El Gobierno ingresó ayer nuevas indicaciones al proyecto de reforma tributaria, relacionadas con un tema sensible para los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Tesorería General de la República (TGR).

En el artículo 206 de la propuesta original del Ejecutivo se establecía una multa para los funcionarios de ambas entidades que infringieran el deber de reserva de la información tributaria que conozcan durante el ejercicio de su cargo, prohibición que se mantendría incluso al abandonar dichos organismos.

La iniciativa legal planteaba que si los funcionarios violaban la obligación de reserva, estarían sujetos a una sanción equivalente al 300% de lo que hubiesen recibido a cambio de ejecutar dicha acción. También se señalaba que serían “responsables de todo daño que la vulneración de la reserva provocare a terceros”.

El Ejecutivo realizó cambios que reducen dicha penalidad, desde el 300% al 100% de “cualquier pago, recompensa o promesa” recibida a cambio del ilícito. Cabe consignar que dichas sanciones hoy no existen en la ley tributaria.

La cartera además eliminó del artículo la referencia a la responsabilidad “de todo daño” causado de parte de los trabajadores.

El cambio también establece que la sanción y la multa serán aplicables “una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero”.

Polémica sesión

Las indicaciones fueron ingresadas por Hacienda al alero de una nueva sesión de la comisión del ramo de la Cámara de Diputados que analiza la reforma tributaria.

En la instancia, se continuó el debate sobre el primer artículo del proyecto, relativo a materias como los ajustes a la Norma General Antielusión y las nuevas potestades de fiscalización del SII.

Este último tema fue objeto de polémica durante el desarrollo de la instancia, ya que la oposición presentó indicaciones que aumentaban los agravantes para sancionar delitos tributarios y modifican las facultades de tasación del servicio.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, secundado por el coordinador de Política Tributaria de la cartera, Manuel Alcalde, aseguró que dichas propuestas serían “inadmisibles e inconstitucionales”, ya que abordarían modificaciones a las atribuciones de la autoridad tributaria, lo que la Constitución establece que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Incluso, Larraín presentó un oficio con la opinión del director del SII, Fernando Barraza, en el que aseguraba la inconveniencia de dichos cambios, ya que -dijo- debilitarían las potestades fiscalizadoras del servicio.

La interpretación generó un duro cruce entre Larraín y el independiente Pepe Auth, quien señaló que lo que importa es la opinión del Ejecutivo, y “no la de un jefe de servicio, que no puede interpretar si las indicaciones son admisibles o no”.