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Justicia condena a empresario gastronómico con multa de más de $ 900 millones por delitos tributarios
El SII presentó una querella en enero de 2018 por operaciones irregulares detectadas en 10 restaurantes de propiedad de César Valerio Vega, 9 en la Capital y uno en La Serena.
Por: Sebastián Valdenegro | Publicado: Jueves 10 de octubre de 2019 a las 15:08 hrs.
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En un juicio abreviado verificado ayer, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó al conocido chef y empresario gastronómico peruano, César Valerio Vega, a la pena de 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, y al pago de multas por un monto superior a los $917 millones.
Esto, según informó el Servicio de Impuestos Internos (SII) debido a ser autor de delitos tributarios contemplados en el Artículo 97 N°4, incisos primero y segundo, del Código Tributario, vinculados con la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas y la incorporación de facturas falsas en su contabilidad, maniobras que realizó a través de 10 de sus restaurantes, según una querella presentada el 4 de enero del 2018 por el SII.
En la audiencia, y previa aceptación por parte del imputado de los hechos contenidos en la acusación, la magistrada Michelle Ibacache aprobó el procedimiento abreviado propuesto por el Ministerio Público, y concedió a Valerio el beneficio de la libertad vigilada intensiva, ponderando su irreprochable conducta anterior y la colaboración prestada con la investigación.
Respecto a las multas impuestas al empresario gastronómico, deberán ser canceladas en 12 cuotas. Entre los restaurantes de su propiedad vinculados al fraude están el Lima Limón, Machu Picchu, Entre Piscos, Brisas del Mar, Pacha Mama, Perú Mágico, El Huarique y Los Tres Continentes.
"La sentencia dictada por el tribunal, refrenda el carácter altamente técnico de las actuaciones del servicio en materia penal, al dar por establecidos todos y cada uno de los hechos contenidos en los informes de recopilación de antecedentes que fundaron la querella", aseguró el servicio liderado por Fernando Barraza.
De esta forma, se cierra el proceso de fiscalización que estableció una evasión de IVA y renta efectuada por medio de la incorporación de más de un millar de documentos tributarios falsos, proporcionados por empresas vinculadas al propio condenado, explicó el servicio.
