Hacienda recurre a terrenos forestales, seguros y market maker para salvar reforma tributaria

El gobierno se la jugó con todo ayer. Pasadas las tres de la tarde, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto con su par de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, arribaron a la comisión de Hacienda de la Cámara para entregarle un documento de 16 páginas a los parlamentarios opositores con nuevas compensaciones para el costo de la integración del sistema tributario. Esto, con miras a destrabar la votación de la idea de legislar de la reforma, prevista para mañana en Valparaíso.

En este marco, el Ejecutivo aterrizó las propuestas realizadas el 18 de marzo, partiendo por el aporte del 1% de los proyectos de inversión a las regiones en las que se desarrollan las iniciativas. Así, precisó que el mecanismo incluirá una forma de redistribución interregional de los recursos para evitar la concentración en las zonas de mayores recursos, estableciendo que un tercio de los recursos irán al municipio donde se realiza el proyecto, un tercio a la región y otro tercio a un fondo común.

Asimismo, Hacienda adelantó la fecha máxima de envío al Congreso de un proyecto de ley de rentas regionales y de nuevos mecanismos de financiamiento para los gobiernos regionales, pasando de una fecha tope del 30 de noviembre al 30 de octubre, o 30 días después del despacho a ley de la reforma tributaria.

El ministerio profundizó también en la restricción del uso de la figura del market maker, mecanismo que ayuda a aumentar la liquidez de una acción para que así pueda acceder al beneficio de exención del impuesto a las ganancias de capital para acciones con presencia bursátil. Para que opere esa ventaja, se exigirá una vigencia de al menos un año antes de la transacción.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que en algunos casos se “va en contra del espíritu de la norma” y puede considerarse como “elusiva”.

Seguros y adultos mayores

Otro de los puntos con los que sorprendió Hacienda fue que se establecerá, vía legal, que los retiros o rescates efectuados desde un seguro de vida con ahorro serán gravados con impuesto a la renta. Dicha materia tiene enfrentado al Servicio de Impuestos Internos (SII) con las aseguradoras, las cuales han llevado al servicio a la justicia debido a la retención del 25% de la rentabilidad solicitada en el marco de la Operación Renta de este año.

En materia de bienes raíces, los ajustes apuntan en dos sentidos: por una parte, se eliminará la exención de contribuciones para terrenos forestales -excepto bosque nativo-, lo que se traducirá en beneficios “directos” para los municipios. Larraín anticipó que la mayoría se ubican en la región del Biobío.

El otro cambio apunta a reducir las contribuciones de bienes raíces para los adultos mayores más vulnerables.

Nueva Norma Antielusiva

En materia de fiscalización, la cartera anunció medidas en favor del SII, con recursos para fortalecer su fiscalización, seguridad, protección de datos de los contribuyentes, big data y almacenamiento de información de contribuyentes, entre otras materias.

Pero donde se generó mayor sorpresa fue respecto a la Norma General Antielusión, uno de los temas que la oposición se ha negado sistemáticamente a modificar. Hacienda se abrió a “ajustar” la redacción y “aclarar” aspectos que puedan “prestarse” para una interpretación “errónea y no deseada”, asegurando la “predictibilidad” de la ley y dando “mayor certeza jurídica al contribuyente”.

De hecho, Larraín anunció la incorporación de una nueva norma especial antielusiva. ¿El objetivo? Fiscalizar los retiros desproporcionados de utilidades en relación a la participación de los beneficiarios en la sociedad. Así, se buscará que sean informados y fundados, ya que en caso contrario se sancionarán como gasto rechazado.

Larraín dijo que dicho cambio apunta a evitar que se generen retiros de utilidades que, por ejemplo, vayan a parar a menores de edad o beneficiarios con escasa o nula participación en la estructura societaria.

Según la información proporcionada por Larraín, los cambios generarán un impacto positivo de US$ 471 millones en la recaudación.

Llamó la atención que el gobierno no incorporó en el paquete de compensaciones dos anuncios: gravar con IVA de 19% los servicios digitales y ampliar el gravamen al CO2. Según afirmó Larraín, dichos temas se discutirán en el análisis en particular del proyecto, abriéndose a la posibilidad de modificar las citadas propuestas.

El ministro de Hacienda hizo un sentido llamado a la oposición a aprobar la idea de legislar mañana y comprometió la posibilidad de realizar nuevas propuestas en el debate: “Lo importante es que sigamos avanzando y se apruebe la idea de legislar para simplificar el sistema”. Sin embargo, los parlamentarios opositores manifestaron sus dudas respecto a la aprobación del proyecto.