Dipres formaliza ajuste de recaudación de boleta electrónica y la baja a US$ 970 millones

En el recuerdo ha quedado que al inicio del debate de la reforma tributaria, la principal fuente de recaudación que consideraba el Ministerio de Hacienda para compensar el impacto de la integración del sistema (US$ 833 millones) era la implementación obligatoria de la boleta electrónica.

Acorde a las estimaciones iniciales de la cartera, serían US$ 1.181 millones los recursos que por año ingresarían a arcas públicas a través de este mecanismo, lo que generó controversia y el cuestionamiento tanto de los parlamentarios opositores de la comisión de Hacienda como de sus equipos técnicos.

En el marco del ingreso de un nuevo paquete de indicaciones a la reforma, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ajustó ayer la estimación de la recaudación de la boleta electrónica, reduciéndola a US$ 970 millones por año.

Del total, más de US$ 500 millones provienen de recaudación por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), siendo las pequeñas y medianas empresas las principales fuentes, mientras que por impuesto a la renta ingresarán más de US$ 460 millones, de los cuales la mayoría serán aportados por las grandes compañías (ver tabla). Según la Dipres, dicha medida comenzará a generar recursos para el Fisco a partir del próximo año.

Para estimar el impacto que tendrá la boleta electrónica obligatoria en la mejora del cumplimiento tributario, se toma como punto de referencia el impacto que tuvo en la reducción de la evasión el uso de los vouchers de Transbank como boletas en algunos comercios. Acorde a estimaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), aquello logró incrementar la declaración de ventas para micro y pequeñas empresas en 9,9% y 12,1%, respectivamente.

Gasto para la renta y NGA

En las “precisiones” al informe financiero original de la reforma tributaria, presentado el 23 de agosto del año pasado, la Dipres aseguró que no es posible cuantificar el impacto fiscal que tendrán los ajustes a la Norma General Antielusión (NGA), ya que “no se cuenta con información preliminar para estimar un efecto distinto al neutro en recaudación”.

También se abordaron los cambios que propone la reforma a las categorías de gastos necesarios para producir la renta, ampliándolos a aquellos desembolsos considerados como de giro del contribuyente o “ineludibles” para el desarrollo de sus actividades.

Sobre la base de análisis de casos que realizó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en dos de sus principales direcciones regionales, se estimó un costo fiscal de US$ 39 millones.