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Reforma tributaria: norma antielusión concentra la crítica de expertos y Hacienda prepara aclaración

Sólo el ex asesor de la cartera Francisco Saffie defendió la normativa. Parlamentarios advierten que recién el 20 de enero el texto pasaría al Senado, retrasando la tramitación hasta marzo.

Por: Sebastián Valdenegro Toro | Publicado: Miércoles 30 de diciembre de 2015 a las 04:00 hrs.
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El proyecto de ley que simplifica la reforma tributaria vuelve a tomarse la comisión de Hacienda de la Cámara la próxima semana: el martes 5 votará en general la iniciativa, mientras que el miércoles 6 y (eventualmente) el jueves 7 se votaría en particular.

Esto, luego de tres intensas sesiones en las que la instancia escuchó a más de diez expertos en la materia, oportunidad en la que el principal foco de críticas fue la redacción de la norma general antielusión.

De hecho, la mitad de los expositores mostraron aprensiones sobre el artículo que comenzó a regir el 30 de septiembre pasado, y que establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá recalificar como elusivas operaciones iniciadas con posterioridad a la fecha, pero que -a su vez- podrá revisar actos antes de la fecha si en algún momento durante la vigencia de la cláusula son sujetos de modificaciones.

En esta línea, cinco de los seis expertos que expusieron sobre la materia en las sesiones del 15, 16 y 21 de diciembre, advirtieron que la norma es “retroactiva” y que requiere nuevas aclaraciones.

En la primera sesión, la abogada Carolina Fuensalida afirmó que la redacción genera riesgos de “interpretaciones contrarias” al sistema jurídico, falta de certeza jurídica y retroactividad que se consagra por Ley.

En la misma oportunidad expuso el único experto que defendió la norma, el ex asesor de Hacienda y académico de la UAI, Francisco Saffie: “La norma antielusión entrega más certezas, ya que queda claro que los actos previos al 30 de septiembre no se pueden recalificar”.

En la sesión del 16 el tema emergió con más fuerza, con las presentaciones de la asesora de la Asociación de Bancos, Soledad Recabarren, del socio de Tax & Legal de KPMG, Francisco Lyon, y del presidente del Instituto de Derecho Tributario, Rodrigo Benítez.

La primera advirtió que es “difícil pensar” que la retroactividad no se mantiene en el texto. Lyon, a su vez, planteó que debe darse un debate respecto a si el país quiere una norma antielusión “o realmente queremos una norma que inhiba a los contribuyentes a optar por un camino más ventajoso tributariamente”. Benítez, a su turno, recalcó que en la normativa “se mantiene la falta de claridad y la opacidad en su aplicación”.

Mientras que el 21 de diciembre, el ex director del SII, Ricardo Escobar, calificó la redacción como “confusa” y afirmó que es “extraño” que los contratos de tracto sucesivo -como los de arrendamiento- sólo puedan revisarse hasta 2018.

Ante este escenario, Hacienda ya está explorando aclaraciones a la materia. De hecho, en Teatinos 120 se encuentran en un proceso de análisis de las exposiciones en la Cámara para recoger ideas, asumiendo que “de todas maneras” se ingresarán indicaciones en este punto “y otros”, aunque señalan que “no está tomada aún la decisión” sobre en qué sentido apuntarán los cambios.

En particular, en el ministerio están a la espera de una eventual nueva ronda de presentaciones de expertos el lunes en la comisión.

“El subsecretario Micco nos ha manifestado que harán algún tipo de aclaración en este tema y nuestra idea es que se presenten en la Cámara para que los cambios en el Senado sean mínimos”, dijo el diputado de la comisión Pablo Lorenzini (DC).

“Entiendo que el gobierno realizará una aclaración sobre la vigencia de la norma, pero sería un tema netamente de redacción”, señala el diputado miembro de la instancia Sergio Aguiló (IC).

¿Despacho en marzo? Escenario más probable

El diputado Lorenzini advirtió que recién los días 11, 12 y 13 de enero la Sala de la Cámara votaría la reforma, posiblemente con indicaciones del Ejecutivo y de parlamentarios, lo que llevaría a que el día 20 el texto pasaría al Senado, haciendo “muy difícil” que se despache antes del 31 de enero, como espera el Ejecutivo.

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