, se anuncia la creación de una comisión asesora presidencial para elaborar una política nacional del sector 2018-2050.

Otras ideas apuntan a aumentar la parte del royalty minero asignada a los gobiernos regionales para actividades de innovación y al Fondo de Inversión y Reconversión Regional e incentivar los aportes de las empresas mineras a municipalidades, ONG y comunidades vecinas.

Educación: eliminar el CAE y nuevo sistema de becas y créditos de orden estatal

En cuanto a la educación superior, se propone la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE), siendo reemplazado por un sistema de becas y créditos que será administrado por el Estado, y con préstamos sin intervención de la banca, con una tasa del 2% real anual, y cuyo pago será contingente al ingreso y de forma progresiva, sin exceder el 10% de la renta. La deuda se condonará al cabo de 15 años.

El programa toma como concepto "poner a los niños primero en la fila", en clara alusión a la bandera de campaña del excandidato presidencial Felipe Kast, respecto a sus medidas en educación parvularia, que apunta a "establecer el acceso universal y gratuito a la educación parvularia".

En este nivel de enseñanza se propone diseñar y poner en marcha un sistema de aseguramiento de la calidad, que irá de la mano con una subvención regular y preferencial, que plantea permitir a todos los niños a partir de los dos años ingresar a este tipo de establecimiento. El programa estima que alrededor de 500 mil niños se verán beneficiados por esta medida.

Continuando con educación escolar, el eje de esta propuesta será la construcción de un Plan Nacional de Calidad, que se hará cargo de los principales desafíos que se describen en el diagnóstico del programa de gobierno.

El plan además contempla la defensa del copago voluntario, y la creación de la aplicación "Tu Escuela" para conectar datos del recinto y el alumno desde los celulares.

Respecto a los métodos de enseñanza, se plantea la creación de una Red Pública de Excelencia Escolar, con tal de recuperar la calidad de los Liceos Emblemáticos y ampliar a 300 los Liceos Bicentenarios, con énfasis en los Liceos Técnico Profesionales. Este plan contempla un gasto de US$1.500 millones, que es el 10,7% del costo del programa de gobierno.

Migración: más derechos y causales de expulsión

La migración ha sido uno de los temas de debate en el último año, en medio del incremento de la población extranjera en el país. El gobierno envió en agosto al Parlamento un proyecto de ley que reforma la Ley de Migración.

En el capítulo dedicado a esta materia en su programa de gobierno, el expresidente Piñera plantea que es "urgente" actualizar la normativa, generando una política que "promueva" la migración regular como "camino para integrarse plenamente en Chile", eliminando las barreras que enfrentan quienes buscan desarrollar en nuestro país sus proyectos de vida, "pero excluyendo a quienes abusan de esta oportunidad dedicándose a actividades reñidas con la ley".

Coherente con aquello, el programa propone hacer "más expedita y menos burocrática" la expulsión de aquellas personas que, no teniendo arraigo, incumplan "gravemente" las normas chilenas.

"Esto, sin perjuicio de los procesos judiciales que deban enfrentar en Chile", señala el documento.

"Se propone avanzar hacia controles eficientes de quienes ingresan al país, rechazando a los que tengan antecedentes penales, judiciales o sean parte de redes de narcotráfico o delitos transnacionales", señala el texto.

Araucanía: reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas

El documento deja un espacio importante para atender los problemas en la Región de La Araucanía, en que recalca que es "imperioso enfrentar en todas sus facetas la situación tanto de los pueblos indígenas en general, como del pueblo mapuche, y La Araucanía, buscando soluciones basadas en el diálogo, la reparación, el reconocimiento y el progreso".

Uno de los primeros puntos atiende a un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de cada pueblo, que plantean representación.

Otra de las medidas contempla un catastro definitivo de tierras, para confeccionar un Registro Público de Tierras y Aguas Indígenas, y que llevará a una evaluación de la política actual para la entrega de tierras como mecanismo de reparación reconocido y comprometido por el Estado.

Para impulsar el desarrollo económico,se permitirá la administración de parques nacionales -que estén en área de desarrollo indígena- por parte de las mismas comunidades. Asimismo, se promoverá la inversión en la región creando un sistema de garantías y crédito, que permita a los emprendedores indígenas acceder a recursos para sus proyectos. Este financiamiento irá acompañado de un sistema de apoyo técnico, tanto del Estado como del sector privado.

Las eléctricas deberán compensar y sanitarias tener planes de emergencia

Fresca en la memoria de los santiaguinos está la primera quincena de julio, cuando la nevazón en la región Metropolitana dejó a miles de capitalinos sin electricidad durante una semana. Si bien el episodio no se aborda explícitamente en el programa, sí se hace referencia a un tema clave para los consumidores: las compensaciones por la interrupción del servicio.

En el capítulo sobre energía, se propone "revisar y modernizar" la regulación del segmento de distribución, con el objeto de lograr "mejores niveles de calidad y seguridad de suministro". Junto a esto, se incluye "exigir" que las empresas distribuidoras cuenten con planes de contingencia para hacer frente a los cortes de suministro y establecer mecanismos "ágiles" de compensación a los consumidores cuando corresponda.

Otra de las industrias que ha estado en la polémica por la discontinuidad del servicio ha sido la sanitaria. En este tópico, el programa establece exigencias para las concesionarias, destacando el establecimiento de un programa "obligatorio" de gestión de emergencias para las compañías del sector para "enfrentar el impacto del cambio climático" en los servicios sanitarios.