Ayer finalmente la comisión de Constitución del Senado terminó por aprobar en particular el proyecto que busca modernizar la institucionalidad del Sernac, el cual ya lleva más de tres años de discusión en el Congreso. Así, los artículos relativos a la facultad normativa -uno de los principales nudos de la iniciativa- fueron ratificados, aunque con el rechazo de la oposición.

De hecho, el senador Hernán Larraín (UDI), presentó una reserva de constitucionalidad a los incisos relacionados con la facultad normativa, lo que da pie a que pueda levantar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Para el parlamentario, el proyecto sigue entregando “atribuciones extremas” al director del servicio, más aún luego de que la figura del consejo normativo fuera eliminada con la última propuesta del Ejecutivo.

“El director no solo tiene facultades de interpretación de las normas, sino también tiene facultades para dictar normas de carácter general en materias que a mi juicio son claramente de ley”, dijo.

El presidente de la comisión, senador Felipe Harboe (PPD), le restó dramatismo a esa posibilidad, indicando que ir al TC es algo “a lo que la derecha siempre acude cuando pierde una votación”.

A su juicio, un pronunciamiento como ese carece de fundamentos ya que la facultad normativa quedó bastante acotada luego de los cambios introducidos, especialmente la solicitud de un informe al regulador sectorial a la hora de dictar normas.

“La facultad normativa no es una facultad legal y trata más bien de dictar circulares tal como hoy lo hace la Superintendencia de Bancos, de Pensiones, de Educación y otras instituciones como Impuestos Internos o Aduanas”, indicó el senador PPD, remarcando que el texto quedó con un “justo equilibrio” entre la defensa de los derechos de los consumidores y dar certeza al mercado.

Quien sacó las cuentas más alegres fue el gobierno. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, declaró que “para nosotros como Ejecutivo, lo fundamental es generar institucionalidad balanceada y creemos que con el trabajo de la comisión se ha logrado mover la institucionalidad en esa dirección”.

Rechazo de los privados

En el mundo empresarial, en cambio, hubo un rechazo transversal a la aprobación de la facultad normativa, asegurando que pese a las indicaciones se mantiene la figura de juez y parte que tendrá el director nacional.

El presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Moreno, señaló que si el texto termina aprobándose tal como está, “dedicará importantes esfuerzos a la tarea regulatoria, suplantando el rol que le corresponde a otra instituciones del Estado, eliminando el imprescindible equilibrio que requiere el ejercicio de la justicia”.

“Lamentamos que la comisión de Constitución no corrigiera los graves defectos que tiene el proyecto y mantenga en una autoridad unipersonal un excesivo número de facultades incompatibles entre sí y sin contrapeso alguno”, dijo el vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, Claudio Ortiz. Y agregó que pese al avance el proyecto, “aún no logra la legitimidad necesaria para ser aprobado como una buena ley en defensa de los consumidores”.

Una visión similar entregó Sofofa a través de su vicepresidente Gonzalo Said, para quien un Sernac que defienda los intereses de los consumisores de manera eficaz es “fundamental” para una sociedad moderna, pero “entregar facultades para dictar normas a quien a la vez debe aplicarlas, va en el sentido contrario y, además, conspira contra la certeza y predictibilidad, características fundamentales de toda regulación”.

Antes de pasar a Sala, Constitución hará su revisión final el miércoles y luego se discutirá en la comisión de Hacienda, lo que el gobierno espera que no tome más de dos sesiones.