Reforma tributaria: Gremio PYME propone que boleta electrónica sea voluntaria para contribuyentes con ventas bajo 3 mil UF

"Reforma tributaria: una mirada país desde el aporte de la PYME". Así se tituló el seminario realizado la mañana de hoy por la Universidad SEK, en conjunto con la Corporación de Investigaciones Sociales (CISO) y la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa y Empresarios, Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de Chile (Unapyme).

La cita convocó a diversos expertos en la materia, como los coordinadores del Ministerio de Hacienda y cerebros técnicos del proyecto, Manuel Alcalde y Carolina Fuensalida; el asesor de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Carlos Boada; y el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII (Afiich), Juan Apablaza.

El punto principal del debate fue la recaudación de la boleta electrónica, la integración del sistema y los beneficios del régimen de Cláusula PYME.

El presidente de Unapyme, Juan José Medel, abrió el foro proponiendo una serie de modificaciones a la propuesta del Ejecutivo. La principal, que la boleta electrónica sea "voluntaria" para los contribuyentes con ventas anuales por hasta 3 mil UF ($ 82,6 millones cada 12 meses).

"Otra buena idea es que el Impuesto de Primera Categoría sea opcional para las PYME y que se puede optar a pagar impuestos finales (Global Complementario)", expuso Medel.

El turno fue después para los representantes del gobierno. Fuensalida realizó un repaso del proyecto, asegurando que lo "importante" es que se produzca diálogo con los distintos actores involucrados en la propuesta.

"Debo decir que me provoca frustración que se hable solo de la integración y de la boleta electrónica. El proyecto es infinitamente más que la integración del sistema", aseguró Fuensalida, quien hizo un llamado a aprobar la idea de legislar de la iniciativa, en medio de posturas de legisladores de oposición a rechazar en general el proyecto.

"Botar a la basura el proyecto de ley sería una pérdida para todos y una mala noticia para el país", dijo Fuensalida.

Luego fue el turno de Alcalde, quien se sentó en el papel con Boada y Apablaza para abordar el impacto de la iniciativa en las PYME. El abogado reafirmó el discurso del Ejecutivo de que apenas el 24% de las empresas de menor tamaño se beneficia del 14 ter aprobado en la reforma del gobierno anterior, por lo que alrededor de 700 mil PYME no tiene los beneficios de una tasa de impuestos rebajada y la posibilidad de llevar contabilidad simplificada, entre otras medidas.

Boada, por su parte, reconoció que si bien están de acuerdo en los "principios" de la reforma, como la simplificación del sistema para las PYME, hay "discrepancias" en los mecanismos para lograr dicha meta.

"Hasta ahora he visto una discusión elitista, ya que se ha puesto énfasis solo en la integración y la boleta electrónica", criticó. Junto con esto, aseguró que no ve como una solución el establecer "márgenes de la industria" para calcular la tributación de las empresas con ventas hasta 10 mil UF.

"De lo positivo rescato la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), el silencio positivo que ese establece en las consultas de los contribuyentes al SII y los cambios en las normas de relación de las PYME. Yo coincido en que sería triste para el país que se rechazara la idea de legislar", aseguró el experto.

Más duro fue Apablaza, quien señaló que "más que una modernización, este proyecto es una reforma tributaria".

"Quiero ser claro: el objetivo fundamental de un sistema tributario no es la recaudación, sino la redistribución de los ingresos, el objetivo de un sistema tributario debe ser emparejar la cancha", señaló el dirigente gremial.

Apablaza también se mostró crítico de las modificaciones a las categorías de gastos aceptados para producir la renta que incluye la reforma, la que podría ampliarse a gastos en responsabilidad social empresarial e indemnizaciones, entre otros.

"En 2016 el 98% de los gastos rechazados, uno US$ 900 millones, correspondieron a grandes empresas. ¿Qué hay detrás de esto? Seamos claros: los gastos rechazados no recaen sobre las PYME", aseguró el titular de los fiscalizadores del SII.