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Ortiz califica de “vago y lleno de generalidades” el protocolo tributario

Legislador dice que la negociación debe radicarse en el Congreso y que “nadie puede arrogarse investidura” para pautear a los parlamentarios con plazos para despachar el proyecto.

Por: S. Valdenegro y P. Cuevas | Publicado: Miércoles 26 de junio de 2019 a las 04:00 hrs.
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Foto: Agencia Uno
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Finalmente, rompió el silencio. En medio del verdadero enredo que se ha transformado el protocolo de acuerdo firmado el domingo entre la Democracia Cristiana (DC) y el gobierno para destrabar la reforma tributaria, uno de los representantes de la falange en la comisión de Hacienda -y voto clave para el gobierno-, José Miguel Ortiz, entregó sus argumentos para no firmar el polémico documento.

En una minuta de cuatro páginas, elaborada por su equipo técnico, el parlamentario por el Biobío fue tajante y señaló de partida que el protocolo “es vago y lleno de generalidades”, calificando como “urgente” que el Ejecutivo presente las indicaciones al proyecto y un informe financiero “para evaluarlo”.

Ortiz recordó que hace dos meses dio su voto favorable para aprobar la idea de legislar del proyecto porque se comprometieron “más recursos” para las regiones, un “menor pago” de contribuciones para los adultos mayores y se “perfeccionaría” el régimen 14 ter para las PYME, pero que “no estaba disponible para rebajar impuestos a las grandes empresas ni para debilitar las facultades fiscalizadoras del SII, lo que seguiré reafirmando”.

El diputado señaló que no firmaría “ningún protocolo” hasta que el Ministerio de Hacienda presente las indicaciones y el informe financiero de la iniciativa.

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Ambigüedad en régimen PYME

El diputado Ortiz calificó como “llamativo” que el protocolo establezca que se buscarán mecanismos para otorgar a las PYME un régimen simplificado, asegurando que “desde un principio” han solicitado aquello como oposición.

“Lo que corresponde es perfeccionar el actual 14 ter, evitando así los costos de transacción asociados a la creación de nuevos sistemas”, añadió.

También arremetió en contra del aumento desde 50 mil UF a 75 mil UF del tope de ventas para acogerse al régimen simplificado. Pero no porque rechace la medida, sino porque “no hay una sola línea en el protocolo sobre la estimación fiscal de los menores ingresos proyectados” por esta medida.

Respecto a los US$ 400 millones en compensaciones netas por año que comprometió Hacienda para suplir el costo fiscal de la integración del sistema impositivo, Ortiz criticó que el listado no incluye detalle de cómo se recaudarán dichos montos.

“Es francamente increíble que el gobierno declare querer avanzar con celeridad en la tramitación de la reforma tributaria, pero a la fecha sea incapaz de fijar el contenido de las indicaciones”, advirtió el parlamentario.

Otro punto en el que Ortiz arremete es respecto a la tributación de los seguros de vida con ahorro, medida que se propuso en marzo “pero que hoy se omite”.

Visión sobre regiones

El legislador por la Octava Región no se muestra conforme con la idea de Hacienda de establecer un aporte del 1% de los proyectos de inversión sobre US$ 10 millones en favor de las regiones donde se ejecutan, criticando que la redacción del documento -en su visión- limite la tributación a aquellos que “generen externalidades negativas”.

“Esto puede ser leído como un acotamiento del número de proyectos de inversión afectados por este impuesto, sin que se conozca el real alcance de lo que se está realmente proponiendo”, aseguró.

Junto con valorar que se cree un fondo de compensación interregional (1/3 en favor de la región, otro tercio en el municipio y el tercio restante en compensación a regiones de menores recursos, Ortiz aseguró que acotar las iniciativas gravadas a las que generen externalidades negativas “no es ninguna solución al tema regional”.

Tiempos legislativos

En el documento, el legislador de la falange arremetió contra el compromiso de la directiva DC y del gobierno en despachar a lo más en 30 días el proyecto hacia el Senado, asegurando que dicha materia es competencia “propia de la comisión de Hacienda”.

“La sede de esta definición es la comisión de Hacienda y sus miembros y nadie puede arrogarse investidura para fijarle plazos para despachar un proyecto de ley largo y complejo –que lleva ya 10 meses de tramitación- y donde aún el Gobierno no presenta estas nuevas indicaciones ni un adecuado informe financiero que lo respalde”, concluye.

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